El 26 de diciembre varias personas irrumpieron en la casa del líder indígena lenca Félix Vásquez con armas de fuego y lo asesinaron. Vásquez era dirigente de la Unión de Trabajadores del Campo (UTC-La Paz) y precandidato a diputado por el partido Libertad y Refundación (LIBRE) para las elecciones nacionales de noviembre de 2021.
“El Estado es responsable del asesinato de Félix Vásquez y de la criminalización en contra de los defensores de la tierra Víctor Vásquez y José Santos Vigil”, expresaron el 27 de diciembre y con la lectura de un comunicado [1] las organizaciones que conforman la Coordinadora Ambiental Indígena Lenca y Campesina del departamento de La Paz, la Coalición contra la Impunidad (CCI) y el Bufete Justicia para los Pueblos (BJP). Lo hicieron en una conferencia de prensa en la puerta del Ministerio Público de Honduras, en la capital Tegucigalpa.
Víctor Vásquez integra la Coordinación General del Movimiento Indígena Lenca Independiente de La Paz Honduras (MILPA-H) y Santos Vigil es socio de la Base Campesina Nueva Esperanza. Víctor, como defensor de la tierra y el territorio, dio acompañamiento a los campesinos de la Base Nueva Esperanza. Los dos dirigentes fueron acusados injustamente por los supuestos dueños de la tierra de tres delitos [2]. A mediados de diciembre se les dictó prisión preventiva sólo por el delito de desplazamiento forzado.
El pronunciamiento leído en el Ministerio Público de Honduras dejó claro que este no es un caso aislado: “las organizaciones indígenas y campesinas de La Paz que luchan por el acceso a la tierra y defensa del territorio, son blancos constantes de fuerzas militares, policiales y paramilitares ubicadas en la zona, las cuales son encargadas de defender los intereses de grupos extractivistas y terratenientes que históricamente han despojado a las comunidades de sus principales medios de vida: la tierra, el agua y el bosque”.
Félix Vásquez había denunciado en varias ocasiones que sufría persecución y amenazas de muerte, sin embargo, según expresa el comunicado del 27 de diciembre, “las instancias estatales encargadas de velar por su seguridad e integridad física no respondieron ante el llamado que realizó”. “Por lo cual, el Estado es responsable directo de su asesinato, por sus omisiones frente a los graves riesgos de los cuales tuvo conocimiento oportunamente”, agregó el texto. Esta situación de violencia es cotidiana en Honduras, un país que conserva abierta la herida del femicidio político [3] de la líder lenca, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) [4], Berta Cáceres. Tampoco es nueva la impunidad [5]. Desde 2015, al menos 20 defensores/as indígenas han sido asesinados/as, según denunció el MILPA-H.
En sus redes sociales la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) [6] aseguró que “el asesinato de Félix Vásquez y las agresiones contra su familia forman parte de la campaña de terror existente”. En tanto, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos emitió un comunicado [7] el 7 de enero donde condenó el homicidio de Vásquez y del defensor Adán Mejía, que fue asesinado el 29 de diciembre en el departamento de Yoro. El Observatorio además solicitó: iniciar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial entorno a los asesinatos, adoptar de manera inmediata todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad, la integridad física y el bienestar psicológico de los pueblos indígenas, poner fin a todo tipo de ataques y actos de hostigamiento en contra de esos pueblos e implementar políticas de reconocimiento de sus derechos.
En los últimos meses el Ministerio Público de Honduras ha recrudecido la persecución política y la criminalización de defensores/as de los territorios y los pueblos, ha judicializado a varios/as líderes/lideresas y aplicado el delito de “desplazamiento forzado”. Según explica el comunicado leído en conferencia de prensa el 27 de diciembre, “este delito fue aprobado para hacerle frente al fenómeno delictivo de violencia ejercido por el crimen organizado, contra las empresas y terratenientes que hacen un uso de la violencia contra las personas en barrios y comunidades para desplazarlas y apropiarse de sus bienes. Sin embargo, tal y como denunciamos en relación al Nuevo Código Penal, el Poder Judicial ha encontrado en esta figura una ventana para aplicar y criminalizar a quienes luchan por defender la tierra de esa violencia”.
Las organizaciones redactoras del comunicado exigieron en diciembre al Ministerio Público que realizara una pronta y exhaustiva investigación del asesinato de Félix Vásquez, con el objetivo de llevar ante la justicia a los autores intelectuales y materiales, y que parara la persecución política contra las organizaciones de La Paz. Asimismo, reclamaron a la jueza Anahí Lariza Jovel Quiñónez, que señalara la audiencia de revisión de medidas y pusiera en libertad a los defensores de derechos humanos Víctor Vásquez y José Santos Vigil Girón.