Paradójicamente, el importante uso de los mecanismos de participación ciudadana en la defensa de los bienes comunes ha intensificado la disputa por el verdadero sentido de la democracia durante los últimos años. Esto debido a que la fundamental participación de los pueblos en la defensa y la protección de los bosques, los suelos y las aguas ha desembocado en una reflexión sobre ¿qué es participar? ¿cómo se concibe la participación?, ¿cuál es su significado legal y/o legítimo en los territorios? Al mismo tiempo, estos pensamientos plantean retos importantes en cuanto a la concepción de las luchas ambientales más allá de lo jurídico, y presentan interesantes horizontes para la articulación de los actores en los territorios, en su diversidad y diferencias.

Recientemente, la Corte Constitucional ha emitido una serie de sentencias contradictorias frente al derecho de participación ciudadana que promulga la Constitución de Colombia (ej: T-342 de 2019), donde limita aún más la posibilidad de los municipios de decidir sobre la realización o no de actividades extractivas en sus territorios. Por esta razón, la Corte insta al Congreso de la República que defina mecanismos de participación ciudadana e instrumentos de coordinación y concurrencia nación-territorio.

Bajo este contexto, es posible determinar dos escenarios producto de las limitaciones a la participación por parte de la corte. Por un lado, desde el inicio del año, el gobierno junto a sectores mineros y petroleros han anunciado la propuesta de un proyecto de ley sobre la coordinación y concurrencia del gobierno central con los representantes de los municipios -alcaldes- para la concertación de las actividades extractivas. Aunque hasta el momento no se ha presentado por parte del gobierno dicho proyecto, si se ha venido denunciando en diferentes medios de comunicación la estrategia de la Agencia Nacional Minera y Agencia Nacional de Hidrocarburos de reunirse con los alcaldes para promulgar tales territorios como municipios mineros y dar vía libre a las actividades extractivas (1). Es necesario aclarar que la estrategia del gobierno también se encuentra articulada con una reforma de la ley de regalías, actualmente en debate en el Congreso, que incrementaría el nivel de beneficios a los municipios que aportan mayores recursos al Sistema General de Regalías, intentando presentar a la minería y petróleo como más codiciables.

Quienes sí presentaron un proyecto de ley sobre la concertación y concurrencia respecto a actividades extractivas fueron los partidos de oposición, radicado el 24 de julio del 2019. El proyecto establece la necesidad de audiencias públicas ambientales, la participación de las universidades para los estudios previos a actividades extractivas, el reconocimiento a las posibles objeciones de los municipios y participación de la “ciudadanía”. Ahora bien, será necesario que el proyecto de ley pase por los diferentes debates y que no se convierta en un adefesio en donde la participación quede eclipsada por una simple concertación bilateral entre el gobierno central y los alcaldes, o que parta de un diálogo desigual entre comunidades y el sector empresarial. En definitiva, queda la pregunta ¿qué posibilidades reales van a tener las comunidades para decir no a un proyecto extractivo?.

Por otro lado, frente a esta situación los procesos organizativos han seguido construyendo y fortaleciendo propuestas de autonomías energéticas, alimentarias y de ordenamiento territorial popular, que se traducen en acciones concretas en la disputa por la participación y por la gestión comunitaria de los bienes comunes. En este sentido, y durante los últimos meses se han consolidado las consultas populares legítimas, inspiradas en ejercicios de participación ciudadana con el objetivo de radicalizar la democracia. Estamos hablando, por ejemplo, de la Consulta Autónoma realizada en La Guajira en el 2014, entre otras cosas, contra la expansión cabonifera en territorios étnicos, los mandatos populares en el Suroeste Antioqueño, construidos por varias comunidades en temas sobre uso del suelo y agua, patrimonio cultural y ambiental, participación social y educación territorial, así como propuestas de ordenamiento en relación con la construcción social y cultural de los territorios.

Sumado a lo anterior, la última consulta popular legítima respecto a la exploración y explotación de minería metálica e hidrocarburos llevada a cabo en Mercaderes (Cauca) el pasado 3 de agosto, fruto de la organización de varios procesos en la Coordinadora Integral Social Mercadereña y de las históricas luchas por las aguas en la región, deja enseñanzas que robustecen los ejercicios autónomos de las comunidades: 1) Se consolida una pedagogía popular y ambiental en donde las comunidades son capaces de aprender y enseñar en el voz a voz, de casa en casa, donde las expresiones culturales y artísticas se convierten en una oportunidad para el convite, la solidaridad y la alegría del compartir. 2) Redimensión (resignificación) de los territorios: ha sido la posibilidad de recorrer nuevamente los territorios, recordarlos, inquietarse nuevamente por sus montañas, fuentes y paisajes, en algunos momentos hasta se ha podido descubrir nuevos caminos, cuerpos de agua o animales. 3) Radicalizar la democracia ante la negativa del Estado de hacer cumplir el derecho de participación de la ciudadanía, las comunidades se organizan para hacer efectivo su derecho, el Estado se convierte en algo superfluo, no necesario para la expresión de una democracia radical. 4) Articulación de actores diversos más allá de sus diferencias para la protección del agua y de la vida, que abarca también la lucha por las economías propias y las posibilidades de transformación desde la raíz.

Uno de los retos fundamentales radica en cómo dar continuidad a la construcción de los sentidos de la participación en clave de ejercicios de autonomía territorial. Si bien las posibles respuestas son asuntos para seguir reflexionando y construyendo -hay ejemplos y pistas en lo más profundo del tejido territorial-, resulta importante seguir aprendiendo de ellas, tanto de sus obstáculos como de sus aciertos.

(1) Díaz, Karla (2019). ¿Quién decide sobre el uso del subsuelo en los municipios? La Silla Vacía. Recuperado el 10 de septiembre en: https://lasillavacia.com/silla-llena/red-verde/quien-decide-sobre-uso-del-subsuelo-los-municipios-71490