El tribunal popular tendrá la tarea de evaluar y juzgar los crímenes cometidos durante 15 años de ocupación militar internacional en Haití, a través de las misiones “de paz” de Naciones Unidas (como la MINUSTAH y MINUJUSTH). Buscará promover “procesos de desocupación, justicia y reparación para todas las víctimas de la represión, la violencia sexual y el cólera introducido por parte de las tropas de ocupación”, informaron los organizadores.

La organización estuvo a cargo de la Plataforma Haitiana para la Promoción del Desarrollo Alternativo (PAPDA), el el Instituto por Justicia y Democracia en Haití (BAI/IJDH) y el Movimiento de Libertad e Igualdad de Haití por la Hermandad (MOLEGHAF), con el apoyo de La Vía Campesina, el MST y Jubileo Sur, entre otros.

Haití está bajo la ocupación militar de las Naciones Unidas desde 2004, después de un golpe de Estado apoyado por Estados Unidos contra el presidente electo Jean-Bertrand Aristide. Con la inestabilidad que siguió al golpe, el Consejo de Seguridad de la ONU clasificó al país como una «amenaza para la paz y la seguridad internacional en la región» y allanó el camino para la invasión de Haití por 10 mil soldados de 31 países.

El Tribunal Popular comenzará a funcionar en 2020 con la participación del pueblo haitiano, sus organizaciones y diversas fuerzas solidarias del mundo.

El Coloquio Internacional “Ocupación, soberanía, solidaridad: hacia un tribunal popular sobre los crímenes de la MINUSTAH” contó con casi 200 participantes que, del 7 al 10 de diciembre de 2019, debatieron, analizaron e intercambiaron experiencias. El trabajo en talleres permitió un balance sobre los procesos de solidaridad desarrollados en las últimas décadas por diversas organizaciones, movimientos sociales y comités de solidaridad.

Entre las manifestaciones de solidaridad de los pueblos, Radio Mundo Real recogió los testimonios de Nora Cortiñas -Madre de Plaza de Mayo, Argentina-, de la activista uruguaya Monica Riet, y de Candy Cebro integrante del sindicato petrolero de Trinidad y Tobago.

“Le siguen llamando ‘ocupación’ a una invasión”

Nora Cortiñas, argentina integrante de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora y Danielle Magloire, coordinadora del Colectivo contra la Impunidad, compartieron la experiencia de resistencia de las mujeres contra los regímenes dictatoriales en sus respectivos países durante la última jornada de trabajo del coloquio.

Nora Cortiñas

Ambas protagonizaron un conversatorio convocado por la organización Solidaridad de las Mujeres Haitianas (SOFA) denominado “Argentina-Haití, intercambio de experiencias feministas en contextos de dictadura”.

“Van a tener que salir a la luz los responsables. No basta con una reparación global o económica. Se tiene que hacer sobre cada víctima una reparación. Este tribunal popular es el primer paso para decir: ‘Nadie queda impune’”, dijo Nora Cortiñas a RMR.

La idea es que el tribunal popular se replique en otros países como Argentina y Uruguay, explicó Mónica Riet.

Uruguay proporcionó efectivos militares para la MINUSTAH entre 2004 y 2017. Cascos azules uruguayos que participaron esa misión son parte de los militares extranjeros acusados de violar, explotar sexualmente y dejar embarazadas a mujeres y niñas en Haití. Hay 265 casos de niños concebidos por los cascos azules de la ONU, en una “mezcla preocupante de coerción y abuso que dejó a niñas de tan sólo 11 años para criar a sus hijos en condiciones de pobreza extrema”, dice una investigación publicada en diciembre pasado en los medios The Conversation y Washington Post.

De los 265 casos de embarazos, 74 serían responsabilidad de efectivos uruguayos -repatriados aunque se sabía que iban a ser padres-.

En el país sudamericano también recuerdan un video que se viralizó en 2011, que mostraba cómo tres efectivos se burlaban de un joven haitiano mientras lo retenían con los pantalones bajos y lo filmaban. La justicia uruguaya condenó a los militares sin prisión por el delito de violencia privada.

A 10 años del terremoto

Este 12 de enero se cumplió una década del fatal terremoto en el que murieron más de 300 mil haitianos y un millón y medio quedó sin su hogar.

En los últimos diez años, unas 10 mil personas murieron por epidemias como el cólera y más de 32 mil personas siguen viviendo en carpas, en unos 22 campamentos montados tras el terremoto de 2010.

Desde julio de 2018 las protestas se mantienen de forma ininterrumpida contra la corrupción y la burocracia del gobierno de Jovenel Moïse.

Agradecemos la colaboración de Lautaro Rivara para realizar este informe.