La Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos en Ecuador dio lugar a la solicitud de nueve niñas de esa región que exigían al Estado no autorizar nuevas instalaciones de mecheros de industria petrolera en la Amazonía.
“Es una gran victoria. Ahora el reto es lograr el cumplimiento de la sentencia”, dijo el abogado Pablo Fajardo, representante de la Unión de Afectados por Texaco (UDAPT), que acompañó la acción de protección presentada por las niñas junto a Caritas Ecuador, Pastoral Social de Orellana y Sucumbíos, Acción Ecológica, Clínica Ambiental y otros colectivos.
Los «mecheros» son torres que queman el gas proveniente de la extracción de hidrocarburos, en este caso, en las provincias de Sucumbíos y Orellana ubicadas en la Amazonía Norte ecuatoriana.
“Ninguna empresa petrolera puede instalar mecheros en la Amazonía sin la autorización del Estado ecuatoriano”, explicó Fajardo. Por eso, tras la demanda judicial, los jueces de Sucumbíos evaluaron que “el Estado ha vulnerado los derechos de las niñas accionantes y ordenaron que se apliquen medidas de reparación integral”, añadió el abogado.
Desde hace 53 años, Texaco, luego Petroamazonas, y otras empresas privadas y públicas extranjeras, han quemado miles de millones de metros cúbicos de gas en los mecheros. Durante el proceso de combustión del gas se emiten partículas altamente cancerígenas como hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) y benceno. Según un relevamiento de la UDAPT [1], para enero de 2020 había 447 mecheros funcionando en la Amazonía ecuatoriana, provocando contaminación en el aire, el agua y el suelo, además de graves impactos en la salud, como el incremento de casos de cáncer en Orellana y Sucumbíos.
Desde la Unión de Afectados por Texaco, como parte del colectivo denunciante «Eliminen los mecheros que encendemos la Vida», remarcaron que el objetivo de la demanda no es sólo denunciar esta práctica ilegal y peligrosa, sino “exigir la remoción de todos los mecheros de la Amazonía; la declaración de emergencia sanitaria en las provincias de Sucumbíos y Orellana; identificar la responsabilidad legal de quienes, de manera negligente, permitieron que esta práctica se convirtiera en un modus operandi, y una investigación de Contraloría sobre quiénes se han beneficiado, a lo largo de todos estos años, de una práctica que ha causado miles de muertes y un daño económico de miles de millones de dólares al país».