Desde el 7 de diciembre el agua cotiza en el “mercado de futuros de materias primas” de Wall Street, así como el petróleo, el oro, el trigo o la soja.
Los compradores no adquieren productos físicos a la hora de la transacción de futuros, sino que adquieren derechos sobre una cantidad de agua en un futuro, a un precio fijo. Lo que comúnmente se denomina especulación financiera.
El índice llamado NQH2O está basado en los precios de las principales cuencas fluviales de California (Estados Unidos), donde la escasez del agua aumenta. Este valor podrá ser usado como referente para el resto del mundo en los mercados del agua.
Organizaciones ambientalistas en todo el mundo han criticado esta decisión controversial de poner a un bien común como el agua en la Bolsa de Valores. Cabe recordar que en 2004, plebiscito mediante, Uruguay reformó la Constitución y determinó que el agua es un derecho humano fundamental. Y en 2015, la Organización de Naciones Unidas (ONU) declaró que el acceso al agua potable y al saneamiento es un derecho humano.
Para analizar este tema en Radio Mundo Real conversamos con María Selva Ortiz, integrante de REDES-Amigos de la Tierra Uruguay.
“Algo que es esencial para la vida no puede estar en manos de unos pocos, no puede estar en el mercado. Es un bien común, un bien de todos/as y que no solamente es esencial para los humanos sino para todos los que habitamos este planeta, el agua no es una mercancía”.
“Cuando un bien común ha estado en manos de intereses financieros, para generar el mayor lucro en el menor plazo, el recurso se ha visto contaminado, saqueado y claramente hipotecado para las generaciones futuras y para la población en general -advirtió Ortiz. Cuando entra en un mercado, cuando tiene un valor, el que puede acceder es el que tiene más: en el mundo capitalista son las corporaciones y grandes transnacionales”.
¿Qué pasa en Uruguay?
Si bien en Uruguay en un principio no sería posible valorar el agua financieramente porque, como explicó Ortiz, ”todas las aguas superficiales y subterráneas son de dominio público”, la preocupación es que “estas tendencias se empiezan a imponer” y a llegar también a nuestros territorios. Además, Ortiz recordó que “hay intentos a nivel nacional de ir contra la reforma (constitucional de 2004), como pasó con la Ley de Riego [1], con la que si alguien pone una represa o embalsa el agua puede venderla a otros; nosotros siempre manifestamos que esto es inconstitucional”.
Actualmente Uruguay enfrenta una sequía y una crisis de la calidad de sus aguas, entre otras cosas afectadas por el uso de agrotóxicos en el país, que pone en riesgo el abastecimiento del área metropolitana (zonas de los departamentos de Montevideo, Canelones y San José). REDES-Amigos de la Tierra Uruguay ve con preocupación que desde el gobierno digan que están escuchando ofertas de privados para revertir la problemática del agua.
“Acá no es escuchar ni recibir ofertas de privados -criticó Ortiz. Hay una cantidad de mecanismos de participación que fueron habilitados en la reforma constitucional, [en los que se establece que] todos los ciudadanos, la sociedad civil y los usuarios tienen que participar en los procesos de gestión, planificación y control de nuestras cuencas y recursos hídricos. El gobierno tiene que llamar ya a la Comisión de Cuenca del Río Santa Lucía y a la Comisión Asesora de Agua y Saneamiento para ver cómo vamos a enfrentar esta crisis hídrica y cuáles son la alternativas. Tiene que escuchar a la academia y a la sociedad civil”.
Sobre el acceso al agua
Según un informe de 2019 de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés) [2], 2.100 millones de personas carecen de acceso a servicios de agua potable gestionados de manera segura; más de la mitad de la población mundial –4.500 millones de personas– carecen de servicios de saneamiento gestionados de forma segura; y 361.000 niños menores de cinco años mueren cada año debido a enfermedades diarreicas causadas por las malas condiciones sanitarias o el agua no potable.
Las sequías y el estrés hídrico responden, en gran medida y según especialistas en la materia, al mal uso o tratamiento inadecuado de las aguas, a la explotación de las tierras bajo el modelo forestal y de monocultivos -como parte del modelo extractivista de producción-, que a su vez profundiza la crisis climática.
Al respecto, Ortiz reflexionó: “Cuando un bien común entra a escasear, el mercado es el primero que quiere asegurarse su propiedad y hemos visto cómo, con conceptos como el de sustentabilidad, aparecen las corporaciones y el mercado a tratar de cambiar y solucionar con ‘economía verde’ estos problemas ambientales o crisis ambiental. Esto es: asegurar sus ganancias sin reducir la contaminación, sin reducir los problemas ambientales que tenemos como el cambio climático u otros. Los mismos que están contaminando el planeta buscan cómo lucrar con esta escasez, cómo lucrar con esta crisis ambiental”.