La crítica situación haitiana hace tiempo que está madura para un cambio. Pero lo maduro comienza a pudrirse. La crisis parece no tener fin, y la situación social, política y económica alcanza una gravedad sin precedentes, aún para la habitualmente convulsionada nación caribeña. Ya son cuatro las semanas del último ciclo de intensa conflictividad social, seis las semanas de crisis energética, y el plazo supera el año y medio si consideramos la inestabilidad política y social generalizada.

Tres perspectivas se desprenden de la situación actual: la posibilidad de una cada vez más improbable estabilización conservadora con la continuidad presidencial o con un recambio controlado de figuras; el inicio de una transición política de ruptura que expresaría la disputa entre los diferentes sectores, clases e intereses que componen una oposición por demás diversa y contradictoria; o el fatal desenlace de una guerra civil, conforme los niveles de violencia social y la represión policial y parapolicial comienzan a desbocarse.

Las tentativas imposible de estabilizar el país

Los intentos de estabilización conservadora del país tienen dos grandes promotores. Por un lado el propio presidente Jovenel Moïse junto con su mentor y ex presidente Michel Martelly. En un movimiento coordinado, el presidente de la Asamblea Nacional, Carl Murat Cantave, se posicionó por un diálogo en el país, poco antes de que el gobierno anuncie la enésima Comisión montada para facilitar un diálogo rechazado de forma unánime por todos los sectores de la vida nacional. La Comisión nació muerta, dado que todos y cada uno de sus miembros son parte del actual o bien del anterior gobierno: Evans Paul, ex Primer Ministro; Rodolphe Joazil, antiguo presidente de la Asamblea Nacional; Liné Balthazar, presidente del partido oficialista, etc.

Por otro lado, la oposición conservadora aglutinada en la llamada Alternativa Consensual, respondió rápidamente poniendo en pie un espacio paralelo, llamado Comisión de Apoyo para el Traspaso del Poder. La misma afirma que sólo negociará las condiciones de una salida «pronta y ordenada» del actual presidente Jovenel Moïse, y se propone elegir en su reemplazo a un juez de la Corte de Casación. La otra figura ejecutiva, que se estima tendrá aún más poder que dicho juez, sería un Primer Ministro surgido de las filas del Sector Democrático y Popular, el sector más poderoso y dinámico de la mencionada Alternativa Consensual. Esta salida implica, virtualmente, un mero recambio presidencial que dejaría intactos los principales resortes del sistema económico y político que ha conducido al país hacia el abismo. Esta la estrategia que ya suscriben algunas naciones influyentes como Francia y Canadá, las cámaras de comercio nucleadas en el Foro Económico Privado, y diferentes familias de la oligarquía tradicional como la que expresa Reginald Boulos, dueño de importantes cadenas de supermercados y concesionarios de autos.

Una transición de ruptura

Sin embargo, todo parece indicar que las motivaciones profundas de las protestas que sacuden al país ya han superado la perspectiva única de forzar la dimisión del presidente, e incluyen otras reivindicaciones. El sistema político construido tras la caída de la dictadura de Jean-Claude Duvalier, y las décadas prácticamente ininterrumpidas de políticas económicas neoliberales dictadas por el Fondo Monetario Internacional y el Departamento de Estado norteamericano, han tocado fondo. Las últimas movilizaciones tuvieron en los diez departamentos del país un notorio carácter anti-imperialista. Se trató de protestas de rechazo a la injerencia internacional, dado que los países y los organismos supranacionales nucleados en el Core Group venían de ratificar su apoyo a Jovenel Moïse. Por eso diferentes columnas de manifestantes se dirigieron directamente hacia la sede de la Misión de las Naciones Unidas para la Justicia en Haití (MINUJUSTH) y a la embajada estadounidense.

El otro gran espacio opositor construido al calor de la crisis, el Foro Patriótico, propone lo que sus principales dirigentes llaman una «transición de ruptura». Este espacio sesionó en la localidad rural de Papaye a fines del pasado agosto, y ha conformado un Comité de Seguimiento Nacional para ejecutar y monitorear las principales resoluciones adoptadas. En ese sentido, Camille Chalmers, economista y uno de los referentes del espacio, destacó la organización de Comités departamentales para centralizar y potenciar las movilizaciones, la propuesta de un gobierno de transición formado por un Consejo de Gobierno de tres miembros en lugar de un presidente, y la construcción de un órgano de control con representantes de los departamentos. De esta forma, afirmó Chalmers, «se tendrá la garantía de una transición controlada por los actores nacionales, y el comienzo de una reforma profunda del sistema político y económico». Del Foro Patriótico hacen parte más de 60 organizaciones, entre movimientos sociales campesinos y urbanos, partidos políticos de izquierda, sindicatos y centrales sindicales, organizaciones juveniles y de mujeres, coaliciones democráticas y progresistas, etc.

La represión policial y la guerra de baja intensidad

Lo que sucede en Haití comienza a asemejarse a una guerra civil de baja intensidad en la que sin embargo no se enfrentan dos ejércitos, sino un gobierno y la maquinaria estatal contra la inmensa mayoría de la población. El día de ayer fue asesinado otro periodista, quien fue encontrado en el baúl de su auto con dos impactos de bala en la cabeza en la localidad de Bayas. Se trata de Nehémié Joseph, periodista de Panik FM y corresponsal de Radio Méga en la región central del país. Joseph había sido ya amenazado por miembros del partido de gobierno. Sus análisis de la actualidad nacional y su incisivo trabajo como corresponsal irritaban a las autoridades. Incluso habían sido organizadas protestas para evitar su nombramiento en la sede regional de la Oficina Nacional de Seguros de la Vejez (ONA, por su sigla en francés).

Según la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos de Haití, 77 personas fueron asesinadas ya en lo que va del año en el contexto de las protestas, la mayoría por represión policial o de grupos irregulares. Al momento de escribir esta nota, otro joven acaba de ser asesinado en Saint Marc, en el departamento Artibonite, por un disparo en la cabeza de la Policía Nacional. Incluso hay quiénes alertan que de nuevo han comenzado a ser introducidos en el país mercenarios norteamericanos para operativizar una represión selectiva en las comunidades y barrios más movilizados. Pese a la dificultad de confirmar dicha información, cabe destacar que eso mismo sucedió en febrero de este año, cuando un grupo de ex militares estadounidenses fueron detenidos en Haití en portación de armas de alto calibre y tecnología militar de punta.

También el día de ayer, bandas criminales atacaron un vehículo y secuestraron un autobús que se dirigía hacia Jérémie, capital de Grand-Anse, dejando un saldo de cuatro heridos. Como sucedió en octubre y noviembre del año pasado en los momentos de alza de la movilización, el crimen organizado directamente ligado al poder político es estimulado para sembrar terror en la población y obstaculizar el desarrollo de las protestas. Pese al incremento de la represión escasos organismos internacionales de derechos humanos se han posicionado sobre la crisis. Los actores locales temen, a su vez, que la violencia desatada sirva para justificar nuevas intervenciones internacionales violatorias de la soberanía nacional.

#Haití | No es un grupo, no es un partido, no es una ciudad. Es todo un país en pie de lucha contra el presidente @moisejovenel, las políticas del @FMInoticias y la injerencia de los #EEUU. @movimientosalba#LaFuerzaDelPueblo pic.twitter.com/PNlSHaPQlQ

— Lautaro Rivara (@LautaroRivara) October 12, 2019

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