El 16 de octubre, declarado como Día Mundial de la Alimentación por la FAO (Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), es conmemorado por La Vía Campesina como el Día Internacional de Acción por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos y contra las Transnacionales.
En este marco, a lo largo de octubre, La Vía Campesina junto a organizaciones aliadas de todo el mundo conmemora 25 años de construcción de la Soberanía Alimentaria y desarrolla un Mes de Acción [1], con diversas actividades.
Para analizar lo que está pasando en América latina y el Caribe en este Voz Campesina conversamos con: Ramona Acuña de Cultiva Paraguay, agroecóloga de formación, campesina y militante feminista, en representación de CLOC Sudamérica; Guadalupe Esquivel de la Federación de Cooperativas de la Reforma Agraria de la Región Central (FECORACEN) de El Salvador, por la región Centroamérica; Luis Cabrera de la Federación de Campesinos Independientes Mama Tingó (FECAINMAT) por la región Caribe; y Martín Drago, coordinador del Programa de Soberanía Alimentaria de Amigos de la Tierra Internacional.
“Paraguay es uno de los países más desiguales sobre tenencia de la tierra: el 2% de la población ostenta el 82% de las tierras cultivables, y el resto de la población nos quedamos con el resto que queda y lo repartimos entre campesinos, indígenas y otros sectores trabajadores”, afirmó Ramona Acuña. En las últimas semanas, el país sudamericano vive un recrudecimiento en la criminalización a campesinos y campesinas, mediante la modificación del artículo 142 del Código Penal [2], que aumenta las penas para hechos que configuren la «posesión de tierras mal habidas». Al elevar las penas hasta 10 años por «invasión de inmuebles ajenos» esto se vuelve un crimen [3] y no se permiten penas alternativas, sino solo penas privativas de la libertad. A la vez, el país modificó el Estatuto Agrario, que amparaba y organizaba la titularidad para que el campesinado acceda a la tierra, para facilitar ahora que la tierra quede en manos de latifundistas vinculados al narcotráfico, al contrabando, a los grandes medios de comunicación y en manos extranjeras.
Desde El Salvador, Guadalupe Esquivel remarcó la falta de acceso a la tierra para las mujeres algo generalizado en la región y en el mundo, a pesar de que ellas son protagonistas en la producción de alimentos sanos para los pueblos. En este país centroamericano, solo 13% de las mujeres campesinas poseen tierras, las demás están en manos «de los esposos o son tierras arrendadas», dijo.
Esquivel también denunció la falta de apoyo del gobierno de Nayib Bukele hacia el campesinado, afectado por el aumento de precios de los insumos agrícolas y la falta de inversión en comprar producción nacional como el maíz. Así «no hay un precio que garantice la estabilidad económica de productores y productoras: se produce un quintal de maíz por 25 dólares y lo están comprando a 11 dólares», ejemplificó la referente de FECORACEN, que además criticó la iniciativa gubernamental de reformar la Constitución para «secuestrar tierras que supuestamente están ociosas, donde funcionan cooperativas, que tienen mil manzanas pero no hay incentivo agrícola para que puedan trabajarla toda, entonces van trabajándola por partes. Quieren quitarles esas tierras a nuestros compañeros y compañeras».
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Desde República Dominicana, Luis Cabrera también denunció que el aumento del precio de los insumos, triplicado en lo que va de 2021, afecta mucho la producción agropecuaria y se acaba vendiendo riqueza «a precio de vaca muerta». «No hay posibilidad de producir alimentación sana si no tenemos el agua y la tierra. El estado, como administrador de la cosa pública, tiene que garantizarnos eso y, si no lo garantiza, las organizaciones tenemos la responsabilidad de presionar para que eso sea posible», expresó. Por ello, el movimiento campesino dominicano se movilizará esta semana frente al Ministerio de Agricultura.
Martín Drago, quien había adelantado en el Voz Campesina 75 [5] las críticas a la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios [6] que organizó Naciones Unidas junto al Foro Económico Mundial en septiembre, remarcó que esa cumbre «tiene mucho vínculo con el fortalecimiento del proceso de despojo de los territorios» y advirtió sobre cómo la captura corporativa de los sistemas alimentarios se está dando en distintos niveles, como parte de un «capitalismo de partes interesadas donde las corporaciones quieren desplazar a los Estados y tomar las decisiones». Para resistir a estas cooptaciones corporativas, Drago llamó a construir soberanía alimentaria y a «expulsar al agronegocio de nuestros territorios».