Quienes viven en la localidad “Virgen del Carmen” del Cantón “Joya de los Sachas”, en la provincia ecuatoriana Francisco de Orellana, celebraron a mediados de septiembre que un juez de primera instancia de la Unidad Judicial Multicompetente Penal falló a favor de la acción de protección que solicitaron contra la Empresa ENAP- SIPETROL.

ENAP es responsable de la administración y explotación del campo petrolero Mauro Dávalos Cordero desde el año 2004 y fue denunciada el 16 de agosto por habitantes del cantón ante diversas acciones contaminantes provocadas por los generadores de electricidad -que emiten una fuerte contaminación acústica-, dos mecheros que son utilizados para la quema de gas – que provocan lluvias ácidas y contaminan los cursos de agua-, residuos tapados con tierra, y otros impactos socioambientales que afectan a las personas que viven en el sector y a la flora y fauna endémica.

El juez reconoció que las operaciones de la petrolera vulneran los derechos a un ambiente sano, al buen vivir, a la seguridad y soberanía alimentaria, a la salud y la empresa deberá frenar sus actividades.

«El juez dispuso a la empresa que, en un término de 18 meses, elimine todos los mecheros, todo el ruido, toda esa agresividad de la empresa hacia la comunidad. Y reconoció que la empresa, con sus operaciones y la complicidad del estado ecuatoriano, vulnera el derecho a la salud, al ambiente, a la alimentación sana, al acceso al agua, a la vida en paz y tranquilidad», dijo el abogado Pablo Fajardo a Radio Mundo Real en la entrevista que acompaña esta nota.

Fajardo integra la Unión de Afectados por Texaco (UDAPT) que patrocinó a las personas que denunciaron a la empresa y explicó cómo fue el proceso judicial. Este año, además, la UDAPT se unió a Amigos de la Tierra y representa a la federación en Ecuador.

Se espera que ENAP apele el fallo y por eso habrá que estar alertas para apoyar a “Joya de los Sachas”.

El resultado judicial de primera instancia «es un gran paso que dimos como UDAPT y como colectivos que protegemos la Amazonía», dijo el abogado ambientalista. «La empresa dice que hace lo que le corresponde como parte de invertir en el país, pero no tiene en cuenta que sus derechos terminan donde empiezan los de los campesinos. Las consecuencias de sus acciones están pasando los límites: no están siendo responsables con los derechos de las personas ni de las naturaleza», continuó.

Pero, sobre todo, Fajardo remarcó la responsabilidad del Estado ecuatoriano en dejar avanzar los impactos contaminantes. En el juicio «estaba todo el Estado haciendo presión para que el juez no se atreviera a fallar contra la empresa; al Estado no le importa garantizar los derechos de la gente: le importa garantizar la ‘seguridad jurídica’ a las empresas. Es una cuestión gravísima, que nos preocupa cada vez más».