Fue una de las primeras medidas decretadas por el ultraderechista, horas después de asumir la Presidencia brasileña. Cambiar la potestad de identificar, delimitar y demarcar tierras indígenas y quilombolas de la Fundación Nacional del Indio (Funai) al Ministerio de Agricultura, significa entregar ese poder a autoridades vinculadas al agronegocio y a la bancada ruralista.
Expertos en Derecho advirtieron que el traspaso de institución es una pérdida de autonomía para la Funai. André Bezerra, miembro de la Asociación Jueces para la Democracia y doctor por el Programa en Humanidades y Derechos de la Universidad de San Pablo, afirmó al portal Brasil de Fato que la medida refuerza una práctica colonialista que se intentaba minimizar a través del trabajo de la Fundación.
Un integrante de la Funai dijo al mismo portal que no es menor la pérdida de la potestad de demarcar territorios indígenas. Eso era la “esencia” del organismo estatal. En la actualidad hay unas 129 tierras indígenas por ser revisadas, lo que implica unas 11 millones de hectáreas.
“Otro aspecto preocupante -dijo esa fuente de la Fundación- es que la institución pasa a estar a cargo de quienes están más interesados en no crear más áreas que puedan ‘obstaculizar’ el agronegocio”.
En este sentido, al frente del Ministerio de Agricultura fue asignada Tereza Cristina. La ministra es conocida como la «musa del veneno», informó el portal Brasil de Fato. Cristina integraba la bancada ruralista y en su campaña electoral recibió millones de dólares de empresarios vinculados al agronegocio.
Un lugar en disputa es la reserva indígena Raposa Serra do Sol, ya homologada por la Funai. Esta decisión podría revisarse, ya que es un área de interés para las Fuerzas Armadas que Bolsonaro desea tener presentes «en todos los lugares de nuestro inmenso país», como ha dicho. Raposa Serra do Sol está situada al nordeste del estado de Roraima y tiene límite fronterizo con Venezuela.
Otras medidas tomadas por Jair Bolsonaro en su primer día como presidente fueron bajar el salario mínimo fijado por su antecesor Michel Temer, aprobado semanas atrás en el Congreso, de 1006 reales a 998 reales (unos 265 dólares), además de excluir a la población LGBT de las políticas de derechos humanos.
Además de bajar el salario mínimo, el ministro de Economía Paulo Guedes pretende llevar adelante una fuerte reforma previsional en paralelo a un paquete de privatizaciones, parciales o totales, de empresas como Petrobras y Eletrobras.