El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) realizó el 7 de agosto una conferencia de prensa en la que denunció irregularidades judiciales en el proceso investigativo que lleva a juicio a ocho imputados por el feminicidio de Berta Cáceres. La coordinadora general del COPINH, defensora de pueblos y territorios, fue asesinada el 2 de marzo de 2016 en La Esperanza. Llevaba cinco años luchando contra el proyecto extractivista Agua Zarca de la empresa DESA.
La conferencia de prensa tuvo lugar en el Centro Loyola de Tegucigalpa y estuvo a cargo de Bertha Zúñiga Cáceres, hija de Berta, y el equipo de abogados que representa a la víctima y a su familia.
CASO Y CAUSA
Los abogados señalaron que en estos dos años de búsqueda de justicia para Berta y para el pueblo lenca, este equipo no ha recibido notificaciones judiciales sobre allanamientos realizados en la empresa -mientras que la defensa de los acusados y de la empresa sí fueron notificados y pudieron ser parte de la actuación judicial-
Tampoco han sido notificados oficialmente sobre la fecha en que comenzaría el juicio oral y público por el crimen de Cáceres [1]. El COPINH maneja de manera “extraoficial” que las audiencias tendrían lugar desde el 10 de septiembre de este año.
En el mismo sentido, los representantes legales de Cáceres denunciaron que en este caso “la negación al acceso a la información ha sido sistemática”, afirmó el abogado Ariel Madrid. En 35 oportunidades el Ministerio Público fiscal ha negado el acceso a la investigación, lo que limita el trabajo argumentativo que la defensa de la víctima pueda llevar a cabo durante el juicio, viola el derecho de las partes a conocer las resoluciones judiciales acumuladas hasta el momento y genera un “escenario de desigualdad” entre los acusados y la querella.
A su vez, las audiencias se han suspendido ocho veces, debido a la negativa del MP de entregar información solicitada, dijeron los abogados.
Los abogados también enfatizaron que este juicio apenas considera a una serie de hombres imputados por el “caso” Berta Cáceres, pero no “la causa” que representa el crimen contra esta defensora. El juicio intentará juzgar solamente lo relativo al femicidio, pero no las razones de fondo por las que Cáceres fue asesinada, ni a los autores intelectuales del crimen que pretendieron acallar la lucha popular.
La causa Berta Cáceres implica no solo el crimen sino también su lucha y la del pueblo lenca contra los proyectos extractivistas que pretenden instalarse por la fuerza en los territorios y dan como resultado un clima de conflictos y violencia.
En este momento hay otros ocho procesos judiciales abiertos por la causa Berta Cáceres, uno de los cuales pretende juzgar la responsabilidad del Estado hondureño en todo esto, por acción u omisión, ya que estaba obligado a proteger la vida de la coordinadora del COPINH por resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
ESTAR ATENTXS
Por su parte, Bertha Zúñiga dijo que les “avergüenza” que un caso de esta trascendencia internacional “sea tratado de esta forma”, ninguneado por autoridades judiciales y gubernamentales y se preguntó cuánta impunidad imperará en otros casos en que se violan los derechos humanos y no tienen esta visibilidad pública. “Este Estado quiere perpetuar la impunidad”, añadió y leyó un comunicado del COPINH [2] en el que sostienen que en la negativa sistemática del MP a brindarles el acceso a la causa, “le han negado al pueblo lenca la verdad sobre lo ocurrido con la compañera Berta Cáceres y esa actitud solo beneficia a los autores materiales e intelectuales”.
La actual coordinadora del Consejo reiteró la invitación a organizaciones sociales defensoras de derechos a participar abiertamente como observadores internacionales del juicio que comenzaría el 10 de septiembre, “para alertar a la justicia sobre estas prácticas arbitrarias en éste y otros casos de violaciones de derechos humanos”.