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Acceso a la tierra en Uruguay: entre recortes presupuestales y leyes regresivas

En defensa de la tierra y del Instituto Nacional de Colonización (INC), varios sindicatos y organizaciones sociales uruguayas vinculadas a la lucha por la tierra convocan a una serie de actividades y movilizaciones en varias partes del país, que van desde este viernes al sábado 18 de septiembre.

Se destacan una actividad en Guichón, Paysandú, denominada “Balance y puesta a punto en políticas de acceso a tierras en Uruguay”, que se realiza este sábado, y una marcha a caballo el 15 de septiembre que recorrerá decenas de kilómetros para llegar al Palacio Legislativo (edificio del Parlamento) en la capital uruguaya, Montevideo, en el marco de un paro general convocado por la central obrera PIT-CNT.

Los organizadores y convocantes de esos dos momentos son, entre otros: la central sindical, la Asociación de Funcionarios del Instituto Nacional de Colonización (AFINCO), la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines (UNATRA), grupos de colonos y aspirantes a tierras de todo el país, Vecinos de Guichón por los Bienes Naturales, la Unión de Clasificadores de Residuos Urbanos Sólidos (UCRUS), la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas, y REDES-Amigos de la Tierra Uruguay.

Las actividades abren este viernes en Melo, departamento de Cerro Largo, y cierran, según lo programado hasta el momento en que se realiza esta nota, el sábado 18 en Bella Unión, departamento de Artigas.

Radio Mundo Real conversó con Juan Pablo Carbone, del colectivo Aldea Avatí, y Cecilia Rameau, de la colectiva Punta Negra, integrantes de la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas [1], sobre la importancia del INC como herramienta para el acceso a la tierra, en la que llevan adelante proyectos productivos y de vida.

Ambos proyectos accedieron a sus tierras mediante el INC, son agroecológicos y colectivos. Sus integrantes participan de los campamentos de jóvenes por la soberanía alimentaria y la Fiesta de la Semilla organizados por la Red de Semillas. Como ellos, muchos otros jóvenes gestionan tierras colectivamente, por ejemplo, los grupos El Ombú en Paysandú y Los Parientes en Treinta y Tres.

Aldea Avatí tiene una diversidad de más de 40 variedades de cultivos que rotan por estación. En el caso de Punta Negra se dedican a la horticultura, apicultura y producción de huevos. Sobre el colectivo de mujeres Rameau dijo: “cuando nosotras nos conformamos lo que nos unió fueron las ganas de ir a la tierra y agruparnos como mujeres, (…) poder decidir nosotras qué queremos hacer, de qué forma, cómo nos queremos comunicar, sin violencia, tremendo trabajo de empoderamiento”.

Rameau contó que todos los años cientos de personas se presentan con sus proyectos para acceder a tierras en el INC. “El Instituto es una tremenda herramienta para nosotras y para las personas que no tienen la posibilidad de comprar tierras, ni de heredar”.

Carbone aportó: “desde la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas reivindicamos la propiedad de la tierra con su función social, y el INC, al trabajar desde el arrendamiento y ser tierras públicas a disposición del pueblo, cumple esa función. Cuando un colono o familia ya no necesita esa tierra o deja de producirla directamente, ese predio por ley tendría que pasar a otra familia. Esto es fundamental, entre tanto latifundio y extranjerización de la tierra, el INC tiene una función importante para regular y generar un acceso más igualitario”.

Que los más infelices sean los más privilegiados

El INC es un organismo público (un ente autónomo), creado por la ley 11.029 en el año 1948. Tiene entre sus cometidos regular las políticas de tierras y promover el desarrollo rural. En su página web institucional [2] puede leerse: “es necesario que el Estado asuma la gestión administrativa de una porción de la superficie nacional, que revierta los procesos y las situaciones más graves de exclusión, de aquellos sectores agrarios con mayores dificultades económicas y sociales”. Esto puede traducirse en que parte de sus objetivos es velar para que el acceso a la tierra no sea un privilegio.

Basado en el ideario artiguista (José Gervasio Artigas, 1764-1850, prócer de la patria en Uruguay) del Reglamento de Tierras, entre otras cosas, el INC gestiona tierras públicas y las arrienda a costos más bajos de los que marca el mercado para facilitar el acceso a esos predios. El Instituto se define a sí mismo como implementador de una política pública de redistribución equitativa de la tierra, fundamentada en el reconocimiento de la función social que la tierra cumple. Sin embargo, los últimos movimientos presupuestales y algunos artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), promovidos por el gobierno de coalición de derecha y con gran resistencia popular [3], no parecen ir en este camino.

El artículo 357 de LUC modifica la integración de parcelas del INC y el artículo 358 modifica las obligaciones de los colonos. El artículo 357, según un comunicado emitido por AFINCO en mayo de 2020, “devolvería al mercado unas 120.000 hectáreas que actualmente forman parte de colonias establecidas hace muchos años, y si bien son propiedad de colonos/as, el INC mantiene regulación sobre éstas, y su intermediación impide que empresas no vinculadas al agro, en muchos casos multinacionales, especulen con la tierra como si fuese un recurso financiero”.

En cuanto al artículo 358, elimina la obligación de trabajar directamente las fracciones de tierras, y según expresa el comunicado de AFINCO “exime de la obligatoriedad de residencia a las familias colonas”. “Es conveniente preguntarse quiénes serán los beneficiarios/as de la política de arrendamiento si no es necesario trabajar directamente”, sentencia el texto.

Además, en junio de este año el gobierno anunció que los fondos que el INC tiene para la compra de tierras serían destinados para la regularización de asentamientos urbanos. Al respecto la UNATRA expresó en un comunicado: “se pretende convertir una política social justa en una guerra por migajas entre pobres de la ciudad que no tienen techo contra pobres del campo que no tienen tierra para trabajar”.

Mucho más que tierra

La Red de Nacional de Semillas Nativas y Criollas también expresó su rechazo al desmantelamiento del INC en un comunicado a la opinión pública [4] a inicios de junio. “Las experiencias que hoy se desarrollan en tierras públicas significan un proceso de transformación material de las condiciones de vida de cientos de familias y representan un aporte fundamental para la construcción de un proyecto territorial de soberanía alimentaria”.

Juan Pablo Carbone y Cecilia Rameau dejan claro con sus proyectos que habitar la tierra no es solo acceder a una parcela, es la posibilidad de construir comunidad, de recorrer alternativas a la crisis sanitaria, alimentaria, de vivienda y económica que atraviesa el país. Vivir y trabajar la tierra en comunidad es una forma de resistencia a un sistema hostil para los pueblos y el ambiente.

En este sentido, Rameau contó: “no es solo el trabajo en la tierra, es estar juntos y juntas, tenemos otras cosas que intercambiar, el trabajo, la cultura, otra forma de salud, hay muchas otras cosas que nos hacen querer estar en colectivos, vivir, trabajar y sostener en la tierra”. “Caminar hacia una forma de vivir más digna, una alimentación consciente, saludable, con un trabajo digno, sin estar oprimidos”, agregó.

En tanto, Carbone observó que “se está dando un proceso nacional, latinoamericano y global de vuelta al campo, en el cual jóvenes que nacimos en el medio urbano hoy buscamos proyectar hacia la vida rural. (…) Esa realidad se vio en crecimiento en la pandemia, que puso en evidencia que las condiciones de vida en las ciudades no son buenas”.

La Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas apoya e invita a las movilizaciones convocadas en defensa del INC. En la actividad de este sábado en Guichón Carbone presentará, en representación de la Red, la situación actual el Plan Nacional de Agroecología. Además, el 15 de septiembre la Red de Semillas realizará una intervención en la movilización en Montevideo.

Militantes del sistema de fomento y cooperativo rural saludaron los esfuerzos de las distintas organizaciones sociales rurales y urbanas por las movilizaciones y actividades en defensa de la tierra. En una carta abierta [5] adhieren y convocan a participar en todas las actividades y expresan: “que nuestras diferencias no nos impidan hacer fuerza juntos para defender aquello que nos une: nuestra identidad de trabajo y la función social de la tierra”.