Tras suspender a lo largo de un año y medio las sucesivas audiencias preliminares fijadas para evaluar la apertura del juicio contra David Castillo, la Justicia hondureña anunció el 26 de agosto que se realice un juicio oral y público contra este hombre, oficial militar de inteligencia, entrenado en West Point, conocido también como empresario emprendedor vinculado a la familia Atala Zablah -grupo empresario que integra el directorio del proyecto extractivista hidroeléctrico en Río Blanco, proyecto que enfrentaba la ambientalista hondureña Berta Cáceres-.

La decisión de llevar a juicio oral y público a Castillo se tomó sobre el límite de la prisión preventiva, que vencía este 2 de septiembre. Castillo fue detenido en marzo de 2018, dos años después del femicidio cometido en La Esperanza, hogar de Cáceres.

“Queremos que sea un juicio con todas las garantías, porque todo lo que se haga mal será en detrimento de la búsqueda de justicia”, dijo Bertha Zúniga, hija de la defensora lenca, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).

Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016. Por el crimen fueron condenados siete hombres como autores materiales. El juicio a Castillo, que fue detenido y cumple prisión preventiva desde el 2 de marzo de 2018, se esperaba con ansias, ya que es el único presunto autor intelectual detenido hasta ahora.

“David Castillo es una pieza clave que conecta a los autores materiales con los autores intelectuales que continúan en la impunidad”, dijo Bertha Zúniga en esta entrevista con Radio Mundo Real.

Roberto David Castillo Mejía es un empresario hondureño, ex funcionario público -que integró la Junta interventora de la empresa nacional de energía eléctrica-, graduado de la academia militar estadounidense de West Point y oficial de inteligencia militar hondureña en condición de retiro.

Entre las pruebas que vinculan a Castillo en el asesinato de Cáceres, los representantes legales de la familia Cáceres han presentado dos series chats en Whatsapp, detalló Zúniga. Uno de los chats se denomina “Seguridad PHAZ” (por las siglas del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca), donde Castillo hace referencias a acciones de “ataque y neutralización” para “acabar con la lucha del COPINH”, ya que la organización lucha desde entonces contra la instalación de una represa en el Río Blanco. El otro chat entre Castillo y Douglas Bustillo, ex jefe de seguridad de DESA, juzgado y condenado como uno de los autores materiales del femicidio, que amenazó muchas veces a Berta Cáceres.

También han presentado comunicaciones de Castillo con funcionarios del Estado y con integrantes de la familia Atala Zablah, una de las más poderosas de Honduras. “Por eso nosotras planteamos que se trata de una estructura criminal para acabar con la oposición que representaba COPINH para el proyecto [Agua Zarca] y para el sistema económico de nuestro país”, dijo Zúniga.

Castillo tenía una relación muy cercana con Daniel Atala, gerente financiero de la empresa a cargo de Agua Zarca. Y antes del 2 de marzo de 2016, cuando la defensora del pueblo lenca fue asesinada en su hogar de La Esperanza, Intibucá, el militar/empresario se había comunicado varias veces con Berta Cáceres “como parte de sus labores de inteligencia”, no con amenazas -como hicieron algunos de los autores materiales condenados- sino ofreciéndole proyectos al COPINH “para disuadir la lucha”, agregó Bertita.

La hija de Cáceres considera que, si existiera voluntad política, se podría alcanzar a los máximos responsables del crimen contra su madre, es decir, a la familia Atala Zablah.

Llegar a este juicio no ha sido fácil

Así como el primer juicio por el crimen de Berta Cáceres tuvo múltiples dilaciones e incluso el tribunal retiró la representación legal de la familia Cáceres, del COPINH y de Gustavo Castro -integrante de Otros Mundos Chiapas/Amigos de la Tierra México, cuyo intento de homicidio también se juzgaba en ese proceso-, en la audiencia preliminar por este segundo juicio oral y público por el asesinato de la defensora lenca, las hijas de Berta fueron “expulsadas” de la audiencia virtual preliminar y tampoco permitieron que estén presentes integrantes de la misión de observadores/as internacionales que monitorea la causa judicial.

Ante estos nuevos actos de cercenamiento de la participación de la familia, del COPINH y de veedores internacionales, Zúniga insistió en RMR sobre la necesidad de que la comunidad internacional esté lo más atenta y presente que pueda en este nuevo proceso para garantizar que el caso no quede impune.

El proceso oral y público debería comenzar en un plazo máximo de tres meses, considerando el contexto de pandemia, más posibles apelaciones y suspensiones del proceso judicial. La defensa de Castillo apuesta a dilaciones, denunció Zúniga.

“Para nosotras ha sido un alivio [que se anuncie el comienzo del juicio]. Estábamos muy preocupadas de que se venciera el plazo de la prisión preventiva y de que el proceso se pueda exponer al incumplimiento de garantías para las víctimas”. De todas maneras, Bertha advierte que se ha llegado a esta instancia con mucho esfuerzo y se mantienen alertas ante posibles irregularidades o cambios de último momento, como ocurrió con el juez a cargo que fue cambiado dos días antes de la reciente audiencia preliminar.

“Hay muchas presiones que se están realizando a nivel de los medios de comunicación y en el sistema de justicia, pero confiamos absolutamente en la prueba que existe, que es contundente”, concluyó la integrante del COPINH.

¿Quién es David Castillo?

Es investigado como uno de los autores intelectuales del femicidio de Berta Cáceres. Cumple prisión preventiva desde marzo de 2018, y por eso era importante que la audiencia preliminar se cumpliera cuanto antes, ante el vencimiento de la prisión preventiva.

Las pruebas presentadas por los fiscales ante los tribunales hondureños sugieren que David Castillo, siendo gerente general de DESA, participó en el asesinato de Berta Cáceres como autor intelectual, «presuntamente coordinando y proporcionando fondos a los autores materiales y con el fin de llevar a cabo el asesinato», indica el informe.

“Mantuvo muchas comunicaciones con mi mamá. Sabíamos de su peligrosidad, pero no era el típico matón”, dijo Bertha Zúniga a RMR. Desde el COPINH han comunicado: “La evidencia que vincula a Castillo es clara. Es el vínculo entre los autores intelectuales y la estructura criminal que ejecutó el crimen. El juicio revelará la participación de la familia Atala en el crimen”.

Hace un año, el COPINH presentó el informe «Violencia, Corrupción e Impunidad en la Industria Energética Hondureña: Un perfil de Roberto David Castillo Mejía». «El informe tiene que ver con develar la estructura criminal que se ha beneficiado de esta concesión (a DESA) para lograr ganancias, un patrón que se ha visto no sólo en Agua Zarca sino con otros proyectos de energía en Honduras», dijo Bertha Zúniga en ese momento.

En ocasión de la presentación de ese informe, la familia Cáceres había iniciado un proceso judicial en Estados Unidos para demandar los «detalles financieros» sobre la compra de una casa en Texas a nombre de David Castillo valuada en 1.6 millones de dólares. La denuncia era «para averiguar si esta compra guardaba alguna relación con algún pago (que puede haber recibido) por asesinar (u ordenar el asesinato)» de Berta Cáceres.

Consultamos a Zúniga al respecto y nos confirmó que hubo avances en esta denuncia, a pesar de que “han habido bastante maniobras por los abogados de Castillo, seguramente pagados por Atala Zablah, para obstaculizar el proceso”.

“Creemos que si nuestro equipo legal puede acceder a esas informaciones puede permitirnos conocer las maniobras previas y posteriores al crimen de mi madre y saber si ese dinero tuvo algo que ver con un pago o recompensa por haber diligenciado el crimen”.