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Uruguay: organizaciones recogen firmas para derogar ley que restringe derechos

La Comisión Pro Referéndum necesita 700 mil firmas para convocar a un plebiscito contra Ley de Urgente Consideración.

Están en la cuenta regresiva. Las organizaciones sociales reunidas en la Comisión Pro Referéndum que propone derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración en Uruguay (LUC) necesitan reunir 700 mil firmas para el 8 de julio. Este martes 22 de junio anunciaron en conferencia de prensa que llevan recogidas 572.551 firmas.

«Pensar que hay casi 600 mil uruguayos que pusieron su firma habla de que están decididos a que la sociedad en su conjunto defina [sobre los contenidos de la ley]», dijo el presidente de la central sindical (PIT-CNT), Fernando Pereira. «Ahora bien, con este número no es suficiente, al día de hoy no llegamos a las firmas que se requieren. Tenemos 17 días para juntar 130 mil firmas. Pero estamos convencidos de que vamos a llegar. ¿Qué precisamos? Que miles de uruguayos comprometidos con esta causa salgan a juntar unas pocas firmas. ¿Es posible? ¡Claro que es posible! Necesitamos miles de militantes en las calles: a eso estamos jugados. Nuestra confianza [está] en que la gente se va a embanderar en esta tarea titánica».

En la presentación de la Comisión Pro Referéndum estuvieron presentes junto al presidente del PIT-CNT, el secretario general de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM), Gustavo González; el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda; la representante de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), Camila Fagundez, y la representante de la Intersocial Feminista, Tamara García. Todos pidieron que quienes recogen firman “redoblen el esfuerzo” en los últimos días antes de que se venza el plazo para presentar las firmas ante la Corte Electoral.

Pereira y los demás presentes calificaron como una “hazaña” haber podido reunir esta cantidad de firmas en los primeros seis meses del año y en medio de la pandemia: «Nunca hubiéramos llegado si miles de compañeros y compañeras no se hubieran puesto para juntar firmas. Esto es conmovedor para cualquier militante social, para feministas, ambientalistas, cooperativistas, para compañerxs que no están afiliados a ninguna organización, para miembros del Frente Amplio y del PIT-CNT».

Por eso manifestó, el sindicalista expresó que en la comisión están “convencidos” de que van a llegar a reunir las firmas necesarias para convocar al referéndum, ya que se trata de “una muy mala ley para los uruguayos”, dijo.

La LUC se trató en el Parlamento en 2020 y, al ser una ley de “urgente consideración”, el debate y aprobación entre las Cámaras de senadores y diputados tuvo que desarrollarse en un plazo total de 90 días, aunque implicara cambios profundos como en este caso, con casi 500 artículos que modifican cuestiones de seguridad pública, sistema educativo, manejo de empresas públicas, acceso a la vivienda, restricciones en el derecho a la protesta y a la huelga, entre otros puntos salientes.

REDES-Amigos de la Tierra Uruguay presentó en mayo de 2020 su análisis y críticas a la LUC [1] cuando el debate en comisiones parlamentarias permitió la participación de organizaciones sociales y ha participado este año en la recolección de firmas para habilitar el plebiscito.

Como organización social sin fines de lucro, que trabaja desde hace 33 años por la justicia ambiental, social, de género y económica, REDES manifestó ante los senadores la preocupación por estas modificaciones propuestas al marco normativo uruguayo, «que no deberían tener un tratamiento urgente, ya que implican una reforma sustancial del papel del Estado y atenta contra el ejercicio de derechos».

En esa ocasión también expresaron: «A nivel general consideramos que esta ley es un proyecto excluyente que debilita la democracia y lo público. Los contenidos de la ley afectan directamente nuestra esfera de acción. Sus artículos van en desmedro de la participación social, del desarrollo de la agricultura familiar y el fortalecimiento de la soberanía alimentaria, de la defensa de la biodiversidad, y de la prioridad del bien común sobre los intereses particulares. Al aprobarse este proyecto de ley, se reducirán las posibilidades de alcanzar una sociedad más justa desde el punto de vista social y ambiental».