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Empresas transnacionales: crisis sin fronteras. Amenazas de privatización de servicios

Entrevista a Natalia Carrau analizando qué implica la concentración de poder de transnacionales en el sector servicios.

Los casos tomados en la investigación de Amigos de la Tierra Argentina, sintetizada en el mapeo de ATALC sobre empresas transnacionales [1], están agrupados en dos áreas complementarias: la extracción de bienes comunes (extractivismo) y los servicios asociados a estas actividades. Estos se vinculan fuertemente con grandes proyectos de infraestructura, comercio y servicios, tanto en materia de transporte (carreteras, puertos, aeropuertos), energía (represas, centrales hidroeléctricas, fracking), agentes de financiación (bancos) y comunicaciones (telefonía e internet), cuyo objetivo es facilitar la extracción y la comercialización de los commodities hacia los países o regiones de destino, para asegurar el abastecimiento de las economías centrales.

La globalización neoliberal requiere también infraestructura de transporte, energía para funcionar, logística para la realización de sus actividades y financiamiento, en una economía donde las exportaciones de commodities tienen un rol preponderante. Estos requerimientos de servicios para el mercado global son, en mayor parte, garantizados por los Estados no sólo con fondos propios sino también mediante la adquisición de deuda o la búsqueda de inversiones.

Para que las exportación sean posible en este sistema, las transnacionales exigen a los Estados la provisión y/o garantía de infraestructuras y de servicios, lo que vuelve a éstos últimos mercancías en lugar de bienes públicos. La definición que impone restricciones a los servicios públicos es introducida en las negociaciones de las agendas comerciales, por ejemplo, en capítulos que refieren a empresas y monopolios del Estado, afectando la potestad de las agencias estatales o de empresas públicas que deberían garantizar el acceso a servicios de agua, energía, transporte, salud, cuidados y educación.

Los servicios se agrupan en distintas categorías e implican diversas actividades productivas: informática (comercio digital, electrónico o e-commerce), comunicaciones y telecomunicaciones, regalías y licencias, instrumentos financieros, seguros, construcción, saneamiento, logística, transporte terrestre, marítimo y/o aéreo.

En las agendas comerciales los capítulos sobre servicios implican [2]:

El hecho de que los servicios pasen a ser considerados como mercancías tiene fuertes impactos en la vida de la clase trabajadora -especialmente las mujeres, los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes, campesinas, pescadoras- y en el medioambiente, al afectar la protección ambiental y las regulaciones en los territorios. La política de privilegiar la exportación colisiona con el desarrollo del mercado interno generando, por ejemplo, una convivencia forzada entre industrias extractivas y agricultura campesina, poniendo en jaque la garantía de los derechos de los pueblos frente a monopolios u oligopolios de servicios.

Para describir el sector, el mapeo tomó los casos de APM TERMINALS Management B.V. (monopolio naviero para el comercio internacional que afectó los ecosistemas marinos y el derecho al ambiente sano), AMÉRICA MÓVIL (telecomunicaciones) y FARMASHOP (monopolio farmacéutico y amenaza de arbitraje internacional contra Uruguay). Analizamos éste último caso con Natalia Carrau, politóloga integrante de REDES-AT Uruguay, que estudió la demanda de Farmashop [3] y otras amenazas de las empresas transnacionales en la región.

«Es muy claro que las agendas comerciales están siendo escritas por las empresas transnacionales. Necesitamos profundizar los cuestionamientos al poder transnacional y buscar respuestas claves contra las injusticias económicas; ver cuáles de esas respuestas que desde ATALC veníamos proponiendo para las crisis sistémicas (económicas, de género, ecológicas) caben en esta época de pandemia y habría que meter el acelerador para empezar a implementar algunas como gravar a las grandes riquezas. Hay mucho por hacer», concluyó Carrau.

Conclusiones del mapeo de ATALC sobre los impactos de las transnacionales [1] en la región

A pesar de que muchas de las empresas analizadas firmaron el Pacto Mundial de la ONU, queda demostrado que éste no garantiza el respeto por los derechos más básicos. El pacto cuenta con la adhesión de más de 9500 empresas y 3000 signatarios no empresariales. Sin embargo, el panorama corporativo trasnacional dista de cumplir estándares de respeto de los derechos humanos y de los pueblos.

El sistema económico capitalista impuesto por las ETN, pone en evidencia la necesidad de un cambio de sistema. Desde los pueblos trabajamos en enfrentar las crisis construyendo proyectos populares emancipatorios mediante iniciativas que tengan como meta principal lograr construir poder y soberanía popular y que no estén basadas en la explotación.

Además de garantizar normas vinculantes para desmantelar el poder de las ETN, aprobando el Tratado Vinculante antes descrito, es importante que los gobiernos aprueben leyes estrictas para reglamentar la actividad empresarial, incluso extraterritorialmente, combatan los monopolios y la evasión fiscal, reduzcan los privilegios de las empresas, eviten el secretismo y las informaciones clasificadas, así como pongan fin a las dádivas de las empresas a partidos políticos y organismos intergubernamentales.

Desde Amigos de la Tierra proponen, en las Conclusiones del mapeo de empresas transnacionales [1], esta serie de estrategias para acompañar medidas que construyan a una mayor justicia económica: