La movilización inició las 8 de la mañana en Protabaco y llegó a la Plazoleta Lanuel Gustavo Chacón (Ecopetrol – calle 36 con cra 13) de Bogotá sobre las 11.
Este viernes 10 de julio, la “Marcha por la Dignidad” [1] llegó a la capital colombiana, conformada por líderes y lideresas sociales de 40 organizaciones de todo el país, entre estudiantes, indígenas, afrodescendientes, campesinas y campesinos, quienes caminaron alrededor de 600 kilómetros desde Popayán, con el propósito de reclamar al gobierno de Iván Duque acciones urgentes frente al asesinato sistemático de líderes (as) sociales, excombatientes, mujeres y niños. Además, el sector estudiantil acompaña están movilización pidiendo la gratuidad en la matrícula de la educación pública durante la pandemia.
En su recorrido por 22 municipios del país, los marchantes aprovecharon para entablar diálogo con las poblaciones y organizaciones víctimas de la violencia política y de la injusticia social.
A pesar de que informes de Naciones Unidas, Wola (Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos) y CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) recomiendan al Estado colombiano generar las acciones suficientes y necesarias para frenar la eliminación sistemática de los líderes y lideresas sociales y defensores y defensoras de derechos humanos, las cifras de crímenes de lesa humanidad son alarmantes.
Colombia llegó a la lamentable cifra de 300 defensores sociales y 200 excombatientes asesinados desde la implementación del Acuerdo de Paz en 2016.
Además, se cuentan 100 feminicidios solo en lo que va de la cuarentena.
El país está sufriendo no solo por la pandemia de COVID-19 sino que el aislamiento social actual ha intensificado y recrudecido la violencia del país.
A esto se suma el aumento de la pobreza. Según un estudio de la Universidad de los Andes, por lo menos 7,3 millones de personas de clase media pasarían a ser pobres, lo que también se refleja en la tasa de desempleo más altas en la historia del país (21,4 % en mayo según el DANE).
La Marcha por la Dignidad comenzó el 25 de junio y, al día siguiente, el presidente Iván Duque dio la orden a la Unidad Nacional de Protección de quitar el esquema de uno de los marchantes, José Milcíades Sánchez, Premio Nacional de Derechos Humanos –como denunciara el propio Milcíades en RMR [1]-, “acción que da cuenta de la falta de compromiso y la complicidad del actual gobierno en la desaparición y asesinato de líderes y lideresas de organizaciones sociales”, dijeron los voceros de la marcha.