Fluye el petróleo, sangra la tierra. Parece que la industria de los hidrocarburos estuviera afectada por algún tipo de amnesia selectiva que quisiera llevar a olvidar todo lo que ha significado un siglo de extracción, saqueo y deterioro ambiental.
No obstante, la memoria de la naturaleza, de los territorios y de sus pueblos no deja pasar inadvertida la profunda degradación ambiental y la destrucción de las formas de vida de comunidades, producto del modelo de ocupación que ha implicado la extracción de hidrocarburos en diversas regiones del país.
Se completan 100 años de la perforación del primer pozo petrolero que tuvo producción en Colombia. Lo que para la industria y sus promotores es un motivo de conmemoración, para millones de personas, comunidades y múltiples organizaciones representa uno de los hitos que fracturó aún más las relaciones que tenemos con la naturaleza. Abril de 1918 fue el momento en que se completó la perforación del pozo “Infantas 2”, en zona rural de Barrancabermeja (departamento de Santander), el cual remite al lastre colonial del petróleo en nuestros territorios. El pozo que fue abierto por la Tropical Oil Company (Troco, hoy Exxon), una compañía estadounidense, responde al nombre de Infantas precisamente recordando a las hijas de los reyes de la corona, dejando claro el modelo expoliador que impuso España en su momento y que continúa hoy con nuevas formas de colonialismo.
Exactamente un siglo después, la huella del extractivismo establece una marca en la memoria ambiental del país, justo en el mismo territorio de Barrancabermeja. En estos días hemos visto cómo un derrame de crudo en la quebrada La Lizama -al parecer por debilidad en el mantenimiento técnico del pozo Lizama 158, en el corregimiento La Fortuna, en Barrancabermeja- ha puesto en evidencia los riesgos inherentes a la industria petrolera, su debilidad y carencia de compromiso en materia ambiental y social. Se estima que el derrame de crudo, que no es el primero en la zona, dejó a más de 2000 personas sin agua, ha provocado la muerte de numerosos animales (aves, reptiles, insectos, mamíferos) y la contaminación de vastas extensiones de suelos, así como de docenas de kilómetros de cuerpos de agua afluentes de la cuenca del río Sogamoso: un desastre ambiental incalculable que se suma a la estela de desastres ambientales de la historia petrolera en Colombia*.
Transcurrido un mes del inicio del derrame de crudo no existe una explicación satisfactoria sobre las causas de la catástrofe, ni por parte de la empresa causante, ni por parte de las entidades de Estado con injerencia y responsabilidad compartida: Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Agencia Nacional de Hidrocarburos, Ministerios de Ambiente y de Minas y Energía. Actores que además respondieron tardíamente frente a la magnitud de la crisis. Un siglo de extracción petrolera en la región ha dejado como resultado comunidades vulnerables, con condiciones de vida distantes de las prometidas por el “desarrollo”, y que otra vez se ven afectadas por las formas en que la industria y el Estado conciben e implementan la compensación y la reparación.
Sin lugar a dudas, asistimos a una agresiva expansión de las fronteras hidrocarburíferas, pues las reservas de crudo de extracción convencional disminuyen y las empresas se apresuran para abrir nuevos pozos. Esta expansión se agudiza aún más con la conformación de nuevos bloques para la búsqueda de crudos de extracción no convencional. Este panorama nacional es el resultado del impulso de las políticas de los últimos gobiernos. Incluso en épocas de campañas electorales asistimos a la presentación de programas de gobierno que postulan una imperiosa necesidad de poner el pie en el acelerador al sector minero-energético, con el fin robustecer el poder de las empresas en el territorio nacional. Esos cálculos presentan la multiplicación de los ingresos pero omiten cómo se realiza la división de esos ingresos, y tampoco suman a quienes acumulan los impactos. Olvidan, o más bien borran, las huellas de la industria petrolera, que es una de las actividades más agresivas por su modelo de ocupación territorial y una de las más contaminantes e intensiva en uso de agua y energía.
Es la promoción del extractivismo, presentándose a si mismo como eficiente e innovador, con todo un entramado académico financiado por las mismas empresas -directa e indirectamente-, atribuyéndose contradictoriamente objetividad científica. Son los nuevos proyectos de extracción que invaden el país, con el discurso de una industria responsable y bien hecha, realizada con el aval de un Estado que entrega licencias y violenta la autodeterminación de los pueblos. Proyectos que recuerdan los preceptos técnicos para sacar el máximo provecho, pero que desconocen la soberanía que existe sobre los territorios; que presentan fotografías de pozos y plataformas en impecable estado de manejo, pero que esconden las imágenes de territorios insalubres, gravemente afectados por la huella del petróleo, lugares que están más allá de los campamentos confortables de las empresas, donde viven o arriban a vivir miles de personas en condiciones deplorables. Personas a las que, al igual que a los territorios, se les vulneran sus derechos.
La memoria colectiva, que da cuenta del paso devastador de la industria petrolera, nos recuerda que es apremiante abandonar esa senda, dejar el crudo en el subsuelo, implementar la transición hacia otras fuentes de energía y cortar la dependencia creada del extractivismo.