Desde diversas parte del mundo activistas y organizaciones socio-ambientales se manifestaron contra la impunidad de la empresa transnacional petrolera Chevron (ex Texaco), y en solidaridad con los pueblos y comunidades amazónicas afectadas.
Se calculan que más de 450.000 hectáreas de la Amazonía ecuatoriana fueron contaminadas por crudo y desechos tóxicos [1] que la corporación vertió de 1954 a 1990. En 1993 la Unión de Afectados y Afectadas por Texaco (UDAPT) [2], integrada por seis Pueblos Indígenas y habitantes de la Amazonía ecuatoriana, inició una demanda que tras décadas de lucha consiguió una sentencia nacional que obliga a Chevron a pagar 9.500 millones de dólares para reparar a las más de 30.000 personas afectadas.
Pero la transnacional acudió a las cortes de arbitraje internacional y alegando que sus inversiones fueron afectadas, interpuso el derecho comercial sobre los derechos humanos, logrando un fallo a su favor que dispone que el estado de Ecuador debe pagarle a Chevron. Desde UDAPT señalan que este laudo es inconstitucional ya que en 2024, mediante voto popular (referéndum), Ecuador decidió salir de este sistema de arbitraje que pone el lucro sobre la vida.
Por todo esto la jornada de acción global anti-Chevron de este año se centró en que Ecuador no debe pagarle a Chevron, sino que Chevron debe reparar a las comunidades afectadas.