“Estamos frente a un Estado forajido, al que parece no interesarle las normas internacionales”, dijo el ex combatiente de las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) Ricardo Téllez, considerado el “canciller” de esa ex guerrilla, en referencia al incumpliento gubernamental de los Acuerdos de Paz firmados a fines de 2016.

“Este es un Estado que considera que puede pisotear los tratados y acuerdos internacionales sin ningún pudor”. El presidente Iván Duque y el ex mandatario de derecha Álvaro Uribe Vélez, quien “está por detrás” del gobierno, “se consideran igual que Donald Trump” (mandatario estadounidense), creen “que pueden hacer lo que les da la gana”, consideró Téllez. “Y aquí internamente hablan de legalidad, cuando con esa palabra hacen gárgaras y la pisotean”, enfatizó.

Téllez, conocido muchas veces por su alias “Rodrigo Granda”, integra además el Consejo Político Nacional de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, partido político creado por los ex guerrilleros luego de los Acuedos de Paz.

El dirigente fue entrevistado por Radio Mundo Real el sábado en la ciudad de Melgar, departamento colombiano de Tolima, donde los ex combatientes de las FARC se reunieron en el Tercer Encuentro Nacional de Espacios Territoriales de Reincoporación. Hasta allí llegó la III Misión de Solidaridad de la Vía Campesina en Colombia, de verificación del avance de los Acuerdos de Paz. El objetivo fue conocer la postura de los ex guerrilleros.

Téllez explicó que el gobierno no firmó los Acuerdos de Paz a nombre del gobierno sino del Estado colombiano, y en ese sentido contrajo obligaciones ante la comunidad internacional, que ahora viola por no cumplir los convenios.

Consultado sobre el avance de ese cumplimiento, y la situación actual de los combatientes desmovilizados, nuestro entrevistado destacó la inseguridad jurídica creada a partir de las objeciones presidenciales a la La ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

La JEP es el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, creado por los Acuerdos de Paz. Tiene la función de administrar justicia transicional y conocer los delitos más graves y representativos cometidos en el marco del conflicto armado antes del 1 de diciembre de 2016, tanto por los ex combatientes como por la Fuerza Pública y otros actores. La JEP “fue creada para satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, ofrecerles verdad y contribuir a su reparación, con el propósito de construir una paz estable y duradera”, dice en su página web oficial.

Téllez denunció además que el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno, que estipula las prioridades para el mandato de Iván Duque, no incluye “el capítulo especial para la paz, que constitucionalmente debía estar ahí”. “El gobierno trata de convencer que da 37 billones de pesos para la reincorporación, pero efectivamente es un sofisma. No hay asignaciones de recursos nuevos para la salud, vivienda, educación, vías y proyectos de desarrollo con enfoque territorial”.

Agregó que los ex combatientes sienten una gran incertidumbre y que en agosto acaba la “precaria ayuda que da el gobierno”, porque “no hay tierra para trabajar ni un plan de reincorporación”. “Tampoco hay seguridad jurídica”, dijo, ya que “hay amenazas de que la Fiscalía puede detener a los antiguos ex guerrilleros”.

El dirigente político evaluó que es necesaria “una gran movilización nacional” para presionar al gobierno para que cumpla los Acuerdos de Paz, como la que se realiza en el departamento del Cauca con la Minga Agraria e Indígena, y que los excombatientes apoyan. Agregó que están también en la organización del paro cívico que se planea para este 25 de abril.

Además, Téllez subrayó el trabajo internacional de los ex guerrilleros, en diálogo con Naciones Unidas, la Unión Europea, el Vaticano, las embajadas y “los movimientos cívicos y comunales amigos como la Vía Campesina”. En ese sentido pidió apoyo a Vía Campesina en la denuncia sobre el estancamiento de los Acuerdos de Paz. “La comunidad internacional y los pueblos de nuestra América y del mundo pueden ayudarnos a sobrepasar este momento amargo”, dijo.

El dirigente alertó que ya van “91 ex combatientes, familiares y milicianos” asesinados de 2016 a la actualidad, a los que se suma el exterminio de “cerca de 500 líderes y lideresas sociales, defensores de derechos humanos a lo largo y ancho del país”.

Radio Mundo Real preguntó cómo se destranca el incumplimiento de los Acuerdos de Paz. Téllez no dudó. Hay que “exigir al gobierno colombiano, porque lo pactado es para cumplirlo”, dijo, antes de denunciar al Estado colombiano como “forajido” y que Duque y Uribe actúan “como les da la gana”, y “hacen gárgaras y pisotean la legalidad”.

“Lo que queda es la organización, la movilización de nuestro pueblo, la ayuda internacional en la denuncia, y las exigencias en los tribunales internacionales para que el Estado colombiano cumpla lo pactado”, cerró Téllez.