Amenazas, persecución, denigración, judicialización y asesinatos son parte de la violencia y la criminalización que sufren las personas que lideran luchas por la defensa de los territorios y los derechos de los pueblos. [1]
El 2019 fue el año más sangriento para el movimiento ambiental mundial con 212 muertes, de las cuales 148 fueron en América Latina según un informe de la organización Global Witness [2].
El 7 de diciembre, a 26 años de la muerte en Costa Rica de Oscar Fallas, María del Mar Cordero, Jaime Bustamante y David Madariaga, activistas de la Asociación Ecologista Costarricense (AECO), se presentó el libro “Una memoria que se transforma en lucha: 30 años de criminalización del movimiento ecologista en Costa Rica” [3]
El trabajo, publicado por la Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza (FECON) [4], recuenta casi 100 hechos de violencia contra las personas defensoras de la naturaleza en ese país. En el último tiempo se destacaron los casos de Jairo Mora [5] (2013), Sergio Rojas [6] (2019) y Yehry Rivera [7] (2020).
La investigación realizada por los ambientalistas Mauricio Álvarez Mora y Alicia Casas fue compilada por la periodista Fabiola Pomareda y tiene como objetivo aportar a la construcción de la memoria histórica de los movimientos ambientales, pero también fue pensada como herramienta de protección de las organizaciones y sus activistas. El libro tiene una sistematización de hechos de violencia que va desde 1975 a 2020, algunos capítulos individuales como el caso de AECO, la impunidad del caso de Jairo Mora, entre otros, y el capítulo “Mujeres de Fuego”, dedicado a las mujeres defensoras y las formas diferentes en que son criminalizadas. Para Pomareda, con esta publicación el trabajo no se agota, “es un documento vivo”.
“Este es un libro de muertes y de sobrevivientes, pero también es un libro de vida, de recordar y de luchar”, dijo Álvarez Mora en la presentación realizada mediante un conversatorio on line [8] en el que participaron los realizadores y destacadas activistas de Latinoamérica: Karin Nansen (Uruguay), presidenta de la federación ecologista Amigos de la Tierra Internacional (ATI) [9]; Esperanza Martínez (Ecuador), especialista en Derechos de la Naturaleza de la organización Acción Ecológica [10]; Tatiana Roa (Colombia), de CENSAT Agua Viva – Amigos de la Tierra Colombia [11], y Silvia Ribeiro (México), investigadora directora para América Latina del Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración (Grupo ETC) [12].
“Hay ganancia económica directamente vinculada con las muertes de los ecologistas”, afirmó Alicia Casas en la apertura del conversatorio y dio paso a Nansen, que explicó que “la lógica del capital es perversa y atenta contra la vida”. ”Hoy está más claro que nunca que el proyecto, el sistema de acumulación capitalista, es un sistema que desprecia la vida, no permite sostenerla, no solo porque destruye los sistemas ecológicos que hacen posible la vida en el planeta, destruye los medios de sustento y niega derechos a los pueblos, sino porque también persigue, criminaliza y asesina. Claramente esa contradicción capital-vida es sumamente evidente, cada vez más brutal”, y es por eso que lo casos de violencia, criminalización y asesinato de activistas ambientales “son ataques sistémicos, no casos aislados”.
Nansen continuó con su caracterización del sistema capitalista. “es un proyecto antidemocrático, no puede permitir que se expresen las voces”, dijo. Habló también de las violencias transversales. “Es un sistema que se basa en opresiones múltiples: racista, patriarcal, capitalista y colonialista, que se refuerzan constantemente y por eso la violencia es más brutal contra mujeres, Pueblos Indígenas y comunidades afro descendientes que defienden los derechos colectivos”. La presidenta de ATI reflexionó además sobre las lógicas que operan en estos procesos: “los medios corporativos juegan un papel fundamental en la deslegitimación de las voces (…), no solo se difunde información falsa o que trata de contrarrestar la defensa de los territorios cuestionando a determinadas organizaciones, sino que también se trata de permear a nuestras sociedades y cambiar nuestro imaginario social”.
A su turno, Esperanza Martínez consideró que “el sistema de judicialización es una forma de disciplinamiento social, con estigmatización para restar legitimidad y sistemas de hostigamiento para instalar el miedo”, y remarcó que estos patrones de criminalización son comunes en los países de la región. Ecuador tiene una experiencia particular en este tema. En 2008 este país reconoció los derechos de la naturaleza y según compartió Martínez “se reconocieron tres sujetos de derecho: las personas, las comunidades y la naturaleza”. Esto permitió muchos avances e incluso una amnistía para varias personas judicializadas, aunque “no significa que una vez en la Constitución dejó de haber criminalización”. Pero permitió desarrollar herramientas como la Ruta por la Verdad y la Justicia para la Naturaleza y los Pueblos [13].
“Nosotros hemos tenido distintos escenarios políticos, más de izquierda, progresistas, neoliberales, escenarios de transición, y la situación de la criminalización es constante. No tiene que ver tanto con quienes están específicamente en estos niveles, sino con cuales son las relaciones de poder que sostiene el capitalismo”, concluyó Martínez.
En tanto, Tatiana Roa contó sobre la particularidad de los casos en Colombia, donde desde los sucesivos gobiernos de derecha justifican los escenarios represivos por el conflicto armado y el narcotráfico. Mencionó que sobra evidencia que muestra los “vínculos fuertes entre empresas transnacionales y (grupos) paramilitares que han asesinado habitantes de los poblados mineros, petroleros y de agroindustria, han cometido masacres, ocasionado desplazamientos y desaparecido a los opositores de los proyectos extractivos”. Roa culminó su exposición con un reconocimiento a las luchas incansables de los pueblos. “Aun en este nefasto panorama, la resistencia de los movimientos sociales, sean indígenas, campesinos, afrodescendientes, de mujeres, de jóvenes, ha logrado ‘frentear’ importantes proyectos extractivos e incluso los ha paralizado (…). Ahí es donde está la esperanza de que se produzcan transformaciones y que vengan tiempos mejores”.
Finalmente, para Silvia Ribeiro “hay una funcionalidad entre la violencia y el avance de las transnacionales, no están separados”. Los casos de violencia contra defensores/as de la naturaleza en Costa Rica ponen sobre la mesa que esa violencia surge a “partir de los intereses (de las grandes corporaciones) sobre los recursos, y por lo tanto sobre lo que la gente defiende, que es su territorio, sus ríos, su agua, su derecho a respirar y vivir”.
El arma contra la impunidad es la solidaridad internacionalista. Como afirma Casas, “la invitación es a regionalizar, que se acabe la impunidad y generemos un sistema de protección”.