Aunque fueron insuficientes para activar el mecanismo de derogación de la Ley que regula el uso del agua con destino agrario, organizaciones sociales uruguayas recolectaron 330 mil voluntades y anuncian que interpondrán un recurso de inconstitucionalidad, además de celebrar el hecho de que el debate social sobre el agua como Derecho Humano se haya renovado en el país.
La norma fue una iniciativa del gobierno uruguayo a cargo del Frente Amplio con la intención de admitir inversiones en obras de infraestructura para el acopio y la distribución de agua con destino agrario a gran escala y de manera multi predial, esto es, regar varios cultivos correspondientes a más de una explotación. La propuesta reforma la normativa vigente desde 1997 e innova en cuanto a permitir que fondos no agrarios, por ejemplo fondos de inversión o financieros, se apliquen a dichas obras.
La oposición tuvo como protagonistas a los trabajadores de la empresa estatal uruguaya de agua y saneamiento, FFOSE, enmarcados en la central sindical Pit Cnt, Redes Amigos de la Tierra Uruguay, la Federación de Estudiantes Universitarios y sectores del oficialista Frente Amplio.
Mucha militancia sindical, social y política se volcó a la recolección de firmas de manera espontánea y sin mediar la convocatoria de partidos o líneas sindicales.
El pasado viernes 26 fueron presentadas las rúbricas, las cuales son unas 330 mil, que deberán se auditadas, dijeron en el momento de la entrega dirigentes de FFOSE. Se requerían 650 mil firmas para activar el proceso de referéndum, y dejar sin efecto la Ley de Riego. Sin embargo, se anuncia que por considerarla contraria a la enmienda constitucional de 2004, se apelará ante las cortes locales y aún las internacionales.
Así lo anunciaba, por ejemplo, el dirigente de los trabajadores de Obras Sanitarias del Estado (OSE), Carlos Sosa, en un mensaje a las puertas de la autoridad electoral.
Sosa dijo que “no dieron las fuerzas para llegar a todo el país” pero indicó que en las últimas semanas la población se volcó masivamente a firmar y a militar por la campaña.
Colectivos e instituciones como grupos de científicos vinculados a la geografía, hidrología o la ecología, así como la Institución Nacional de Derechos Humanos, fueron sostenes argumentales de la campaña con sendos posicionamientos.
La creación de un “mercado de aguas” contraviniendo la reforma constitucional por iniciativa popular de 2004 que barrió con las privatizaciones en el sector, fue uno de los argumentos centrales empleados por Redes-Amigos de la Tierra Uruguay en el debate público durante el proceso de recolección de firmas.
RMR entrevistó a Hugo Prieto, Vicepresidente del sindicato FFOSE, quien indicó que se cuenta con el asesoramiento de especialistas constitucionalistas que argumentarán para que se declare inconstitucional dicha norma.
“Esto no termina acá. Hay que redoblar. Es un hecho que existen 330 mil voluntades que dicen que el agua no se vende, que se defiende y eso debería reflejarse en una acción de nuestros representantes”, indicó frente a las más de 60 cajas conteniendo papeletas firmadas y acompañadas de la impresión dactilar.
“De concretarse las obras que esta ley anima, se va a complicar la potabilización del agua. Luchando contra un monstruo, la gente de todas formas redobló el esfuerzo y eso nos conmovió muchísimo”, dijo el sindicalista.
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