El Convenio sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas exhortó el 29 de noviembre a que los gobiernos realicen estrictas evaluaciones de riesgo y consulten a pueblos indígenas y otras comunidades locales antes de realizar cualquier liberación de organismos al ambiente con «tecnología exterminadora» como los impulsores genéticos o «gene drives» en inglés.
La decisión de consultar previamente a los pueblos sobre estas peligrosas modificaciones genéticas de organismos fue celebrada por Amigos de la Tierra y el grupo ETC, ya que lo consideran una respuesta a la campaña que estos movimientos sociales y ambientalistas llevan a cabo desde hace años para exigir una moratoria en la implementación de impulsores genéticos [1], debido al impacto que pueden tener en “conocimientos tradicionales, prácticas, medios de vida y uso de la tierra y el agua” de los pueblos indígenas y las comunidades locales, y la alteración genética de las especies en forma completa y permanente [2].
El co-director ejecutivo de ETC, Jim Thomas, consideró que se trata de una decisión histórica, ya que implica tomar el control sobre los impulsores genéticos «invocando sencillas medidas de sentido común: no te metas con el entorno, los territorios y los derechos de los pueblos sin su consentimiento».
Es clave que en este control haya injerencia del poder popular porque los impulsores genéticos son financiados por poderosos intereses militares, personas muy ricas o representantes de agronegocios.
Un ejemplo de lo que sería liberar organismos genéticamente modificados al ambiente es lo que pretenden hacer investigadores del Colegio Imperial de Londres con su proyecto Target Malaria. Éste supone liberar mosquitos genéticamente modificados en Burkina Faso como un paso hacia futuras liberaciones de mosquitos con impulsores genéticos para, supuestamente, combatir la malaria. Las personas que viven en las aldeas seleccionadas para su posible liberación, que serán expuestas a esos insectos, no han sido consultadas ni han dado su consentimiento, recordaron desde el grupo ETC.
Desde Amigos de la Tierra África, Mariann Bassey-Orovwuje, dijo que en ese continente todos están potencialmente afectados y no quieren ser «ratas de laboratorio de esta tecnología exterminadora”.
“Campesinos y ambientalistas ya se manifestaron en las calles de Burkina Faso para protestar contra los mosquitos genéticamente modificados y vamos a marchar de nuevo si ignoran esta decisión de la ONU. Desde ahora les avisamos que las comunidades potencialmente afectadas de África occidental no han dado su consentimiento ni aprobación a esta riesgosa tecnología», declaró la ambientalista que también preside la Alianza para la Soberanía Alimentaria en África.
Para cumplir con la evaluación de riesgos previa y exhaustiva que también exige la ONU, se deberán acordar nuevas medidas de bioseguridad para prevenir posibles efectos adversos de esta tecnología. Para ello se necesitan más estudios e investigaciones sobre los impactos de los impulsores genéticos de manera que se desarrollen directrices que permitan evaluarlos antes de considerar su liberación, incluso experimental.