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Brumadinho: dos años de impunidad

A 2 años del rompimiento de la presa minera en esa ciudad brasileña, los afectados no recibieron una reparación integral.

Este 25 de enero se conmemoró el segundo aniversario del peor crimen ambiental en la historia de Brasil: el rompimiento de una gigante presa minera a cargo de Vale S. A., ubicada en Córrego de Feijao, cerca de Brumadinho, estado de Minas Gerais. Miles de personas afectadas [1] no han recibido una reparación acorde a los impactos sufridos.

 

Así lo denunció el Movimiento de Afectados por Represas de Brasil (MAB) en diversos actos virtuales y presenciales que realizó hasta el 25 de enero, aniversario de aquel deslave que avanzó sobre oficinas, casas, animales y el río Paraopeba.

 

«El único objetivo de Vale es el lucro por encima de la vida. En la región de Brumadinho, la empresa actúa para no pagar por sus crímenes, a cualquier precio, y quiere evitar nuevos gastos en la reparación de los derechos violados. Al mismo tiempo, quiere seguir explotando el mineral en Minas Gerais, enviándolo fuera del país sin pagar el mínimo de impuestos», denunció el Movimiento de Afectados por Represas de Brasil este 22 de enero, como parte del balance presentado ante la prensa internacional [2] a 2 años del crimen socioambiental en Brumadinho.

 

«Para lograr estos objetivos -continuaron-, Vale utiliza diversas estrategias, desde la captura de gobiernos, parlamentarios, poder judicial, órganos de gobierno y otras estructuras legales institucionales, hasta la desorganización de la población y el debilitamiento de su capacidad de lucha mediante la cooptación de las personas afectadas y de líderes populares, e incluso la difusión constante de noticias falsas».

 

Joceli Andrioli, integrante de la Coordinación Nacional del MAB, criticó que la transnacional no haya detenido su actividad ni siquiera en la pandemia y denunció que la empresa lleva adelante grandes campañas mediáticas para lavar su cara y difundir falsamente que se están ocupando de reparar los daños ocasionados.

 

Vale no paró de producir durante la pandemia [3] -remarcó Andrioli-. El interés principal de la empresa es continuar obteniendo lucro de la actividad, aún provocando más muertes de trabajadores. En Brumadinho, la empresa lleva adelante una campaña de propaganda con mensajes que dicen que va a resolver la situación de los afectados, para aumentar el valor de sus acciones”.

Adrioli recordó que a fines de octubre de 2020 Vale anunció que había llegado a un supuesto «Acuerdo Global» de indemnizaciones para las personas afectadas por el rompimiento de la represa, pero en las negociaciones no estaban participando los propios afectados. La transnacional no brindó detalles del acuerdo, excepto que había sido armado junto al gobierno minero e instituciones judiciales como la Defensoría y el Ministerio Público.

 

En un primer momento la propuesta del acuerdo era que la empresa pagara 54 mil millones de reales (aproximadamente 10 mil 130 millones de dólares) entre daños económicos causados al Estado y daños morales y colectivos a la comunidad. Pero Vale propuso pagar menos de la mitad: 21 mil millones (algo más de 3 mil 900 millones de dólares), de los cuales apenas 2 mil millones (375 millones de dólares) serían destinados a 8 mil personas afectadas (aunque el MAB estima que son más de un millón de afectadas en toda la zona).

 

Joelisia Feitosa, habitante de la ciudad de Juatuba, ubicada en la cuenca de río Paraopeba, afectada por el deslave de Brumadinho, dijo en la conferencia de prensa que los afectados no se sienten contemplados por la Justicia:

 

“En estos dos años de este crimen nosotros tenemos una gran sensación de impunidad. Los afectados del río Paraopeba no se sienten contemplados por la Justicia”.

Sin participación de las y los afectados, el Acuerdo Global quedó en la nada hasta el momento. Sin reparación monetaria ni acompañamiento para ex trabajadores de la empresa que padecen shock psicológico por lo vivido tras el rompimiento, ni para las familias que perdieron a sus seres queridos, sin indemnizaciones acordes ni reparaciones materiales ni simbólicas para lo sufrido, sin que las y los afectados puedan participar como quieren para decidir cómo ser reparados en las violaciones a los derechos humanos que han sufrido.

 

“Vale no cumple los pequeños acuerdos a los que ya se comprometió, como entregarnos el auxilio de emergencia mensual y bidones de agua potable -denuncia Joelisia-. La gestión de estos problemas fue delegada por el Estado a Vale y la empresa manipula a la población, va determinando quién es y quién no es afectado, a quién le corresponde la entrega o no de estos auxilios y, de esa manera, va debilitando los territorios (enfrentando o dividiendo a la población)”.

No es solo Vale: «El Poder Judicial desconoce las necesidades reales y urgentes de los afectados en las distintas localidades donde el lodo tóxico de la minera avanzó», dice el documento de balance presentado por el MAB este 25 de enero.

 

Muchas familias afectadas están viviendo un caos, describió Joceli, especialmente por el agua contaminada a lo largo de la cuenca del Paraopeba. Esta contaminación afecta el acceso al agua potable, la producción agropecuaria y la pesca artesanal, las principales trabajos de las comunidades que viven a la vera del río, sumado a la reducción drástica de las actividades turísticas -prohibiendo el nado y la visita a muchas localidades. Además se registran numerosos problemas de salud [4]: desde alergias en la piel hasta profundos estados depresivos. Así lo describió Joelisia:

 

“Muchas personas que mueren de depresión, de tristeza, muchos intentos de suicidio, muchas personas perdieron su dignidad: nuestra condición de vida se vio totalmente alterada de un momento a otro, de forma brusca, violenta, perdimos la salud, los animales, la huerta, cerraron los comercios, e infelizmente la gente todavía no obtuvo una reparación”.

Después del rompimiento de una represa minera en Mariana en 2015, con la afectación de la cuencia del río Doce y la contaminación de hasta 300 kilómetros hacia adentro del Océano Atlántico, desde el MAB no dudan en afirmar que «en Brasil no se tomaron las medidas suficientes para evitar que un nuevo crimen ambiental volviera a pasar». Brumadinho estremece, pero además hay al menos 83 de 840 represas en Minas Gerais que están en serio riesgo de colapsar y derrumbarse sobre distintas ciudades, como ocurrió hace dos años.

 

“Vale quiere impedir que se reparen los crímenes producidos por la actividad minera aquí. Esta empresa transnacional quiere mostrar a sus accionistas y al mercado que su forma de actuar es el camino de negociación con afectados y con el Estado. Por eso es importante fortalecer la organización entre distintos movimientos sociales en Latinoamérica para hacer frente a estos ataques de las transnacionales”.

 

Aunque reconocen que es un contexto muy complicado para la lucha, “tenemos esperanzas”, dice Andrioli, “porque somos un movimiento de trabajadores y trabajadoras que jamás bajaremos nuestra cabeza y lucharemos por un mundo mejor, donde los pueblos sean respetados y los criminales castigados. Por eso decimos: ¡Aguas para la vida, no para la muerte!”.

 

En la Galería de Fotos compartimos tres momentos: las primeras cinco fotos forman parte de un fotoreportaje de Isis Medeiros (MAB) realizado pocas horas después del colapso de la represa, en las oficinas y alrededores de Coorego do Feijao y Brumadinho. Luego un pequeño registro de la marcha realizada por el MAB en ese mismo lugar durante el primer aniversario del crimen [5], y por último otras imágenes de actividades realizadas con protocolos sanitarios durante este segundo aniversario el 25 de enero de 2021.