Los casos tomados en la investigación de Amigos de la Tierra Argentina, sintetizada en el mapeo de ATALC sobre empresas transnacionales [1], están agrupados en dos áreas complementarias: la extracción de bienes comunes (extractivismo) y los servicios asociados a estas actividades. Estos se vinculan fuertemente con grandes proyectos de infraestructura, comercio y servicios, tanto en materia de transporte (carreteras, puertos, aeropuertos), energía (represas, centrales hidroeléctricas, fracking), agentes de financiación (bancos) y comunicaciones (telefonía e internet), cuyo objetivo es facilitar la extracción y la comercialización de los commodities hacia los países o regiones de destino, para asegurar el abastecimiento de las economías centrales.
La globalización neoliberal requiere también infraestructura de transporte, energía para funcionar, logística para la realización de sus actividades y financiamiento, en una economía donde las exportaciones de commodities tienen un rol preponderante. Estos requerimientos de servicios para el mercado global son, en mayor parte, garantizados por los Estados no sólo con fondos propios sino también mediante la adquisición de deuda o la búsqueda de inversiones.
Para que las exportación sean posible en este sistema, las transnacionales exigen a los Estados la provisión y/o garantía de infraestructuras y de servicios, lo que vuelve a éstos últimos mercancías en lugar de bienes públicos. La definición que impone restricciones a los servicios públicos es introducida en las negociaciones de las agendas comerciales, por ejemplo, en capítulos que refieren a empresas y monopolios del Estado, afectando la potestad de las agencias estatales o de empresas públicas que deberían garantizar el acceso a servicios de agua, energía, transporte, salud, cuidados y educación.
Los servicios se agrupan en distintas categorías e implican diversas actividades productivas: informática (comercio digital, electrónico o e-commerce), comunicaciones y telecomunicaciones, regalías y licencias, instrumentos financieros, seguros, construcción, saneamiento, logística, transporte terrestre, marítimo y/o aéreo.
En las agendas comerciales los capítulos sobre servicios implican [2]:
- Dinámicas de negociación de compromisos entre las partes, pueden incluir listas negativas o cláusulas trinquete, que condicionan y limitan la capacidad de intervención del Estado en el mercado.
- Exigencia de obligaciones para los Estados, que tensionan y restringen el rol regulatorio del Estado para otorgar licencias o autorizaciones en el suministro de servicios.
- Liberalización exacerbada impuesta en definiciones de acuerdos y en sus alcances.
- Homogeneizar regulaciones entre países para facilitar el comercio y la entrada y salida de inversiones.
El hecho de que los servicios pasen a ser considerados como mercancías tiene fuertes impactos en la vida de la clase trabajadora -especialmente las mujeres, los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes, campesinas, pescadoras- y en el medioambiente, al afectar la protección ambiental y las regulaciones en los territorios. La política de privilegiar la exportación colisiona con el desarrollo del mercado interno generando, por ejemplo, una convivencia forzada entre industrias extractivas y agricultura campesina, poniendo en jaque la garantía de los derechos de los pueblos frente a monopolios u oligopolios de servicios.
Para describir el sector, el mapeo tomó los casos de APM TERMINALS Management B.V. (monopolio naviero para el comercio internacional que afectó los ecosistemas marinos y el derecho al ambiente sano), AMÉRICA MÓVIL (telecomunicaciones) y FARMASHOP (monopolio farmacéutico y amenaza de arbitraje internacional contra Uruguay). Analizamos éste último caso con Natalia Carrau, politóloga integrante de REDES-AT Uruguay, que estudió la demanda de Farmashop [3] y otras amenazas de las empresas transnacionales en la región.
«Es muy claro que las agendas comerciales están siendo escritas por las empresas transnacionales. Necesitamos profundizar los cuestionamientos al poder transnacional y buscar respuestas claves contra las injusticias económicas; ver cuáles de esas respuestas que desde ATALC veníamos proponiendo para las crisis sistémicas (económicas, de género, ecológicas) caben en esta época de pandemia y habría que meter el acelerador para empezar a implementar algunas como gravar a las grandes riquezas. Hay mucho por hacer», concluyó Carrau.
Conclusiones del mapeo de ATALC sobre los impactos de las transnacionales [1] en la región
A pesar de que muchas de las empresas analizadas firmaron el Pacto Mundial de la ONU, queda demostrado que éste no garantiza el respeto por los derechos más básicos. El pacto cuenta con la adhesión de más de 9500 empresas y 3000 signatarios no empresariales. Sin embargo, el panorama corporativo trasnacional dista de cumplir estándares de respeto de los derechos humanos y de los pueblos.
El sistema económico capitalista impuesto por las ETN, pone en evidencia la necesidad de un cambio de sistema. Desde los pueblos trabajamos en enfrentar las crisis construyendo proyectos populares emancipatorios mediante iniciativas que tengan como meta principal lograr construir poder y soberanía popular y que no estén basadas en la explotación.
Además de garantizar normas vinculantes para desmantelar el poder de las ETN, aprobando el Tratado Vinculante antes descrito, es importante que los gobiernos aprueben leyes estrictas para reglamentar la actividad empresarial, incluso extraterritorialmente, combatan los monopolios y la evasión fiscal, reduzcan los privilegios de las empresas, eviten el secretismo y las informaciones clasificadas, así como pongan fin a las dádivas de las empresas a partidos políticos y organismos intergubernamentales.
Desde Amigos de la Tierra proponen, en las Conclusiones del mapeo de empresas transnacionales [1], esta serie de estrategias para acompañar medidas que construyan a una mayor justicia económica:
- Proporcionar servicios públicos a través de la justicia tributaria: mediante políticas tributarias justas y redistributivas, especialmente con la aplicación de impuestos significativos a los grandes actores económicos como las ETN, se puede fortalecer Estados democráticos y activos que provean servicios públicos y garanticen los derechos fundamentales al agua, a la salud, la energía, la educación, el transporte y los alimentos saludable a través de servicios públicos.
- Ampliar la escala del cooperativismo, la economía solidaria y apoyar los mercados locales: esto permite proteger a las economías locales y solidarias de la influencia negativa de las ETN, creando espacios de intercambio equitativos. El comercio es un componente fundamental de las economías humanas, pero es sólo un medio para un fin, la distribución equitativa de la riqueza.
- Crear economías con propósito, valorando el bienestar de la gente y el planeta: el actual sistema capitalista depende del crecimiento infinito en un mundo finito, es necesaria una transición a un sistema económico que se oriente a la sustentabilidad de la vida y no del lucro. Es necesaria la creación de una economía con propósito, en armonía con la naturaleza y pleno goce de los derechos de cada una y todas las personas.
- Trabajar junto con los movimientos sociales feministas, campesinos, sindicales, de los pueblos indígenas y comunidades negras y afrodescendientes en todo el mundo, para bregar por soluciones de justicia económica, que reduzcan la desigualdad y contribuyan a establecer relaciones de poder equitativas (también entre géneros), así como a ampliar el papel de la cooperación, de la gestión comunitaria y la planificación sustentable en todos los aspectos de la vida.
- Controlar el papel de los grandes actores internacionales y redistribuir la riqueza resultará fundamental para ello.