El 21 de agosto, miles de indígenas -provenientes de 13 municipios chiapanecos- realizaron una gigantesca marcha y peregrinación desde San Cristóbal de las Casas hacia la capital Tuxtla Gutiérrez.

En ese caminar denunciaron las amenazas que sufren ante sus intentos de autodeterminación en la elección de representantes de los gobiernos comunitarios, y la oposición que han presentado desde el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (MODEVITE) a megaproyectos, como los extractivistas y el Tren Maya, que afectan territorios ancestrales.

El 12 de julio, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos manifestó su preocupación por «los actos de amenaza, intimidación y difamación contra organizaciones de derechos humanos defensoras de la tierra y el territorio en el municipio de Chilón, incluyendo la Misión Jesuita de Bachajón, el Centro de Derechos Indígenas (CEDIAC A.C.) y el MODEVITE», llevados a cabo el 8 de junio por parte de autoridades municipales, ejidales y comunitarias de Chilón, que acusaban a las organizaciones mencionadas de «oponerse al progreso y al desarrollo de los pueblos».

Estas situaciones intimidatorias se profundizaron, incluso con intentos de desplazar a las comunidades, cuando a comienzos de agosto en Chilón -región indígena tseltal de Chiapas- eligieron, mediante votación comunitaria, a las autoridades de su autogobierno. Como integrantes de partidos políticos no validaron estas elecciones, el gobierno comunitario convocó a un equipo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para que realizaran un “estudio cultural” (tal como indica el artículo 2º de la Constitución Federal y Tratados Internacionales en que el Estado mexicano es parte) y comprobasen que mantienen usos y costumbres de los pueblos originarios que eligen con “sistemas normativos indígenas” a sus autoridades.

Durante la visita a esa región, entre el 8 y 13 de agosto, los antropólogos del INAH fueron amedrentados por autoridades partidarias e incluso fueron retenidos por unas horas, presionándolos para que se retirasen del lugar.

Radio Mundo Real se comunicó con dos integrantes del Consejo del Gobierno Comunitario de Chilón, vinculados a CEDIAC, que detallaron los amedrentamientos que han sufrido en los intentos de formar sus autogobiernos, y destacaron la articulación que hacen con MODEVITE en la defensa de la vida, de los territorios y de los derechos de los pueblos originarios a decidir sobre los proyectos que se lleven a cabo.

Desde Otros mundos Chiapas/Amigos de la Tierra México, se solidarizaron con el Gobierno Comunitario de Chilón y el CEDIAC «ante las confrontaciones de servidores públicos del ayuntamiento de Chilón con la intención de impedir el avance del estudio cultural para lograr el reconocimiento de la libre determinación y respeto a los sistemas normativos internos».

Militarización: la otra amenaza

A comienzos de agosto, distintas organizaciones sociales y de derechos humanos advirtieron que estas situaciones de amenazas, intimidación y desplazamientos forzados de comunidades se dan en pleno «contexto de hostigamiento militar en Chiapas», que durante este sexenio de gobierno tendrá el despliegue de la Guardia Nacional anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, guardia que incluye a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a la Secretaría de Marina Armada (Semar) y a la Policía Federal, y el «reacomodo geoestratégico en el sur-sureste con grandes megaproyectos económicos como el Proyecto Integral de la Península (incluido el Tren Maya y la autopista Palenque – San Cristóbal), el Proyecto Integral del Itsmo de Tehuantepec, el Proyecto Integral Morelos, la refinería de Dos Bocas en Tabasco”.

Tomando en cuenta el aproximado de, al menos, 76 campamentos existentes en todo el estado, 65 de los cuales se encuentran en zonas de confluencia de los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas, «esto representa la continuidad y profundización de la militarización, manteniendo el cerco de hostigamiento y amenazas a la autonomía de las comunidades zapatistas», agregaron.

«El cuartel militar más grande de Chiapas se construyó en una de las zonas donde se intenta imponer la industria minera, como parte de la Cuarta Transformación que significa el despojo de los territorios, el desplazamiento forzado de sus comunidades, el cambio en el uso del suelo, el desarraigo cultural, para beneficiar a las empresas transnacionales a costa del exterminio de los pueblos”, expresaron, según recoge el medio Chiapas Paralelo.

Las organizaciones también alertaron por la situación de seis presos políticos indígenas que mantuvieron durante cuatro meses una huelga de hambre e hicieron un llamado “a estar atentos y atentas, a estar informándose e informando» sobre lo que ocurre en este estado al Sur de México.