La Red de Derechos Humanos del Putumayo (Colombia), que integra Fensuagro/La Vía Campesina, denunció esta semana una serie de ataques contra campesinos, ejecutados con armas de fuego por parte de miembros de la fuerza pública (Policía Nacional Antinarcóticos y ESMAD) en el marco de operaciones de erradicación y fumigación forzada [1].
En el ataque registrado este martes 17 de noviembre en la Vereda Aguablanca del Corregimiento de Teteyé, Puerto Asís, se ve cómo fuerzas públicas «disparan armas de fuego indiscriminadamente contra campesinos, que no tuvieron otra opción que cruzar el río nadando y aun así les siguieron disparando», describe la Red en un comunicado.
Desde el viernes 13 hay heridos de gravedad por el impacto del disparo de gases lacrimógenos y el uso de armas no convencionales. Denuncian que se están usando sin cumplimiento de órdenes judiciales y no hay garantías para labor de defensores de #DDHH #SOSPutumayo
Ante este uso de la fuerza pública por parte del Estado Colombiano, la Red de Derechos Humanos del Putumayo, Piamonte Cauca y Cofaina Jardines de Sucumbíos, exige que se conforme una Misión de Verificación con Garantes de la comunidad internacional y organismos multilaterales.
«No hay garantías para la vida ni permanencia en el territorio; como tampoco confianza en las entidades e instituciones del orden civil departamental quienes asumen una posición pasiva frente a las resoluciones, derechos y órdenes judiciales vigentes en el marco de la protesta social», afirmaron.
Ataques a campesinos durante erradicaciones forzadas
Como denunció la dirigente campesina de Fensuagro (CLOC-La Vía Campesina), Nury Martínez [3], en este informe de RMR publicado en mayo [4]: «Las erradicaciones forzadas son encabezadas el Ejército y se realizan a costa de sacar el campesinado que vive en esas tierras, acabar con cultivos de pancoger que se tienen y no respetar los Acuerdos de Paz con los compañeros inscritos en programas de sustitución voluntaria y erradicación voluntaria y la programación que ya había sido consensuada con el gobierno”.
Estos ataques a las comunidades también son parte de la estrategia de militarización y despojo de los territorios para que éstos sean ocupados por transnacionales que quieren desarrollar proyectos extractivistas.