Argentina: el granero de las transnacionales
Entrevista a Mercedes Gould, de Tierra Nativa - Amigos de la Tierra Argentina
Argentina es el segundo país más extenso en Latinoamérica. Allí, la gran cantidad de suelos fértiles y su fuerte tradición agrícola resultan claves en el ordenamiento territorial y en su estructura socioeconómica y cultural.
Según cifras del Banco Mundial, de los 34,5 millones de hectáreas cultivables del país, al 2018, 33,2 estaban cultivadas. Sin embargo, bajo una mirada más atenta, encontramos que nada más que el 2,8 por ciento de esa superficie está orientada al cultivo de alimentos como hortalizas, legumbres y frutas, y el 69 por ciento se dedica a la agricultura extensiva de cereales y oleaginosas, que se convertirán en commodities para la exportación.
El acaparamiento de tierras constituye un grave problema a nivel socioambiental, acompañado del destierro de los pueblos campesinos e indígenas, la contaminación de los bienes naturales, en definitiva, la pérdida de la Soberanía Alimentaria y otros derechos fundamentales. Mientras, se configura un escenario de profundas dependencias del Estado con respecto a las empresas transnacionales dedicadas al extractivisimo, como son las de la agroindustria, la minería y la industria alimentaria.
En entrevista con la activista Mercedes Gould, de Tierra Nativa – Amigos de la Tierra Argentina, dialogamos acerca del Diagnóstico Nacional sobre cambios de Política y Legislación del Sector Agropecuario en Argentina*, llevado adelante por esa organización ambientalista. Tierra Nativa da cuenta de la amplia normativa existente en el país que podría operar como factor de protección a la población y el ambiente, pero que dado el enorme poder del lobby corporativo, queda casi sin efecto, y en paralelo, analiza algunas leyes y proyectos hechas a la medida del agronegocio.
La puja por las leyes
Existen varias políticas de acceso a tierra que protegen del acaparamiento a las poblaciones campesinas e indígenas. Algunos ejemplos son: la Ley de presupuestos mínimos de Protección Ambiental a los Bosques Nativos (N° 26.331), que a través del ordenamiento territorial promueve la conservación de bosque nativo; o la Ley N° 24071, que debería brindar protección a los recursos naturales que se encuentren en territorios ocupados tradicionalmente por pueblos originarios. Ambas son incompatibles con el avance de la frontera agroindustrial para la producción de commodities.
Sin embargo, más del 60 por ciento de los alimentos que consume la población argentina es producida por productores/as familiares que ocupan solamente el 13 por ciento del territorio. La Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), organización campesina con presencia en 19 provincias, ha instalado en su agenda la importancia de la soberanía alimentaria, el acceso a la tierra y la mejora de las condiciones de vida y trabajo del sector campesino. Desde 2016 el movimiento lleva tres intentos para que el proyecto de Ley de Acceso a la Tierra sea tratado en el Congreso Nacional. Esta ley significaría mejoras en la soberanía alimentaria y los derechos campesinos, garantizaría la disponibilidad de alimentos y fortalecería circuitos cortos de comercialización, a la vez que promovería prácticas sostenibles en la producción de alimentos.
Por otro lado, la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas, vigente desde 1973, reglamenta toda la producción, certificación y comercialización de las semillas. Establece los Derechos de Obtentor, una forma de propiedad intelectual que otorga la “exclusividad de la explotación” de una semilla a quien desarrolle sobre ella algún tipo de “mejora”, ya sea mediante transgénesis, hibridación o mejoramiento tradicional. Sin embargo, expresa en su artículo 27 que “no lesiona ese derecho quien reserva y siembra semilla para uso propio”. Y es justamente este aspecto de la Ley el que ha sufrido repetidos intentos de modificación, en perjuicio del “derecho del sector campesino y agricultor a conservar sus prácticas de guardar, conservar, intercambiar y reproducir sus propias semillas.”
Un preocupante proyecto de modificación parcial de esta Ley habilitaría a que, ante el pedido de cualquier empresa, el Instituto Nacional de Semillas (INASE) acceda a “cualquier cultivo o producto de la cosecha en cualquier lugar en que se encuentre”, para tomar muestras y determinar analíticamente la variedad utilizada, lo que puede derivar en la obligación de pago cada vez que alguien reserve semillas de su propia cosecha y las utilice para una nueva siembra. A lo que Mercedes Gould complementó: “hay empresas del rubro agroindustrial, como por ejemplo Bayer-Monsanto, BASF, Syngenta, que tienen una incidencia directa en la formación de leyes e instrumentos legales que las benefician (…) la Ley de semillas es un claro ejemplo, en 2018 entre gallos y medianoche se propusieron ciertas modificaciones que atentan contra el uso público de las semillas y patenta su privatización”.
Otro proyecto reciente es la Ley de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador: una ley impulsada en 2021 por el Consejo Agroindustrial Argentino, conformado por más de 60 entidades del agronegocio, con el objetivo de incrementar las exportaciones de bienes y servicios agroindustriales. Esa ley establece como meta un crecimiento del 170 por ciento en las exportaciones del sector. “La ley estimula el avance de la frontera del agronegocio, y con ello el uso de agrotóxicos, los desmontes, incendios de bosques, la desertificación de la tierra y la expulsión de campesinos/as y pueblos originarios”, aseguró Gould.
También se evidencia cómo el lobby empresarial opera en contra de la ley de etiquetado frontal y la regulación de publicidad de alimentos y bebidas. Se estima que el 90 por ciento de los alimentos y artículos de limpieza que se comercializan en el país son producidos por 28 empresas extranjeras. Argentina es el cuarto país donde más se consume azúcar en el mundo. Y es en los sectores populares donde se encuentran los índices más altos de malnutrición en diversas formas: sobrepeso, obesidad y desnutrición. Los rubros de consumo masivo como lácteos, aceites, enlatados, harinas y panificados son los que contienen mayores índices de grasas, azúcares y sodio, a la vez que poseen menor calidad nutricional.
Nada para festejar
El primer trigo transgénico (HB4) fue desarrollado en Argentina, y presentado en 2015 por la empresa Bioceres, en conjunto con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Esta modificación genética se presentó como una solución de adaptación al cambio climático, por su resistencia a la sequía. Sin embargo, también resiste al glufosinato de amonio, un herbicida prohibido en muchos países, que es incluso más tóxico que el glifosato.
El diagnóstico alerta que “sin estudios a largo plazo sobre los efectos de la transgénesis de las semillas en la salud humana y desestimando los numerosos informes sobre las afecciones a la salud pública provocadas por el uso de agrotóxicos”. Aun sin un destino de exportación claro, el uso del HB4 fue finalmente autorizado en 2020 con el amplio rechazo de los sectores sociales y ambientales, y de algunos representantes del agronegocio a los que les preocupaba la pérdida de mercados. Mercedes nos contó que “se festejó en algunos sectores como un logro que Brasil ahora recibiera este trigo, pero tiene justamente muchos rasgos que no benefician para nada al pueblo argentino. Primero porque es hipercontaminante y segundo porque otra vez profundiza el modelo exportador excluyente y contaminador”.
En julio de este año un juez de la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, dictó una medida cautelar que inhabilitó el uso y liberación del trigo HB4 en territorio bonaerense, hasta que se conforme una comisión que evalúe sus efectos. La sentencia respondió a un amparo colectivo presentado por agricultores/as, organizaciones sociales y Pueblos Indígenas.
El chiquero del mundo
Mientras en el mundo se confirman los riesgos sanitarios de la cría industrial de animales, dado que alimenta las condiciones para la mutación y propagación de virus con capacidad de expandirse globalmente, Argentina firmó con China el Acuerdo Porcino, según el cual el país se compromete a abastecer al gigante asiático con 900 000 toneladas de carne de cerdo en cuatro años.
Esto no sólo implica el aumento del consumo y contaminación del agua y la emisión de gases de efecto invernadero, sino que además implicaría la producción de 2 200 000 toneladas de maíz y 750 000 toneladas de soja para la alimentación del ganado, lo que a se traduce en 540 000 hectáreas utilizadas para ambos cultivos.
Gran territorio de luchas
El pueblo argentino sabe dar respuesta ante estos avances, y ha demostrado a lo largo de su historia que tiene una gran tradición de lucha por la dignidad y la construcción de otros escenarios posibles. En palabras de Mercedes Gould, “la sociedad organizada investiga, propone, moviliza, construye poder popular para plantear leyes y políticas que apuestan a otro tipo de modelo económico”. Y resalta en este proceso el rol de los feminismos populares, las disidencias y juventudes en el sostén de estas resistencias.
_________________________
