Un juez de Florida, Estados Unidos, determinó la responsabilidad de la transnacional bananera Chiquita Brands International en los asesinatos de ocho personas, cometidos por paramilitares de las derechistas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en las regiones del Urabá antioqueño y Magdalena Medio, en el período que va de 1997 a 2004.

La justicia de los Estados Unidos, país del quees originaria Chiquita Brands, decidió que la empresa debe pagar una indemnización de 38,3 millones de dólares a los familiares de las víctimas.

Chiquita Brands, antes United Fruit Company, con un historial vastísimo de incidencia e intromisión criminal en América Latina, había admitido en 2007 haber financiado a las AUC con 1,7 millones de dólares. La justicia estadounidense le impuso entonces una multa de 25 millones de dólares

Radio Mundo Real entrevistó al abogado Alirio Uribe Muñoz, defensor de derechos humanos, integrante de la Cámara de Representantes de Colombia por el Polo Democrático Alternativo y el Pacto Histórico.

Según las investigaciones de la Comisión de la Verdad de Colombia, que trabajó para el esclarecimiento de los acontecimientos del conflicto armado en el país, los pagos de Chiquita Brands a las AUC eran revisados y aprobados por altos ejecutivos de la empresa. Incluso el Colectivo José Alvear Restrepo (CAJAR), una de las organizaciones que llevó el caso de Chiquita en Colombia a la Corte Penal Internacional, identificó con nombre y apellido a esos ejecutivos y pidió que se extraditaran para ser juzgados en Colombia. Alirio Uribe fue parte de CAJAR.

«Decíamos la verdad»

En la charla con Radio Mundo Real, el abogado valoró como importante la sentencia contra Chiquita en Estados Unidos, porque muestra que las víctimas y abogados “decíamos la verdad”, que “esta multinacional bananera había apoyado a los grupos paramilitares”, y que no había sido solo un apoyo financiero, “sino también un respaldo político empresarial”. “Se tenía conocimiento que desde los puertos de la Chiquita Brands habían ingresado fusiles, pistolas, armas, municiones para estos grupos”, explicó.

Uribe aclaró que si bien la decisión del juez estadounidense es importante, “la justicia sigue siendo limitada, porque son nueve familias víctimas, pero podrían ser cientos o miles; yo creo que sí son miles de personas que fueron víctimas precisamente por ese apoyo económico y armas que entregaron a ese grupo paramilitar que generó tanto terror”. En Colombia las AUC causaron “masacres de ciudadanos/as, asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados de personas con despojos de tierras, hechos de violencia sexual contra mujeres”, entre otras atrocidades.

El defensor de derechos humanos reivindicó la necesidad de que se extraditen a Colombia los ejecutivos de Chiquita Brands “que en sus salones en la sede de la empresa en Cincinatti, firmaban las actas donde quedaba la constancia de los pagos por seguridad, supuestamente, a esos grupos paramilitares”.

Según nos informó Uribe, por ejemplo, otras familias de víctimas de las AUC podrían concurrir frente al mismo juez en Florida y en virtud de la misma sentencia, con pruebas de que sus familiares fueron víctimas, pedir una reparación económica en los mismos términos fijados en este caso. Además, hay una querella contra Chiquita en la Corte Penal Internacional y en Estados Unidos hay otras en curso, nos contó Uribe. En Colombia, en tanto, se ha procesado a autores materiales de los crímenes, o sea paramilitares, y hay mandos empresariales aún no juzgados pero sí vinculados a procesos judiciales en marcha.

“Materializar los componentes del Tratado Vinculante en la legislación interna”

Este año se cumplen diez años del proceso de negociaciones en Naciones Unidas (ONU) de un Tratado Vinculante internacional que permita judicializar a las empresas transnacionales que violan derechos humanos. El caso de Chiquita Brands es solo un recordatorio más de la urgencia de un instrumento de este tipo. Es que los sistemas judiciales nacionales, especialmente del Sur global, a veces de países con menor poderío económico que las grandes transnacionales, encuentran muchas trabas para hacer responder a las empresas por sus violaciones de derechos humanos.

El 7 de junio el parlamentario Alirio Uribe, Representante a la Cámara, convocó a una audiencia pública en el Congreso colombiano, en la capital Bogotá, con el título “Marcos regulatorios en derechos humanos para las empresas trasnacionales, del Tratado Vinculante en la ONU a una ley nacional sobre derechos humanos y empresas”. Lo acompañó en la conducción de la audiencia la diputada uruguaya Lilián Galán, del izquierdista Frente Amplio. Uribe y Galán son integrantes de la Red Interparlamentaria por un Tratado Vinculante.

Uribe resaltó a Radio Mundo Real la necesidad del Tratado para que las transnacionales que violan derechos humanos no queden impunes, y habló de un proyecto nacional que él impulsa en el Congreso colombiano sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

En tanto, paralelamente, decenas de organizaciones colombianas, entre ellas Siembra, el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), el CAJAR, CENSAT Agua Viva – Amigos de la Tierra Colombia y Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC), impulsan una campaña nacional contra la impunidad, que han denominado “El Proyecto del siglo: enfrentando 100 años de impunidad transnacional”.

La campaña tiene dos componentes, uno de movilización social y pedagogía, y otro que es el proyecto de ley nacional sobre empresas transnacionales y derechos humanos, que se está construyendo de manera participativa y será presentado en la legislatura de 2025. La idea es que “materialice los componentes del Tratado en la legislación interna, como se ha venido tratando de hacer en Brasil, Argentina y otros países”, evaluó Uribe.

El 6 de junio las organizaciones colombianas involucradas en esa campaña contra la impunidad realizaron un encuentro nacional en Bogotá para impulsar justamente el trabajo que llevan adelante.

Uribe manifestó a Radio Mundo Real que espera que “la campaña también dinamice la búsqueda de verdad, de justicia, de reparación, de garantías de no repetición, que es lo que han siempre expuesto, argumentado y defendido las víctimas” del conflicto armado en este país.

“Una política pública para garantizar el respeto de los derechos humanos”

El congresista contó también que varios ministerios del país trabajan conjuntamente, y de forma interinstitucional, para tener una política pública de defensa de los derechos humanos cuando empresas, sean nacionales o extranjeras, operen en Colombia.

En ese sentido, Uribe recordó que la Comisión de la Verdad denunció la participación de varias transnacionales en el conflicto armado interno del país, como Coca Cola, Nestlé, las integrantes del consorcio a cargo del proyecto minero El Cerrejón (BHP Billiton, Anglo American y Glencore), y otras nacionales muy importantes como Ecopetrol y Postobon.