Entre el 16 y 21 de diciembre de 2021 diversas organizaciones sociales y campesinas denunciaron los desalojos violentos que estaban sufriendo miles de campesinos en Bajo Aguán, Honduras, que integran cooperativas con derecho de acceso a la tierra de la Reforma Agraria. La situación se repitió una semana después contra integrantes de la Cooperativa Remolino que fueron desalojados por guardias de seguridad privados y del escuadrón COBRA que les dispararon con armas de fuego, dejando al menos a 7 personas heridas, dos de ellas menores de edad. Así lo denunció la Plataforma Agraria de Honduras, en conjunto con la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA).

Yoni Rivas, referente de la Plataforma Agraria, dijo en Radio Mundo Real que el 27 de diciembre unas 252 familias que forman parte de la Cooperativa Remolino “entraron a recuperar tierras de la Reforma Agraria”; tierras que “han estado usurpando las corporaciones por más de 27 años”, remarcó.

“Aunque se logró detener a varios de los atacantes que portaban armas R15, fueron puestos en libertad horas más tarde”, detalló Rivas. Mientras que, entre los heridos, quien permanece en peor estado de salud es Carlos Alexis Torres, de 17 años, tiene una fractura grave en la pierna izquierda tras ser baleado y todavía espera ser operado. Santos Rosales, que recibió un balazo en el estómago, fue dado de alta en la Ceiba. Los otros cinco fueron baleados con balines, uno de ellos recibió 68 proyectiles, y todos ya están dados de alta.

“Los desalojos se dan porque creemos que hay jueces y fiscales que abusan de su autoridad y emiten órdenes de desalojos. Esta situación habilita a que policías y grupos de seguridad obedezcan a estos jueces que están protegiendo intereses de corporaciones terratenientes de las familias Facusse, Morales y Canales, que tienen acaparado casi el 70% de las tierras del valle del Aguán”, denunció Rivas en RMR.

La Cooperativa Remolino, conformada por familias desplazadas, se dedica a la recuperación de granos básicos y a la producción de yuca, maíz, naranjas y otros cítricos, frente a la implementación del monocultivo de palma. El 5 de enero de este año, un fiscal volvió a emitir una orden de desalojo, denegada primero por un juez y aceptada finalmente por otro, aunque sin fecha de ejecución, “en un claro abuso de autoridad”, opina Rivas, ya que los miembros de la cooperativa campesina presentaron los papeles que demuestran su titularidad sobre esas tierras productivas. En este escenario, una opción es que las autoridades judiciales hagan cumplir esa orden antes de la asunción del nuevo gobierno; la expectativa de la Plataforma Agraria es que no se ejecute el desalojo hasta entonces y que la nueva Presidenta les escuche y defienda las luchas campesinas.

Desde la Plataforma detallaron que el operativo de desalojo violento estuvo a cargo del excoronel retirado de las Fuerzas Armadas de Honduras, Francis Reyes Contreras, que es el actual jefe de Seguridad de la empresa Inversiones Ceibeña, y que estos hechos “ocurrieron frente a la policía que no hizo nada por detener las agresiones”. Un nuevo ejemplo de la connivencia entre ex miembros de las fuerzas armadas y las corporaciones que buscan desarrollar proyectos extractivistas en territorios campesinos, indígenas y garífunas, como se comprobó en los juicios por el femicidio de Berta Cáceres. “Es que en este país hemos estado bajo una narcodictadura, que responde a las corporaciones agroindustriales, tal como los jueces obedecen a esa misma línea y por eso emiten desalojos de forma fraudulenta, desconociendo la realidad de las cooperativas”, afirmó Rivas. “Esta situación deja vulnerables a las defensoras y defensores del Aguán, incumpliendo las 126 medidas cautelares que la CIDH emitió para protegerles”, añadió el referente campesino.

Desde la Plataforma Agraria denunciaron mediante un comunicado: “intento de homicidio, portación ilegal de armas, y que se realice una investigación inmediata y exhaustiva sobre el perfil de los guardias de seguridad que están contratando empresas agroindustriales como Dinant, Inversiones Ceibeña y Agropalma, entre otras”, que hostigan permanentemente a las cooperativas y organizaciones campesinas.

El domingo pasado, grupos armados enviados por la empresa Dinant intentaron desalojar en forma violenta a las 180 familias que conforman la cooperativa El Tranvío en el municipio de Tocoa y utilizan 684 hectáreas de tierra. “Como las empresas no tienen legitimidad, utilizan grupos armados para causar terror y de esa manera ocupar las tierras”, dijo Rivas.

“Las corporaciones terratenientes no cumplen ningún requisito como para ser beneficiarios de estos territorios. Por eso sobornaron, amenazaron y, en muchos casos, asesinaron hasta el punto de acaparar la tierra y vernos envueltos en estos conflictos. Pero creemos que con la llegada de Xiomara Castro al poder vamos a tener la esperanza de que se nos escuche”, expresó el referente campesino al cierre de la entrevista con RMR.