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Un claro día de justicia

Atenco: Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a México por violencia sexual y tortura cometidas contra mujeres en 2006

Después de diez años de persistencia, el 21 de diciembre de 2018, once mujeres sobrevivientes de tortura sexual recibieron la noticia que esperaban: la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) condenó al Estado mexicano por su responsabilidad en la violencia sexual, violación y tortura que vivieron en 2006.

El organismo emitió un comunicado en el que reivindicó la palabra de Yolanda Muñoz Diosdada, Norma Aidé Jiménez Osorio, María Patricia Romero Hernández, Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, Ana María Velasco Rodríguez, Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo, Bárbara Italia Méndez Moreno, María Cristina Sánchez Hernández, Angélica Patricia Torres Linares y Claudia Hernández Martínez.

Desde la sede de la Corte Interamericana, en San José (Costa Rica) el organismo emitió un comunicado donde informó que en la sentencia, acordada el 28 de noviembre, concluyó que la actuación durante los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006, ordenados por el entonces gobernador Enrique Peña Nieto, se caracterizó por el uso de la fuerza de manera indiscriminada y excesiva.

La sentencia, que se publica a 21 días de que Enrique Peña Nieto concluyera su investidura como Presidente de México, reconoce la verdad que las once mujeres repitieron durante más de una década: que vivieron violencia sexual por medio de agresiones verbales y físicas; que siete de ellas también fueron víctimas de violaciones sexuales, incluso con objetos, y que todas fueron víctimas de tortura sexual.

En el documento, la CoIDH reconoce que en este caso la tortura fue un mecanismo de control social y que una vez que ellas denunciaron recibieron un trato cruel y degradante. Finalmente, se consideró que la violencia sexual y torturas ejercidas, tanto físicas como psicológicas, en contra de las once víctimas, constituyeron además discriminación por razones de género.

En 2006, cuando las once mujeres denunciaron se les acusó de mentirosas. Ante la falta de justicia en abril de 2008 presentaron su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo que en 2015, tras analizar los alegatos y la negativa de las víctimas de llegar a un acuerdo con el Estado mexicano, envió el caso a la CoIDH para que este emitiera una sentencia.

Finalmente, en la resolución el alto tribunal interamericano ordenó al Estado continuar e iniciar, en su caso, las investigaciones para castigar a los culpables y crear un plan de capacitación de oficiales de la Policía Federal y del Estado de México, cuerpos policiacos que en 2006 ejercieron la tortura sexual.

El organismo internacional también ordenó establecer un mecanismo de monitoreo y fiscalización para medir y evaluar la efectividad de las políticas e instituciones existentes en materia de rendición de cuentas y monitoreo del uso de la fuerza, y elaborar un plan de fortalecimiento del Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual cometida contra Mujeres.

Al respecto, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, organizaciones que representan a las once mujeres, emitieron un comunicado donde aseguran que esta resolución confirma la impunidad que las víctimas han denunciado por 12 años.

Las organizaciones recordaron que las sentencias de la CoIDH son de carácter vinculante para México, por lo que el Estado está obligado a acatar todas las medidas ordenadas por la Corte Interamericana.

Asimismo señalaron que en noviembre de 2017, en una audiencia pública, ellas reiteraron que su búsqueda era por justicia pero también para que ninguna persona viviera las mismas violaciones a derechos humanos, ni en el contexto de la protesta social, ni en otros contextos de detención.

Publicado originalmente en Cimac Noticias [1]