El Consejo de Pueblos Wuxhtaj y el Consejo del Pueblo Maya (CPO), que integran el Movimiento de Afectados por las Represas en América Latina (MAR), denunciaron que el 16 de diciembre fueron asesinados los hermanos Nery Esteban Pedro y Domingo Esteban Pedro, oriundos de la comunidad Bella Linda, microrregión de Ixquisis (municipio de San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, Guatemala).

Ambos eran defensores del río Pojom y se oponían a la construcción de las hidroeléctricas Pojom I, Pojom II y San Andrés. «Fueron asesinados a balazos, en el marco de una serie de ataques perpetrados por fuerzas oficiales y paramilitares encargadas de proteger estos tres proyectos, contra los cuales la población indígena Chuj lleva más de una década resistiendo de manera pacífica», denunciaron desde el Movimiento de Afectados por Represas.

Joel, responsable de la organización comunitaria de Bella Linda, dijo a RMR que el Ministerio Público Fiscal y la Policía Nacional Civil (PNC) actuaron con negligencia luego que organizaciones de derechos humanos denunciaran ante las autoridades la aparición de los cuerpos de los hermanos en la casa de máquinas de la empresa hidroeléctrica.

Desde el Consejo del Pueblo Maya (CPO) señalaron que estos crímenes son parte del hostigamiento y otros tipos de violencia ejercida por integrantes de la empresa panameña Energía y Renovación Holding S.A., que ha impuesto sus proyectos en el territorio con la complicidad del gobierno guatemalteco, la represión de la PNC y el apoyo de inversiones de instituciones financieras como el Banco Centroamericano de Integración Económica.

Francisco Rocael, integrante del CPO,  dijo a Radio Mundo Real que estos proyectos extractivistas han dividido a muchas comunidades, generando conflictos a través de «infiltrados» que enfrentan a pobladores entre sí. El defensor pidió justicia por los asesinatos de los Esteban Pedro y recordó que también sigue impune el crimen de Sebastián Alonso, cometido en enero de 2017, asesinado por fuerzas paramilitares durante una marcha pacífica organizada contra Pojom I.

“Esta situación se suma a una serie de violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas por la implementación de una política energética en Guatemala para satisfacer una demanda de las grandes industrias y no las demandas de las comunidades. Una política energética que se está imponiendo con sangre, con división comunitaria, con represión estatal y militarización, que pretende convertir al país en uno de los exportadores de energía a nivel regional”, dijo Rocael.

“Se debe llegar no solo a los autores materiales sino también intelectuales de estos crímenes, perpetrados para proteger altos intereses económicos. Este tipo de proyectos que se presentan como vectores de desarrollo para los pueblos campesinos de nuestro continente no garantizan ningún derecho, ni el derecho básico a la electricidad”, agregaron desde el Movimiento de Afectados por Represas y Otros Mundos Chiapas-Amigos de la Tierra México, que adhiere a esta denuncia.

Desde MAR y CPO también denunciaron «la farsa» de «los Acuerdos de paz y desarrollo de San Mateo Ixtatán» firmados en octubre sin el consentimiento de la comunidad local, luego de una intimidación de 300 efectivos de la Policía Nacional Civil que custodiaban las instalaciones de la empresa Energía y Renovación para hostigar a la población en resistencia. Ante estos hechos, los movimientos sociales exigen, una vez más, la cancelación definitiva e inmediata de los proyectos Pojom I, Pojom II y San Andrés.