A comienzos de febrero el 9º Juzgado Federal de Porto Alegre, Brasil, aprobó la acción de cancelación del proceso de licencia ambiental del proyecto Mina Guaíba, perteneciente a la empresa Copelmi. Este proyecto, que también incluye un polo carboquímico, pretendía instalar la mina de carbón a cielo abierto más grande del país, con una extensión de casi cinco mil hectáreas entre las ciudades de Eldorado do Sul y Charqueadas, a unos 16 kilómetros de Porto Alegre.
La mina estaba proyectada a orillas del río Jacuí, cerca de los asentamientos de tierras de referencia para la siembra de arroz orgánico cerca de donde viven y trabajan comunidades indígenas Mbya Guaraní. La acción civil pública contó con la participación de varias organizaciones a través de una coalición formada por el del Comité de Combate a la Megaminería de Rio Grande do Sul (CCM-RS). La iniciativa fue presentada por la Asociación Indígena Poty Guaraní, la Asociación de Educación y Cultura Arayara, el Consejo de Articulación del Pueblo Guaraní y la Comunidad Aldeana Guaraní Guajayvi.
Eduardo Raguse, coordinador de la Asociación Amigos del Medio Ambiente y miembro del CCM-RS, contó a RMR cómo fue el proceso, la articulación e importancia de la lucha. “Existen más de 2.000 áreas en nuestro territorio donde las empresas mineras ya han realizado sus investigaciones y pueden avanzar con proyectos de exploraciones de minerales (…) La mina Guaíba es uno de estos proyectos que tiene como objetivo explotar un carbón mineral de baja calidad, bajo poder calorífico y altísimo poder contaminante”.
Una de las razones que llevaron a la suspensión judicial del proyecto, fue la falta de consulta popular con las comunidades de la zona que serían afectadas directamente por la mina, derecho establecido por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo [1] (OIT).
Además, se presentó un estudio de impacto ambiental realizado por un panel de especialistas [2] que dejó clara la inviabilidad ambiental del proyecto y aportó a la decisión de suspenderlo el proyecto megaminero.
Desde Amigos de la Tierra Brasil [3] celebraron la victoria socio ambiental.
Projeto de construção da Mina Guaíba de carvão mineral, na região metropolitana de Porto Alegre (RS), tem processo de licenciamento ambiental anulado pela Justiça. 💪Vitória contra a megamineração! Leia em https://t.co/2XLEXbHvsy [4] . Ajude a divulgar! 📷 Heitor Jardim/ ATBr pic.twitter.com/lmfzu9PqRB [5]
— Amigas da Terra Brasil (@amigasdaterrabr) February 9, 2022 [6]
Fernando Campos Costa, de Amigos de la Tierra Brasil, conversó con RMR sobre la trascendencia de esta resolución: “es muy buena esta conquista porque muestra el poder de la lucha y la resistencia de la organización de la sociedad para garantizar sus derechos”. Sobre el proyecto Campos aseguró que “solo sería viable dentro de una construcción corrupta desde la técnica hasta la política”.
El emprendimiento minero actualmente está suspendido por orden judicial, pero no ha sido archivado. El ingeniero ambiental Raguse explicó que existe la posibilidad de que la empresa apele el fallo, pero se espera que el tribunal mantenga su decisión.
“Esta victoria es un paso más para evitar la liberación a la atmósfera de todo el carbono almacenado durante miles de años a 100 metros de profundidad a orillas del río Jacuí, uno de nuestros ríos más importantes, que garantiza la calidad el suministro de agua a más de 2.000.000 de personas en la región de Porto Alegre”, subrayó el integrante del CCM-RS.
La suspensión legal de la licencia ambiental del proyecto Mina Guaíba es una victoria de las organizaciones sociales, ambientalistas e indígenas, por tanto, refleja la falta de licencia social. El ámbito político es más complejo. La preocupación de los políticos cerca del período electoral (las elecciones presidenciales son en octubre de este año), y de las financiadoras, sobre su imagen ante la crisis ambiental, juega un papel importante, contó Campos Costa.
Eduardo Raguse destacó la importancia de esta victoria como mojón y motivación para seguir la lucha contra un modelo que genera más daños que beneficios. “La lucha contra la mina Guaíba no terminó con esta decisión, pero con esta victoria nos fortalecemos (…) todavía tenemos muchos proyectos que nos amenazan”, aseguró el ingeniero ambiental.