La condena fue realizada el 9 de julio por el juez Elton Pupo Nogueira, del Tribunal de Justicia de Minas Gerais.

Si bien todavía no fijó el monto que deberá pagar la empresa por indemnizaciones, la justicia mantiene el bloqueo de activos de Vale por 10 mil millones de reales (unos 3 mil millones de dólares) y ordenó una pericia técnica independiente para relevar los daños socioambientales y una asesoría técnica para los afectados que colabore en la elaboración de programas para reparar a las víctimas.

A su vez, el juez canceló una negociación que Vale estaba haciendo, abordando individualmente los casos, queriendo negociar indemnizaciones individualmente y, a cambio, adquirir las tierras de los afectados en esta región.

Ya en febrero, un mes después de la catástrofe evitable, la justicia había ordenado un pago de emergencia para unas 6000 personas afectadas que debían percibir un salario mínimo por adulto, medio salario mínimo por adolescente y un cuarto de salario mínimo por niño/a.

Para hablar sobre esta decisión judicial histórica entrevistamos a Joceli Andrioli de la Coordinación Nacional del MAB (Movimiento dos Atingidos por Barragem / Movimiento de Afectadxs por Represas en Brasil) que acompaña a las víctimas.