El 16 de junio un juez del Juzgado Promiscuo Municipal de Jericó, municipio del departamento de Antioquia, dejó en libertad a once campesinos de la región que enfrentan un proceso judicial por oponerse a un proyecto minero de la transnacional AngloGold Ashanti en la zona.

La decisión permite que los campesinos sigan el proceso en libertad, en contraposición al pedido de la Fiscalía que solicitaba prisión domiciliaria, y les imputó los delitos de secuestro simple, hurto calificado, daño en bien ajeno y lesiones personales, luego de una demanda de Minera Quebradona, filial de AngloGold Ashanti.

Los supuestos delitos ocurrieron en 2022 y 2023, cuando habitantes de la región y ambientalistas protestaron contra el proyecto minero (de cobre, oro, plata y platino), porque les quita el agua y la vocación agrícola de la zona.

Los campesinos judicializados, en una comparecencia rápida el lunes ante medios de comunicación, y representantes de organizaciones y movimientos sociales que los acompañaron en la jornada, agradecieron todo el apoyo que han recibido en Colombia y a nivel internacional. Rodolfo Tobón y José Gabriel Suárez fueron los encargados de hablar a nombre propio y de sus compañeros.

Amigos de la Tierra Internacional, por ejemplo, había hecho un llamado a sus 70 grupos miembro nacionales, a través de su Sistema de Solidaridad Internacionalista, para que hicieran saber al Poder Judicial colombiano que la comunidad internacional estaba atenta al caso, y le demandaran atención a las demandas legítimas de las comunidades de Jericó en resistencia a la minería.

La resolución judicial “nos motiva y nos ayuda a seguir luchando, defendiendo el medio ambiente, cuidando el agua, en esta lucha que llevamos hace muchos años, y que como caficultores y agricultores de toda la vida en nuestra región nos impulsa a seguir cuidando nuestro territorio”, dijo Gustavo Arboleda, uno de los campesinos judicializados, entrevistado para Radio Mundo Real por CENSAT Agua Viva – Amigos de la Tierra Colombia.

En 2021 la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) de Colombia archivó el estudio de impacto ambiental de AngloGold Ashanti por falta de rigor técnico, pero la transnacional continúa presionando.

Según CENSAT Agua Viva, AngloGold Ashanti ha desplegado una estrategia de inserción territorial caracterizada por el silenciamiento de las comunidades, la intimidación de los liderazgos sociales, la fragmentación social y la presunta captura de decisiones públicas. La organización ambientalista colombiana agrega que en los últimos dos años se han evidenciado mecanismos de presión, criminalización y estigmatización de la protesta social, y asedio judicial.

Cientos de personas se manifestaron el lunes cerca del Juzgado donde se dejó en libertad a los campesinos, y celebraron la victoria.

Entrevistada también por CENSAT Agua Viva, la activista María José Cano Espinoza, del colectivo Imagina Jericó, explicó que la protesta de las comunidades, que para la Fiscalía es un delito, “es un legítimo acto de defensa de nuestros derechos para decidir qué queremos en el territorio, sobre todo el campesinado, que es sujeto de especial protección en Colombia”.

Según Cano, AngloGold Ashanti busca frenar la protesta y que los campesinos vayan a prisión, y considera evidente que la Fiscalía defiende los derechos de la empresa y desconoce el contexto y el conflicto socioambiental de protesta pacífica.

La activista alertó que este caso puede llevar años. “Esto puede llevar a que las comunidades campesinas, la defensa ambiental, se vea incluso atacada sistemáticamente por varios años, desgastándonos y desgastándonos entre audiencia y audiencia. Pero aquí seguimos firmes”, aseguró.

Cano destacó la vocación campesina y agrícola del territorio en el que se busca instalar AngloGold Ashanti, con montañas de una gran riqueza hídrica, en una zona estratégica, según ella, para el suroeste colombiano, y para todo el país y el mundo.

La representante de Imagina Jericó habló de exigencias estructurales hacia el gobierno nacional que preside Gustavo Petro. Es un gobierno que “habla el mismo idioma que nosotros”, manifestó. Sobre las exigencias, dijo que “hemos estado solicitando todos estos años que la empresa se vaya del territorio”, y reclamó que no se utilice el discurso de la transición energética para justificar el proyecto minero de AngloGold Ashanti. “Es un falso argumento”, sentenció.

Cano reconoció que es ambicioso el pedido de que AngloGold Ashanti se vaya del país, y que además ninguna otra empresa llegue con la misma intención extractiva, porque “mundialmente ya conocen que estas montañas están llenas de minerales”. No obstante, “si no fuera por la ambición de que podemos luchar por estas montañas no estaríamos acá”, aseguró. Y dejó un mensaje y un reclamo contundente en la línea de las exigencias estructurales: “si no se cambia el Código Minero nunca va a haber justicia social y ambiental en estos territorios, para que el Código no esté a favor de las transnacionales sino del pueblo”.

Todas las fotos de esta nota son de Julián Camilo Barrientos, de CENSAT Agua Viva – Amigos de la Tierra Colombia.