Se presentó el informe anual Conflictos en el Campo Brasil 2021 [1] de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) [2]. Esta relatoría que se realiza desde 1985 registra las violencias que ejercen los terratenientes, mineros, forestales, especuladores de la tierra y empresarios contra los pueblos y comunidades del campo brasileño. Además, evidencia la omisión y complicidad del Estado.
De 1985 a 2020 hubo 1973 asesinatos de trabajadores/as rurales, indígenas, quilombolas, ocupantes de tierra e integrantes de comunidades tradicionales. De este total, apenas 6 por ciento de los casos fueron juzgados.
El informe 2021 se presentó en la jornada siguiente al Día Internacional de las Luchas Campesinas, el 17 de abril. Ese día recuerda la masacre de Eldorado do Carajás en 1996, en Brasil, donde fueron asesinados 19 trabajadores rurales y campesinos sin tierra a manos de la Policía Militar del estado de Pará.
Una de las funciones sociales del informe de la CPT es, sin dudas, mostrar los impactos del capital avanzando sobre la vida, y denunciar la impunidad con la que actúan las fuerzas represivas estatales y empresariales en el marco de las luchas por la tierra, el agua y el trabajo.
En la publicación consta que los registros se basan, entre otras, en una dimensión ética, “porque la lucha por la tierra es una cuestión de justicia”, y en una dimensión política, porque “el registro de la lucha se realiza para que el trabajador, conociendo mejor su realidad, pueda asumir su propio camino, convirtiéndose en el sujeto y protagonista de su historia”.
No son números, son vidas
En 2021 se registraron 35 asesinatos en conflictos en el campo. Esto significa un aumento del 75 por ciento con respecto al 2020 [3]. Además, se produjo un aumento de 1100 por ciento en muertes como consecuencia de estos conflictos (no son asesinatos, sino muertes vinculadas de diversas formas a la realidad de extrema violencia que sufren las familias en sus comunidades).
Josep Iborra, coordinador de la Articulación de la CPT en la Amazonia, dijo a Radio Mundo Real: “la región amazónica es la que concentra casi el 80 por ciento de la violencia provocada por esos conflictos, (…) la mayoría de las muertes y asesinatos ocurrieron en la Amazonia”
El nuevo informe de la CPT destaca la violencia sufrida en tierras indígenas Yanomamis, al norte de la Amazonia, afectadas principalmente por los buscadores de oro clandestinos. De las 109 muertes registradas, 101 son indígenas Yanomamis. Esta es una de las dos masacres que constan en la publicación. La segunda masacre involucró a trabajadores sin tierra de la región de Nova Mutum. Tres campesinos vinculados a la Liga de Campesinos Pobres fueron asesinados en una operación de la Fuerza Nacional de Seguridad.
Para Iborra, otro hecho para destacar de este informe es “la participación de los gobiernos, federal y estatales, apoyando a estos actores que están invadiendo tierras, expulsando las comunidades tradicionales y amenazando a los indígenas”.
En el análisis de Afonso M. das Chagas, Doctor en Ciencias Políticas y miembro del Equipo Nacional de Formación de la CPT, incluido en el informe, se puede leer: “no es sólo un golpe político, sino un golpe contra la democracia, verbalizado en narrativas de odio, de revocación de derechos, de revisión histórica. Inherente a esta retórica se encuentra todo un proyecto económico para rearticular el capital en el campo, el saqueo de los recursos naturales, la privatización o la apropiación de tierras públicas, y la mercantilización y financiarización de todos los recursos naturales. Por eso este proyecto se llama necropolítica (política de la muerte), que se inauguró con motivo del golpe mediático-legal-parlamentario (2016), prosperó en 2018”. Más adelante en el texto Afonso M. das Chagas aclara: “junto a esta ‘política de la muerte’ está la llamada ‘economía de destrucción’, sobre todo estimulando y tolerando el latifundio agroexportador”.
De acuerdo al “Conflictos en el Campo Brasil 2021”, aumentó también el número de torturados en un 44 por ciento, y el de agredidos en un 39 por ciento. Además, este año cuenta con el mayor número de rescates a personas en situación de trabajo esclavo desde 2013. La Fiscalía del Trabajo rescató 1726 personas, de las cuales 64 eran niños/as y adolescentes. Este informe presenta por primera vez datos sobre orientación sexual e identidad de género: cinco personas LGBTIQ+ fueron víctimas de violencia en el campo.
La violencia crece, la lucha continúa
Según datos parciales del 2022, ya son 14 los asesinatos en conflictos del campo. Hay dos casos de extrema violencia e impacto: el asesinato de José Gomes, su esposa Marcia Nunes y su hija Joane Nunes. Sus cuerpos fueron encontrados en las tierras donde vivían hace más de 20 años y trabajaban en la preservación del bosque; y el asesinato de Jonatas de Oliveira dos Santos, un niño de nueve años, hijo de un líder campesino.
La lucha sigue de pie a pesar de los embates, las violencias y la destrucción generada por el extractivismo. En 2021 también crecieron las “retomadas” y ocupaciones de tierra un 72 por ciento.
Además, el informe destaca la organización nacional indígena y el campamento indígena Tierra Libre [4], de la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) [5], como una de las principales acciones de lucha. También visibiliza en su artículo final la solidaridad de las comunidades y pueblos que habitan y trabajan en el campo brasileño.
Posterior a la presentación de este informe organizaciones del campo y la ciudad se reunieron en dos jornadas y presentaron un documento llamado carta a la sociedad, sobre una Campaña Permanente contra la Violencia en el Campo, en Defensa de los Territorios y la Vida. [6]
El informe de la CPT recoge una frase de los líderes indígenas de Macuxi durante el campamento de la APIB en Brasilia, capital federal del país, realizado del 4 al 14 de abril. La frase grafica la resistencia ante tanta violencia: “estamos de luto, pero en la lucha”.