Expertos y expertas en derechos humanos, representantes de 17 organizaciones de Honduras e internacionales, formaron una misión para garantizar que el primer juicio contra ocho imputados por el asesinato de la líder indígena lenca, Berta Cáceres, y el intento de asesinato del activista ambiental mexicano Gustavo Castro, “se desarrollen de acuerdo con los mejores estándares internacionales y la normativa interna”, anunció el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) que coordinaba la defensora asesinada el 2 de marzo de 2016 en su casa de La Esperanza, departamento de Intibucá.

A raíz de su lucha y su labor de defensa, Berta Cáceres fue víctima de numerosas amenazas y campañas de estigmatización y criminalización, lo que llevó a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgara medidas cautelares desde el año 2009. Recordemos que, además del territorio, ella defendía los derechos culturales de los pueblos indígenas y campesinos, así como los derechos de las mujeres. En 2015 recibió el Premio Goldman, máximo galardón para quienes buscan preservar el medio ambiente.

Este juicio tendrá lugar del 17 de septiembre al 19 de octubre de 2018 en el Tribunal de Sentencia de la capital hondureña, Tegucigalpa.

“La adecuada administración de la justicia es un componente esencial del Estado de derecho, y un sistema legal que funcione y demuestre su capacidad para actuar con independencia e imparcialidad es fundamental para una sociedad democrática basada en el respeto de los derechos humanos” dijo en la conferencia de prensa en que se presentó la misión, el representante de The Promise Institute for Human Rights-UCLA School of Law, Joseph Berra. Estas valoraciones se hicieron llegar al Presidente de la Corte Suprema de Honduras, anunciando la conformación de dicha misión.

La misión estará pendiente de que se respete el derecho a un debido proceso, la tutela judicial efectiva y el derecho de acceso a la justicia de las víctimas por el asesinato de Berta Cáceres.

“En numerosas ocasiones la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha identificado una situación de impunidad estructural en Honduras, por lo tanto nuestra misión de observación es un esfuerzo oportuno para monitorear si el proceso judicial cumpla con los estándares internacionales”, agregó Berra.

Durante la misión de observación, los miembros del equipo se reunirán con funcionarios y funcionarias judiciales; fiscales, misiones diplomáticas, organismos internacionales de derechos humanos, abogadas y abogados defensores y de las víctimas, en un esfuerzo por obtener una amplia perspectiva del juicio.

“En este sentido, las organizaciones que forman la Misión de Observación hicieron un llamado a las autoridades judiciales para que permitan el correcto desarrollo del proceso, apegado a derecho y en consonancia con las responsabilidades internacionales en materia de derechos humanos que ha asumido Honduras”, dijeron desde el COPINH. “Esto es particularmente relevante en un contexto en el que la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras está en el foco de atención de la comunidad internacional”, añadieron.

Desde Canadá participan Abogados Sin Fronteras Canadá y el Centro Canadiense Para la Justicia; de Estados Unidos: Guatemala Human Rights Comission, The Promise Institute for Human Rights-UCLA School of Law, National Lawyers Guild; la Fundación para el Debido Proceso; por Francia la Federación Internacional de los Derechos Humanos y el Observatorio Internacional de Abogados; por Colombia, la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo; desde Guatemala: el Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos, Impunity Watch, Plataforma Internacional contra la Impunidad; de Nicaragua: el Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas, por Honduras: el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH). A nivel regional, la representación es del CEJIL, y a nivel mundial la Comisión Internacional de Juristas.