«El recurso se funda en la falta de respuesta de parte del tribunal ante la desobediencia constante expresada por el Ministerio Público en su negativa de entrega de información de suma relevancia para garantizar los derechos de las partes. En repetidas ocasiones, la representación de las víctimas del asesinato de la lideresa lenca ha explicitado la necesidad de contar con la información, acto que fue desoido por la Fiscalía y sin respuesta de parte del tribunal», informaron este 19 de septiembre desde el Consejo de Organización Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).
“Dos órdenes judiciales han sido incumplidas desde enero de este año, negando con eso nuestro acceso a la información fundamental. Este hecho afecta no solo a las víctimas, sino que también perjudica a los imputados y niega las condiciones necesarias para proceder con el juicio”, expresó uno de los abogados representantes de la familia de Berta, Víctor Fernández. Por su parte, el COPINH y la familia de la defensora enfatizaron en la necesidad de hacer justicia, pero con el debido resguardo al proceso: “Nosotros y nosotras queremos y hemos exigido que se haga justicia, pero no justicia a toda costa, ni de cualquier manera. Hemos facilitado y hecho más de lo que deberíamos, pero el Estado ha fallado en brindar las garantías de un debido proceso”.
Mientras se esperaba el inicio del juicio, en las afueras de la Corte Suprema de Justicia, se realizó un plantón pacífico en exigencia de justicia para Berta y el pueblo Lenca por parte de un grupo personas, sobre todo mujeres representantes de las organizaciones de los pueblos indígenas junto a las comunidades organizadas en el COPINH. La actividad en solidaridad con la familia y las víctimas del asesinato fue interrumpida por un grupo de personas identificadas como cercanos a la empresa DESA, que llegaron al lugar con pancartas en las que pedían libertad para Sergio Rodríguez, uno de los imputados en el crimen, el intento de provocación fue controlado por las lideresas de OFRANEH y COPINH, esto en presencia de la policía sin que hubiese reacción oportuna.
El recurso de recusación fue recibido por la Corte de Apelaciones de lo Penal Francisco Morazán el 19, «lo que significa que tiene 24 horas el tribunal de sentencia para rendir informe, luego del trámite la corte debe evaluar si procede la recusación y en caso positivo debe conformar un nuevo tribunal para desarrollar el juicio, lo que deja a la espera la convocatoria para el inicio del esperado juicio», informaron desde la organización.