“Fuera Piñera” y “No estamos en guerra” son hashtag que han poblado las redes sociales en los últimos días para acompañar y visibilizar las movilizaciones sociales masivas que se sostienen en Chile desde el 18 de octubre tras el anuncio del aumento del boleto de metro y posterior declaración de estado de emergencia y toque de queda.
Las movilizaciones están canalizando un fuerte descontento social, en un país donde el uno por ciento más adinerado concentra el 26.5 por ciento de la riqueza total, mientras que la mitad de los hogares con menores ingresos accede apenas al 2 por ciento de la riqueza.
Como rapeaba Ana Tijoux en el video que hizo viral bajo el estribillo “Cacerolazo”: “No son 30 pesos, son 30 años”; las movilizaciones no son solo por los 30 pesos de aumento al boleto de metro (llevándolo a 1,17 dólar) sino más de 30 años de ajuste y represión, como continuación de la dictadura de Augusto Pinochet.
“Estamos en guerra”, dijo el presidente Sebastián Piñera y los ecos de Pinochet fueron claros. Desde el 18 al 21 de octubre hay 17 personas muertas, 6 de ellas asesinadas por la represión a mansalva del Ejército chileno, 13 baleados graves, amenazas de violación [1], 2151 detenidxs. Las fuerzas represivas, entre policías, militares y detectives ya suman 12.061 efectivos desplegados al ritmo del estado de emergencia y el toque de queda.
En este contexto, el pueblo sigue en la calle. Este martes 22, a las 12, se convocó a un cacerolazo por la salud frente al Ministerio de Salud. Las organizaciones exigen aumentar el presupuesto para el sistema público de salud, pasando del 4,5% del Producto Bruto Interno al 6% en tres años, para alcanzar estándares internacionales; incrementar el financiamiento a los hospitales para disminuir listas de espera y mejorar la calidad y seguridad en la atención; mejorar el financiamiento de los consultorios, aumentando el dinero que se entrega por cada persona inscrita y respetar remuneraciones y asignaciones a trabajadores y trabajadoras de la salud.
Esto es el preámbulo a la Huelga General convocada por Unidad Social para el 23 y 24 de de octubre, acompañada por la Cumbre de los Pueblos y decenas de otras organizaciones que luchan “por un nuevo pacto social”.
El miércoles parte una marcha a las 11 de la mañana desde Plaza Italia en Santiago y el jueves la huelga deberá tener expresión principalmente en los territorios, informaron.
NUEVO PACTO SOCIAL
La Asamblea Ciudadana por una Nueva Constitución/Movimiento 19 de Octubre, que llama a la Huelga, expresó en un comunicado emitido a última hora del lunes 21 que, «lo que se ha manifestado durante la última semana, primero en las calles de Santiago y luego en todo el país, es la exasperación ciudadana con un modelo fundado en el abuso».
Consideran que ese abuso está presente en los altos precios de las necesidades básicas, manejadas por privados que se enriquecen con el valor del agua, el transporte, la luz, fijados por «comités de expertos». Así como la falta de reconocimiento al pueblo mapuche y de políticas públicas para «enfrentar con decisión los prejuicios patriarcales».
«El abuso es la negación de un pacto social. (…) La movilización pacífica del pueblo chileno debe continuar, hasta lograr una transformación profunda del modelo vigente, fundado en el abuso», dice la Asamblea Ciudadana por una Nueva Constitución.
Por eso proponen una nueva Constitución que refleje un nuevo pacto social que venga de la ciudadanía, de una asamblea constituyente.
Además, exigen medidas inmediatas y otras de mediano plazo:
1. Rechazamos la idea autoritaria que el gobierno quiere imponer, de que los chilenos estamos en guerra. En democracia, los militares deben estar en sus cuarteles, no en la calle. Querer confundir delincuencia con ejercicio legítimo de la ciudadanía es una grave irresponsabilidad de la autoridad. Exigimos el fin del Estado de Emergencia.
2. Una inmediata y considerable reducción de las dietas parlamentarias y los sueldos de dirigentes de partidos políticos. Una decisión rápida en esta dirección mostraría que la clase política al menos ha comenzado a comprender la profundidad del problema.
3. Que se vote y apruebe a la brevedad el proyecto de ley de 40 horas;
4. Detener inmediatamente la agenda legislativa en lo que ésta profundiza la cultura del abuso.
(a) Debemos discutir sobre reformas profundas y no sobre “perfeccionamientos” a un sistema de pensiones que ha probado ser un fracaso, y acabar con el abuso que significa que todos los y las trabajadores deban obligatoriamente entregar sus ahorros a empresas privadas. Los y las trabajadores, y no las AFPs, deben tener control sobre sus ahorros, y decidir sobre el modo en que ellos se invierten. La discusión sobre la mejora inmediata de las pensiones debe continuar, para asegurar a todo pensionado una pensión al menos igual al sueldo mínimo, ahora;
(b) rechazar la reintegración tributaria que solo beneficia a los más ricos de este país y resta recursos para políticas de justicia e igualdad social.
5. Nacionalización del litio, que es la riqueza del mañana y una oportunidad para que, en vez de servir intereses extractivistas, el Estado asuma un rol de fomento de la diversificación tecnológica, en lo que el actual modelo de desarrollo ha fracasado totalmente.
6. Fortalecimiento de la salud pública, terminando con la carencia de insumos como exigen los gremios de la salud;
7. Recuperación del agua, la que ha sido privatizada en beneficio de unos pocos.