El proyecto Gas Natural Licuado de Mozambique (LNG, por sus siglas en inglés), propiedad de la compañía transnacional francesa Total, está situado en la cuenca del río Rovuma, en la provincia de Cabo Delgado, al norte de Mozambique, cerca de la frontera con Tanzania.
El 26 de abril anunció la retirada temporal de todo su personal y la suspensión indefinida de sus actividades.
Según denuncia JA! [1] – Amigos de la Tierra Mozambique, el retiro de la transnacional trae como consecuencia el no cumplimiento de las obligaciones asumidas en acuerdos, y la posibilidad de suspensión o rescisión de contratos, con proveedores de bienes y/o servicios, muchos de ellos locales. Pero lo más grave es que la empresa no menciona que sucederá con las comunidades agrícolas que ya han sido desplazadas para construir el Afungi LNG Park (construcción en tierra del proyecto LNG que consta de pista de aterrizaje y campamento de trabajadores), a quienes aún no les entregaron las tierras prometidas para su realojo.
La declaración de “fuerza mayor” de Total, según consta en su comunicado, se debe a la inseguridad de la región. Cabo Delgado vive desde hace unos años entre la invasión de la industria gasífera transnacional [2], los ataques de grupos extremistas y el despliegue militar del gobierno. Hace más de tres años el grupo Al Shabab de Mozambique, también llamado Estado Islámico de África Central, se instaló en la zona.
¿Cómo llega Cabo Delgado a esta situación?
El norte mozambiqueño es una de las zonas menos desarrolladas del país, con muy pocos hospitales y grandes dificultades en el sistema educativo. Casi el 80 por ciento de la población depende de la agricultura o de la pesca para vivir. La apuesta del gobierno para convertir a Mozambique en uno de los gigantes del gas natural licuado del mundo, trajo el desplazamiento, solo en su etapa inicial, de más de 500 familias.
Las trasnacionales llegaron a Mozambique y con ellas trajeron violaciones a los derechos humanos [3], acaparamiento de tierras, pérdida de soberanía, violencia, miedo, injusticia social y el Covid-19. En entrevista con Radio Mundo Real [4] en mayo de 2020, el activista Daniel Ribeiro de JA! contó que el primer caso confirmado de Covid-19 en Cabo Delgado fue de un trabajador del sitio de construcción de Total. En dos semanas, dos tercios de los infectados con Covid-19 en Mozambique eran empleados de la petrolera francesa.
Organizaciones contra la devastación
En junio de 2020, más de 200 organizaciones pidieron el cese de actividades de las industrias gasíferas [5]en Mozambique con sobrados argumentos sobre la devastación que generan a nivel humano, social y ambiental. A nivel país se estima que el proyecto LNG de Mozambique aumentará las emisiones de gases de efecto invernadero un 10 por ciento.
En abril de 2021, ante el anunció de retiro de Total, JA! [6] – Amigos de la Tierra Mozambique, con el apoyo de Amigos de la Tierra Francia, Amigos de la Tierra Internacional, Amigos de la Tierra Estados Unidos y la Alianza Africana de Mujeres, exigió a las transnacionales del gas el cese de las operaciones y el pago de las reparaciones justas a todos/as los/as afectados/as.
Además pidieron al gobierno que detenga la explotación de gas y combustibles fósiles, que no otorgue más concesiones y opte por un camino de energías renovables. También le reclamaron que se concentre en los factores socioeconómicos de la violencia y se ocupe de las pérdidas y opresiones que vive su pueblo, y le solicitaron información sobre las tierras y las personas muertas, desaparecidas y desplazadas.
Por último, las organizaciones reclamaron al gobierno mozambiqueño que se deje de hostigar, intimidar y amenazar a periodistas y activistas, que se tomen medidas concretas para castigar a quienes lo hagan, y que se realice una investigación sobre el papel de los militares en los abusos contra los derechos humanos.