El Movimiento de Afectados por Represas de Brasil (MAB, por sus siglas en portugués) comenzó este lunes 20 una semana de actividades como parte de las Jornadas de Lucha a un año del crimen de Vale en Brumadinho [1].
A través de una marcha, cientos de personas afectadas por las represas mineras e hidroeléctricas recorrerán durante cinco días 300 kilómetros, haciendo el recorrido contrario a cómo avanzó el barro tóxico un año atrás cuando, el 25 de enero de 2019, colapsaron tres presas de lodo tóxico en el municipio de Brumadinho y 12 millones de metros cúbicos de ese barro con metales pesados arrasó sobre casas, oficinas, restaurantes y 272 personas (dos de ellas embarazadas).
Cuatro días después de que la presa reventara, la policía había arrestado a unos inspectores -que debían haber garantizado la estabilidad del dique “montante” que contenía residuos tóxicos- y a tres empleados de la empresa Vale responsables de la seguridad, pero pocas horas después fueron liberados. Desde entonces, ningún directivo de la empresa, que es la mayor productora mundial de hierro y de níquel, ha sido identificado ni procesado por la Justicia como responsable del crimen.
En la marcha de este lunes las y los manifestantes partieron de la Plaza del Papa, en el centro de Belo Horizonte, y caminaron un kilómetro hasta el Tribunal de Justicia de Minas Gerais y luego hacia la Agencia Nacional de Minería (ANM). Exigieron “acelerar el proceso de justicia”, denunciar la impunidad en la que permanecen los responsables de Vale S.A. en el crimen y también la falta de fiscalización sobre las condiciones de construcción de las represas.
De 840 represas que hay en Minas Gerais se sabe que al menos 83 están en serio riesgo de colapsar y derrumbarse sobre ciudades, como ocurrió en Brumadinho. Según pudo saber Radio Mundo Real hay solo siete funcionarios en la Agencia Nacional de Minería para fiscalizar [2] todas las represas de la provincia.
Afectadas que integran el MAB comentaron a este medio cómo están viviendo en sus localidades la contaminación que ha dejado el barro tóxico de Brumadinho, que corrió a lo largo del río Paraopeba.
“Donde vivimos es muy bonito, pero sentimos que ahora, con la contaminación del río, no es lo mismo”, dice Sandra de Assis Reis, oriunda de Entre Rios de Minas -donde nace el Paraopeba-, profesora de Historia y Coordinadora del Foro de Vivienda Popular.
“El río está hoy muy contaminado. Cuando oímos la noticia de que el río Paraopeba se había estropeado nos sentimos muy mal porque allí donde vivimos tienes la naturaleza, los niños, los peces, entonces es un dolor muy grande sentir que el río, ahora, no es lo mismo. Todo está vinculado aquí a la minería, todas las personas, desde aquellos negros que vinieron de África, todos ellos sufrieron mucho. Hay mucha exclusión y separación de clase. Quienes estamos abajo somos las principales víctimas de las minerías. Los pobres somos las principales víctimas afectadas”.
Justicia recortada
A nivel judicial, el MAB logró en 2019 que unas 108 mil personas fueran reconocidas como “afectadas” por Brumadinho [3] y recibieran una “ayuda de emergencia” [4] que consiste en que Vale pague durante un año de un sueldo mínimo para personas adultas, medio sueldo mínimo para adolescentes y un cuarto de sueldo mínimo para niños/as.
Sin embargo, esta reparación económica no está ni cerca de saldar lo ocurrido, ya que las personas tienen serias afectaciones a la salud, no han podido recuperar sus hogares y varias familias todavía siguen buscando a sus seres queridos hundidos en el barro contaminado. El MAB pidió que se extienda esta ayuda de emergencia hasta que se alcance una “reparación integral”. A fin de 2019, la Justicia ordenó mantener durante diez meses más unas 15 mil reparaciones completas y reducir el resto a la mitad.
Joceli Andrioli, integrante de la Coordinación nacional del MAB, conversó con Radio Mundo Real sobre el estado de impunidad en que se encuentra la causa Brumadinho, antes de comenzar la marcha y expresó:
“Cuestionamos el papel de esta Justicia que escucha mucho más a los criminales que a las víctimas. Nosotros no vamos a parar hasta que haya una reparación completa. La gente necesita la ayuda de emergencia para comprar comida; están pasando hambre porque han perdido sus trabajos en el campo y como pescadores artesanales”.
“La Justicia no sabe qué hacer en estos casos”, dice Tchenna Masso, quien también integra la Coordinación del MAB. Tchenna estudia especialmente cómo lograr procesos de justicia cuando el poder corporativo está implicado. Para ella este es un caso emblemático en el que podría juzgarse a la empresa por violaciones a los derechos humanos, pero es difícil sin un Tratado Vinculante de Naciones Unidas que encuadre cómo juzgar estos crímenes. Mientras tanto, la Vale juega a individualizar las respuestas y en los últimos días lanzó una fuerte campaña de propaganda en los medios.
“Vale prefiere gastar millones en propaganda, en lugar de invertir en la reparación ambiental que y en hacer justicia por los afectados. Pero nosotros seguiremos marchando para llamar la atención de la sociedad. Es una conyuntura difícil en Brasil, que le permite a la Vale cometer más violaciones”, dice Andrioli.
El MAB también recordó que la Justicia debe hacer cumplir la creación de una Asesoría Técnica Independiente que permita relevar las afectaciones junto a las y los afectados, garantizando el derecho de acceder a la información, y crear demandas específicas para la reparación integral.
Estas asesorías permiten reunir pruebas por fuera de las intenciones de la empresa, concientizando a las personas sobre sus derechos –con una participación libre e informada– y monitorear que la empresa cumpla con el programa completo de reparación ya elaborado.
En las jornadas de lucha que comenzaron este lunes y se extienden hasta el 25 de enero participan 22 representantes internacionales de 15 países, que integran distintos movimientos de afectados por represas en América Latina, Estados Unidos y Europa.
Desde el Movimiento de Afectados por Represas de Latinoamérica (MAR), Juan Pablo Soler recordó que proponen cambiar el modelo minero-energético, que asesina personas y desplaza comunidades sin atención ninguna. Criticó que las empresas Vale y BHP no hayan hecho nada hasta ahora para reparar a las personas afectadas ni para prevenir nuevos colapsos de represas.
La marcha del MAB seguirá por Pompeu, Juatuba, Betim y Brumadinho para conmemorar el aniversario del mayor crimen ambiental de este tipo en Brasil, después de Mariana, y denunciar los impactos en la salud física y mental de los mineros, que sufren la contaminación del agua, la pérdida de seres queridos, de puestos laborales, y la falta de respuesta del Estado, de la empresa Vale y de la justicia.