Con el transcurso de la pandemia, paradójicamente hay sectores muy beneficiados económicamente, en especial las grandes cadenas de supermercados, laboratorios farmacéuticos, empresas dedicadas a la fabricación y distribución de productos para la higiene personal, mascarillas, insumos y equipos médicos, entre otros.

Hay que decir también que la crisis sanitaria ha obligado a los Estados a endeudarse para hacer frente a la adversidad. El Salvador viene experimentando en los últimos 20 años un proceso de incremento de su deuda pública, llegando en el 2019 a los 20 000 millones de dólares, equivalente al 71.8% del Producto Interno Bruto (PIB).

La situación es preocupante, ya que debido a la pandemia la Asamblea Legislativa le ha aprobado al Ejecutivo un total de $3 000 millones de dólares para gestionarlos en préstamos y responder a la crisis; además, el gobierno adquirió créditos de corto plazo en Letras del Tesoro (Letes) por $466.4 millones de dólares, y en Certificados del Tesoro (Cetes) por $483.5 millones, de marzo a mayo. Dichas circunstancias elevan de manera peligrosa la deuda del país. Se estima que puede llegar al 90% del PIB para 2020.

En el agotamiento y fragilidad económica que viven la mayoría de países de la región latinoamericana principalmente, sacan ventaja las agencias multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que otorgó a El Salvador un préstamo de $250 millones de dólares, y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que concedió $389 millones. Estos acuerdos incluyen compromisos de parte del gobierno para que en el mediano plazo disminuya la deuda pública en línea con la ley de responsabilidad fiscal.

El provecho y la conveniencia de los organismos internacionales pasa por condicionar el financiamiento a exigencias de política fiscal para el futuro. En opinión de la economista Julia Evelyn Martínez, “el Fondo Monetario Internacional no concede préstamos para ayudar a los pueblos en momentos de crisis, sino más bien aprovecha las crisis para que los gobiernos se comprometan a poner en marcha medidas fiscales y financieras que comprometen el futuro de los pueblos y evitan que futuros gobiernos sucumban a la tentación de romper con el neoliberalismo”.

Según Martínez, el FMI ha recomendado al gobierno salvadoreño medidas como la disminución del gasto público en $900 millones de dólares a partir del 2021, aumentar los impuestos a la gasolina y al diésel, aumentar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y a las contribuciones fiscales especiales, como el impuesto a las telecomunicaciones, reducir el pago de salarios en el sector público, por medio del congelamiento de plazas, suspender nuevas contrataciones y prohibir las jubilaciones anticipadas de empleados públicos.

Otras de las entidades que obtienen altas ganancias y ventajas de las economías emergentes, son las bolsas de valores y corporaciones financieras que establecen niveles de competencia entre los países para acceder a un financiamiento, con criterios denominados Indicadores de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI, por sus siglas en inglés), colocando a la economía salvadoreña entre los países de más riego para cumplir sus compromisos de deuda, junto a Venezuela, Ecuador y Argentina.

La falta de liquidez y una inestabilidad política ha llevado a que el país esté en una baja calificación de riesgo para obtener nuevos préstamos; a pesar de dicha situación el gobierno salvadoreño decide colocar bonos en el mes de julio por $1000 millones de dólares a una tasa de interés de 9.5%, siendo una de las tarifas de interés más altas desde 2002. Dicha acción significa que este crédito será cancelado hasta el 2052, y cada año el país pagará $95 millones de dólares sólo en intereses, por los próximos 32 años.

Inclusive, la pandemia y la deuda pública han servido para que el gobierno realice compras nacionales e internacionales poco transparentes, beneficiando a grandes corporaciones y a un círculo de amistades y familiares en su cadena de distribución. En esta realidad quienes ostentan el poder político se ven mayormente beneficiados, en detrimento de la mayoría de la población.

Por tanto, la reflexión es que de nuevo la inmensa mayoría de salvadoreños y salvadoreñas es la que pierde con la actual pandemia, ya que, en una situación fiscal crítica, los sectores empobrecidos son los que más sufren las consecuencias, presentes y futuras.

Por ejemplo, el destino de una parte de los préstamos ha sido dirigido para subsidiar el pago de salarios en el sector privado, estableciendo como condición principal que deben ser empresas formalmente establecidas. Por tanto, el sector informal, que representa el 75% de la economía del país, queda excluido de este beneficio.

Por otro lado, la situación ambiental del territorio salvadoreño seguirá siendo afectada, pues se presagia que la deuda pública será el pretexto perfecto para potenciar políticas neoliberales como los asocios público privados y financiar proyectos e infraestructura que conllevarán severos impactos en los ecosistemas, la biodiversidad y otros bienes naturales comunes. También se desplazarán comunidades, cuyos medios de vida serán afectados, lo que violenta derechos humanos y colectivos.

En consecuencia, es previsible que el presupuesto general de la nación de los próximos años disminuya en áreas vitales y estratégicas como educación, salud, vivienda, agricultura, agua potable, entre otras, para priorizar el pago de la deuda. Cualquier tipo de subsidio a los grupos más vulnerables será extremadamente limitado.