A lo largo de 2019, la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) registró 1.833 conflictos en el campo (que equivalen a cinco por día) y representan un 23% más que en 2018: el mayor número registrado por la CPT en los últimos cinco años.

Esto significa un aumento del 14% en la cantidad de asesinatos (de 28 a 32); del 7% en los intentos de asesinato (28 a 30) y del 22% en las amenazas de muerte (de 165 a 201).

Entrevistada por RMR, Isolete Wichinieski, integrante de la Coordinación Nacional de la CPT, remarcó que, si bien el registro que la organización realiza desde hace 35 años es minucioso, es apenas una “muestra” que da un panorama de los numerosos conflictos por la tierra y los territorios, por el agua y por cuestiones laborales que se dan en todo Brasil.

De los 32 asesinatos cometidos contra defensores y defensoras de tierras y territorios, tres de las víctimas fueron mujeres. Wichinieski puntualizó que se destaca una saña especial en los crímenes contra las mujeres: 102 sufrieron actos de violencia y las asesinadas presentaban marcas de torturas.

El discurso violento y de odio contra campesinos e indígenas utilizado por el presidente Jair Bolsonaro durante su primer año de gobierno “coloca a campesinos e indígenas como los enemigos del desarrollo en el campo”, dice Isolete Wichinieski (CPT).

En el informe “Conflictos en el campo 2019”, la CPT dice que el discurso del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro “puede explicar muy bien el avance de la violencia en el campo” de un año a otro, con su defensa de la propiedad privada y legitimando el uso de armas por parte de terratenientes para atacar a comunidades indígenas. De hecho, 320 familias indígenas fueron expulsadas por los autodeclarados «dueños» de la tierra, una acción que podría exacerbarse con la Medida Provisoria MP 910/19.

Parte de las consecuencias de esta actitud de Bolsonaro ha sido que la Amazonia Legal (que incluye nueve provincias) se convierta en la región con mayor cantidad de conflictos por la tierra (20% del total) y nueve indígenas asesinados -el mayor número de casos en la última década-. A esto debe sumarse el impacto producido por los incendios en la Amazonia, como parte del avance en la frontera agrícola a través de “queimadas” para deforestar esta zona conocida como “el pulmón del mundo”.

Conflictos por la tierra

De los 1.254 conflictos registrados, 1.206 fueron incidentes de conflictos por tierra con alguna forma de violencia, provocada por supuestos propietarios y/o acaparadores de tierras.

Hubo una explosión en el número de desalojos en la región Sur (450%), Centro-Oeste (114%) y Norte (55%).

La Medida Provisoria MP 910/19 se discute actualmente en el Parlamento y pretende autorizar la apropiación indebida de millones de hectáreas de tierras baldías de la Unión, extendiendo de 1.500 a 2.500 hectáreas las ocupaciones irregulares por parte de grandes hacendados que podrían ser legalizadas, y expulsar a comunidades indígenas y afrodescendientes originarias que permanecen en esos territorios desde hace muchísimos años. Además, la MP no reconoce delitos ambientales que puedan cometer allí los hacendados y les permite ejercer una explotación laboral similar a la de un régimen de esclavitud.

Por primera vez el informe contiene un texto escrito por una indígena, Sônia Guajajara, integrante de la Coordinación Ejecutiva de la Articulación de los Pueblos Indígenas del Brasil – APIB. En su texto describe los ataques y violaciones de los derechos de los pueblos indígenas durante el primer año de gobierno de Bolsonaro. “Desde la toma de posesión de Jair Bolsonaro a la presidencia de la República, en enero de 2019, sufrimos una intensa y grave ofensiva contra los derechos de los pueblos indígenas en Brasil”, afirma Guajajara.

Durante la pandemia los conflictos continúan en las comunidades

Ante esta coyuntura de violencia contra el campesinado, contra los pueblos indígenas, quilombolas y pueblos afrodescendientes, la respuesta organizada en Brasil demostró un récord en la cantidad de manifestaciones registradas por la CPT: aumentaron 142% respecto de 2018. Esto quiere decir: unas 1301 manifestaciones a lo largo de 2019 (3,5 por día) por la educación pública, contra la reforma previsional, por los derechos de mujeres indígenas y campesinas.

Un escenario diferente se vivirá este año, debido a la pandemia de COVID-19, que está virando hacia debates y acciones virtuales, como el Acampamento Terra Livre 2020.