El 13 de junio la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) [1] llamó a un paro general nacional por múltiples razones: el aumento generalizado del costo de vida, el avance del extractivismo, la vulneración de derechos colectivos de los pueblos, la precarización laboral y la amenaza de privatización de bienes y servicios públicos, entre otras.
El gobierno de Guillermo Lasso reaccionó inmediatamente con una brutal represión. Al día siguiente detuvieron arbitrariamente al presidente de la CONAIE, Leónidas Iza Salazar. Gracias a la presión social y la solidaridad del pueblo ecuatoriano, el dirigente fue liberado 24 horas más tarde. Pero la escalada represiva sigue avanzando.
El 17 de junio el gobierno ecuatoriano decretó estado de excepción en varias de las provincias movilizadas. La CONAIE llamó entonces a movilizarse a la capital Quito. Diversas organizaciones sociales se plegaron al paro nacional. El movimiento feminista, trabajadores/as, campesinos/as y estudiantes, tomaron las calles quiteñas.
Ya son 11 días de paro y movilización nacional y la represión no cesa. Hay cientos de heridos y detenidos, por lo menos diez personas con daños oculares y ya se confirmaron al menos cuatro personas muertas. En este marco de violencia estatal se allanó la Casa de la Cultura de Quito, con el pretexto de que allí se escondían armas. Las armas nunca fueron encontradas pero la Casa quedó intervenida por las fuerzas represivas durante varios días.
Viviana Rojas, de La Vía Campesina Internacional [2], reportó para Radio Mundo Real el 22 de junio e informó que la CONAIE exigió cuatro condiciones para negociar sobre su petitorio de diez puntos con el gobierno. Las condiciones son: cese a la represión, cese al estado de excepción, poner fin a los ataques contra los centros humanitarios y más respeto a la vida.
Las diez demandas del paro nacional pueden sintetizarse así: reducción de precios de los combustibles, moratorias de deudas, precios justos, más y mejores derechos laborales, no a la minería en tierras indígenas, respeto a derechos colectivos de los pueblos, no a las privatizaciones, control sobre los precios, presupuesto para salud y educación, y políticas públicas para mejorar la seguridad.
La reportera de La Vía Campesina recordó también “las políticas del Fondo Monetario Internacional (FMI), con el que Ecuador tiene una serie de compromisos que atentan contra la vida de las mayorías”.
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Para tener una actualización del fin del paro nacional y la mesa de negociación instalada entre el gobierno de Guillermo Lasso y el movimiento indígena escucha el episodio 20 del programa Decir Mueve. [3]