“El intento de establecer la supremacía de los derechos humanos sobre la lógica empresarial no está contemplado en todo el texto del ‘Borrador 1’”, alertó la especialista brasileña Manoela Roland, sobre el nuevo documento publicado por la presidencia ecuatoriana del proceso de negociaciones de Naciones Unidas (ONU) de un Tratado legalmente vinculante sobre transnacionales y derechos humanos.

“Además, se amplía el alcance del futuro Tratado, determinando ahora la posibilidad de responsabilizar a todas las empresas, no sólo a las transnacionales”, dijo. “Esta es la amenaza técnica puntual más grave a todo el proceso, porque incumple el mandato de la resolución 26/9 del Consejo, que dio lugar a estas negociaciones oficiales. Esta decisión atiende los intereses de la Unión Europea (UE) y de actores como la Asociación Internacional de Empleadores. Es una muy mala señal”, explicó Roland en diálogo con Radio Mundo Real. Así, no se atiende el vacío legal existente en el derecho internacional de los derechos humanos sobre las violaciones cometidas por empresas con actividad transnacional.

En una línea similar a Roland se manifestó este jueves la federación ecologista Amigos de la Tierra Internacional (ATI), y el martes lo había hecho la Campaña Global para Desmantelar el Poder Corporativo y Poner Fin a la Impunidad. Esa campaña integra a decenas de movimientos y organizaciones sociales de todos los continentes que presionan por el Tratado.

Roland es abogada y profesora de Derecho Internacional y de Derechos Humanos de la Universidad Federal de Juiz de Fora, en Río de Janeiro, Brasil. Es también investigadora sobre Derechos Humanos y Empresas, y coordina el Centro de Derechos Humanos y Empresas (HOMA), que es parte de la Campaña Global.

El proceso de negociaciones de un Tratado Vinculante sobre transnacionales y derechos humanos, que busca crear ese instrumento para obligar a las empresas a respetar esos derechos y llevarlas ante la justicia cuando no lo hagan, nació en cierta forma en 2014, cuando en el marco del Consejo de Derechos Humanos de ONU, en Ginebra (Suiza), se aprobó la Resolución 26/9. A partir de ahí hubo cuatro sesiones de negociaciones del Grupo de Trabajo Intergubernamental del Consejo creado para ese objetivo. Ese Grupo está presidido por Ecuador, que fue uno de los promotores del nuevo instrumento buscado.

En 2017 se presentó el primer documento base de las negociaciones, conocido como “Documento de Elementos”. Con el avance de las tratativas internacionales, en 2018 Ecuador presentó el llamado “Borrador Cero”, y ahora, el 16 de julio, presentó el “Borrador 1”, llamado también “Draft 1” por su nombre en inglés o “Borrador revisado”.

Un documento débil

En la charla con Radio Mundo Real, Roland reconoció el contexto político difícil de las negociaciones, que siempre han tenido a la UE intentando bloquearlas. En esa línea de razonamiento, la especialista interpretó que Ecuador quiso atender la demanda de la UE de quitar el foco del Tratado en las empresas transnacionales, para asegurar, tal vez, continuidad al proceso de negociaciones. “Se puede entender que fuera casi la única salida de Ecuador”, dijo.

Sin embargo, alertó que esa decisión de que el Tratado se refiera a todas las empresas en realidad “amenaza la continuidad del proceso, porque hay varios análisis que reconocen que si ponemos a todas las empresas esto va a dificultar la continuidad”. “Será un trabajo mucho más complejo, que puede dar lugar a muchos otros lobbies nacionales, que hasta pueden tornar el Tratado irrealizable”, explicó.

Roland se quejó de que “hay una rebaja continua” en la ambición del Tratado, si uno mira el proceso de los tres borradores de 2017, 2018 y 2019. “En el Documento de Elementos había una perspectiva clara de la supremacía de los derechos humanos, especialmente sobre acuerdos comerciales y tratados de inversiones. En el Borrador Cero hubo un artículo 13 polémico, que hablaba de una supremacía dentro de una lógica posible, que los tratados de inversiones y comerciales debían amenazar lo mínimo posible los derechos humanos. Ya había una rebaja, pero por lo menos se mencionaba la supremacía de los derechos humanos. Pero ahora en el Draft 1 ya no está más”.

La no supremacía de los derechos humanos y el cambio en el alcance del Tratado para ahora enfocarse en todas las empresas y no solo en las transnacionales, son sin dudas los puntos que más preocupan a Roland. Sin embargo, la especialista menciona varios aspectos más que hacen que el Draft 1 sea muy débil, según su opinión.

“Otro punto es que no hay previsiones y obligaciones directas para las empresas transnacionales”, uno de los aspectos propuestos por los movimientos sociales en el marco de la Campaña Global.

Roland subrayó que los movimientos sociales, los grupos académicos, los movimientos que representan a las víctimas de violaciones de derechos humanos y la sociedad civil en su conjunto, han brindado numerosísimas contribuciones al proceso de negociaciones. Pero ese “proceso de construcción conjunta no se ve contemplado en este Draft 1”, consideró. “Esto deja dudas sobre la continuidad transparente y democrática del proceso”, fustigó enseguida.

La abogada añadió que “hay elementos que faltan y que ya habían sido planteados en varias contribuciones de la sociedad civil”, entre los que mencionó a una corte internacional de justicia para juzgar a transnacionales y los mecanismos de monitoreo de cumplimiento o no del Tratado.

Para Roland, es necesario que la sociedad civil esté integrada al trabajo de monitoreo, porque “las empresas no pueden hacer su propio monitoreo y los Estados no tienen esa capacidad”. Esa participación en el monitoreo de cumplimento del Tratado estaba en el Documento de Elementos, dijo Roland, y un poco menos en el Draft Cero, pero casi no está presente en el Draft 1. Ese desconocimiento de los actores sociales “es muy simbólico”, evaluó, porque se vive un momento a nivel internacional de criminalización de los movimientos sociales. “Hay que decir que históricamente la sociedad civil jugó un papel fundamental en materia de derechos humanos, para el avance de las normativas. Y en este proceso esa participación ha sido esencial”. “Sin embargo, el Draft 1 desconoce la importancia de los movimientos sociales en procesos que ocurren en sus territorios”, se lamentó Roland.

Otro aspecto negativo del documento lanzado ahora por Ecuador, según la experta, es que se enfoca en los Estados. “Esta lógica, que no es de derechos humanos, se estableció históricamente porque los Estados realmente tienen el poder de violar. Pero hoy en día las empresas transnacionales actúan de manera más contundente también violando derechos humanos, muchas veces con más poder que los Estados”, dijo. “Estamos reproduciendo una lógica clásica que no atiende la necesidad de responsabilizar más efectivamente a las empresas, que es el mandato de la resolución 26/9”, se quejó Roland. Agregó que los “Estados son también débiles, atraen a las empresas transnacionales, con un ambiente favorable a las inversiones internacionales y con una disminución de estándares con relación a los derechos humanos”. Explicó, además, que esos Estados son muchas veces capturados por las transnacionales, cumplen con las condiciones que ellas les imponen y establecen así un ambiente favorable a la violación de derechos humanos.

Roland manifestó que en las negociaciones del Tratado no hay mecanismos claros para evitar la captura corporativa, que no se establecen formas para garantizar que las víctimas sean empoderadas en el proceso de acceso a la justicia y que la responsabilidad criminal de las empresas está muy débil en el borrador presentado por Ecuador. “Sólamente está lo relativo a las ‘gross violations’, que son las acciones más graves relativas al derecho humanitario, pero no se contemplan las violaciones más comunes, que son relativas a derechos económicos, sociales y culturales, las que las empresas más cometen”.

La lucha por justicia continúa

Radio Mundo Real preguntó a la coordinadora de HOMA si hay aspectos positivos en el nuevo borrador. Dijo que lo positivo es que haya un borrador en un contexto global de avance del conservadurismo y persecución a los movimientos sociales, y que hay tres meses para que la sociedad civil, además de los Estados y otros actores, haga señalamientos al nuevo documento. Eso debe ser antes de la nueva ronda de negociaciones oficiales, que va del 14 al 18 de octubre en Ginebra. Roland reconoció también que hay un intento de Ecuador de garantizar el derecho de las víctimas y el acceso a justicia.

La experta en Derecho Internacional, Derechos Humanos y Empresas, dijo que en la Campaña Global para Desmantelar el Poder Corporativo esperan que los gobiernos participen constructivamente en la nueva ronda de negociaciones. Enfatizó que la UE, ahora que se aceptó su planteo de incluir a todas las empresas y no solo a las transnacionales, y los países de ese bloque, deberían involucrarse activamente. Desde las organizaciones sociales se presionará a los gobiernos para que atiendan y corrijan todos los aspectos negativos del Draft 1.