Luego de recorrer los territorios de Cauca, Tolima y Sumapaz en Colombia, delegados y delegadas de La Vía Campesina constataron que «hay incumplimiento en la implementación de los puntos del Acuerdo de Paz (firmado entre las FARC y el gobierno) y un cuestionamiento en general al acuerdo y al proceso de paz», por parte de representantes del gobierno de Iván Duque.
«Sí hemos experimentado, vivido y escuchado una gran motivación en el pueblo colombiano, en los sectores campesinos, por seguir apostando al proceso de paz en el país», así se expresó Federico Pacheco de Vía Campesina Europa al abrir la conferencia de prensa este martes 2 de abril. Con esa actividad concluyó la tercera Misión Internacional de Solidaridad de la Vía Campesina en Colombia.
Lxs delegadxs de LVC dialogaron con autoridades, con parlamentarixs y con comunidades campesinas para conocer de cerca cómo se están implementando los puntos del Acuerdo de Paz firmado en La Habana (Cuba) en 2016.
Advirtieron que la oposición desde la Presidencia colombiana a la Justicia Especial para la Paz «es algo grave» y «se está poniendo en juego el proceso de paz en su conjunto (al no respetar) las instituciones de derechos humanos y los sistemas internacionales de protección de derechos de Naciones Unidas».
«Constatamos que hay criminalización de ex combatientes de las FARC, que hace dos años dejaron las armas y que están construyendo una economía campesina a nivel local, economía a la que le falta apoyo y presupuesto para crecer», añadió Pacheco.
Voces para la Paz
Además de Pacheco, en la conferencia participaron: Kim Jeong Yeol Kim – Asociación Campesina de Mujeres Coreanas, María José Venancio – Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) de Argentina y Diego Montón de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC).
Kim Jeong Yeol Kim destacó la importancia de recorrer los territorios y hablar con campesinos y campesinas que luchan por construir la paz en Colombia. «Aquí ocurrieron millones de asesinatos, desapariciones y personas en prisión. No los vamos a olvidar nunca. Es fundamental organizar la fuerza internacional para exigir al gobierno colombiano, ya que no tenemos confianza de que el gobierno realmente quiera implementar los acuerdos de paz», dijo la referente coreana.
Sobre el conflicto de la tierra, los delegados afirmaron que no ven avances suficientes «por falta de una política clara que apoye la economía campesina». «El gobierno sigue apostando por un modelo agrario que fomenta acaparemiento de recursos, el extractivismo y el agronegocio», sumado a que «no hay mecanismo en marcha para distribuir 500 mil hectáreas en el plan de reparto de tierras». También denunciaron que se sigue fumigando con glifosato los cultivos de uso ilícito.
El Estado es responsable
María José Venancio señaló que recibieron denuncias por más de 400 asesinatos de defensoras y defensores de territorios desde la firma de los Acuerdos de Paz y que 300 ex integrantes de las FARC permanecen detenidos.
«No hay excusas: el Estado es el principal responsable de los crímenes y las violaciones a los derechos humanos tras la firma de los Acuerdos de Paz. Exigimos al Estado de Colombia una investigación para saber la verdad sobre los asesinatos de luchadores sociales. Con este número de muertos obviamente no funciona el Estado ni las agencias de seguimiento que se crean», dijo Venancio. Y concluyó: «El acuerdo debe ser respetado, no sólo como un instrumento de paz para Colombia sino para toda la humanidad».
«Estamos convencidos de que la paz es una necesidad fundamental en la región y el mundo. Tal como dice la Declaración de Derechos Campesinos, es muy difícil la justicia social sin una reforma agraria que garantice el acceso a la tierra. Ojalá el Estado colombiano reconozca la justicia social y la reforma agraria como requisitos para alcanzar la paz», añadió Diego Montón.