Hace un mes, la policía disparó contra una manifestación pacífica de los trabajadores de la central eléctrica de carbón que se construye en Banshkhali, Bangladesh. Estaban reclamando sus derechos laborales y el pago de sus salarios atrasados.

«Protestaban por sus bajos salarios, sus deplorables condiciones de trabajo y porque querían reducir algunas horas de trabajo durante el mes de Ramadán», resumió Bareesh Hasan Chowdhury, abogado investigador de BELA, en diálogo con RMR.

Como resultado de ese tiroteo policial del 17 de abril, siete trabajadores murieron, 21 personas resultaron heridas y 3562 fueron demandadas por el subinspector de la comisaría de Banshkhali Rashed y el coordinador jefe de la planta Faruk Ahmed. Los trabajadores de la obra dijeron a la prensa local que más de 4.000 obreros trabajan en el proyecto de la central.

La Asociación de Abogados Ambientalistas de Bangladesh (BELA/Amigos de la Tierra Bangladesh), junto con otras cinco ONG de derechos humanos(*), presentaron dos litigios de interés público ante la División del Tribunal Superior del Tribunal Supremo de Bangladesh, contra el grupo S Alam. Esta empresa industrial está detrás de la construcción de la central eléctrica SS y también tiene negocios agrícolas y textiles en el país.

¿Qué ha pasado hasta hoy con los trabajadores heridos y demandados y las familias de las víctimas? RWR preguntó al integrante de BELA cómo sigue este caso y cómo ha avanzado el litigio que llevaron ante la Justicia local.

«En este momento hay una investigación policial en curso», aclaró Bareesh. En la petición de litigio, las ONG piden al Tribunal: la formación de un comité que investigue de forma imparcial el tiroteo, un plazo para la presentación de los informes de los comités de investigación formados por la administración del distrito y la administración policial tras el tiroteo, un informe del Ministerio de Trabajo y Empleo sobre la seguridad laboral, la protección y el tratamiento médico y el pago de una indemnización adecuada a los trabajadores heridos y a las familias de los trabajadores fallecidos. «Hasta ahora, los heridos no han recibido los cuidados que necesitaban, también a causa del COVID y de la situación de encierro», dijo el abogado a RMR.

Los propietarios de la central eléctrica de SS no han pagado ninguna indemnización a los trabajadores muertos en ninguno de los tres incidentes que ya causaron muertes de vecinos y trabajadores en la zona. Tampoco han pagado ningún gasto médico a los trabajadores heridos en las tres ocasiones. Por ello, BELA ordena en el litigio que el grupo S Alam proporcione 500.000 BDT a las familias de cada uno de los trabajadores fallecidos (unos 6.000 dólares americanos).

Tras el tiroteo de abril, unas 3.000 personas han sido demandadas por la policía, la mayoría de ellas sin nombre. «Esto forma parte del acoso que sufren, básicamente para mantenerlos callados -opinó Barreesh-. En todos los incidentes mencionados, la policía presentó casos contra varios trabajadores anónimos, estableciendo un reino de terror en la zona».

Este no fue el primer ataque contra los trabajadores con armas de fuego: cuatro personas fueron asesinadas el 4 de abril de 2016 y una el 1 de febrero de 2017 en el tiroteo de los sicarios contratados por los propietarios y la policía con la población local, siendo que ésta rechazaba la adquisición de tierras por parte del proyecto energético. «La gente se movilizó por temor a las consecuencias negativas de este proyecto en sus vidas», explicó el abogado de BELA.

«Como organización medioambiental, esperamos que este proyecto se cancele. Deberíamos tener proyectos de energías renovables», concluyó el abogado de BELA.

El negocio de la energía

La central eléctrica de carbón se ha construido en la ciudad de Banshkhali, en la costa, cerca del océano, en la región de Chittagong, al sureste de Bangladesh. Supuestamente debía estar terminada en 2019, pero el gobierno les concedió dos años de prórroga del proyecto, por lo que aún está en construcción, explicó Bareesh.

La central de 1320 megavatios, denominada SS Power Plant, fue construida conjuntamente por la empresa industrial bangladesí S Alam Group y las empresas chinas Sepco Three Power Construction Corporation y HTG Development Group Company Limited.

«El gobierno concedió una excepción de impuestos bastante grande a S Alam y al grupo chino co-financiador cuando solicitaron el terreno para este proyecto. Hay una asociación entre grupos industriales como ese y el gobierno para la instalación de estas centrales eléctricas y proteger a las empresas», añadió el entrevistado. Bareesh remarcó que la empresa no ha tenido los cuidados ambientales necesarios desde que empezaron a construir la central de carbón.

Ya en 2017 BELA había denunciado el plan del gobierno de Bangladesh de construir otras 28 centrales eléctricas de carbón, esa vez en Sundarbans, un lugar declarado patrimonio de la humanidad.

*(BELA, ALRD, BLAST, Nijera Kori, SRS and ASK)