La decisión fue tomada el 20 de febrero, cinco días antes de que se cumpla un mes del ecocidio, cuando reventó un dique que contenía residuos tóxicos de la minera Vale en ese municipio de Minas Gerais, causando 165 víctimas fatales, 155 desaparecidos y 138 desplazados, y la pérdida total de la producción agropecuaria de la zona.

Tras una audiencia judicial celebrada en Belo Horizonte entre el Movimiento de Afectados por Represas de Brasil (MAB) y representantes de la minera Vale, un juez ordenó a esta empresa que entregue durante 12 meses un salario mínimo a todas las personas que viven en el municipio de Brumadinho más 400 reales, que es el valor de una canasta de alimento.

También ordenó la creación de una asistencia técnica independiente -elegida por los afectados- y la contratación de una empresa independiente para registrar quiénes están en situación de emergencia en Brumadinho y el Río Paraopeba, acciones que hasta el momento estaban en manos de la empresa minera transnacional.

Los afectados y la Vale mantendrán una nueva reunión el 7 de marzo para abordar otras cuestiones que quedan pendientes.

Tchenna Maso, integrante del Movimiento de Afectados por Represas (MAB), estuvo presente en la audiencia y valoró la decisión del juez porque “permitirá que las familias puedan cuantificar el daño que han sufrido, de manera independiente”, sin la injerencia de la transnacional.