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Índice Global de los Derechos 2021 evidencia el recorte de derechos y libertades de trabajadores/as en todo el mundo

Entre los diez países más hostiles, tres son de las Américas: Brasil, Colombia y Honduras.

La octava edición del Índice Global de los Derechos [1] de la Confederación Sindical Internacional (CSI) [2] clasifica a 149 países en función del grado de respeto hacia los derechos de los/las trabajadores/as. Incluye en su análisis el derecho a establecer y afiliarse a sindicatos, el derecho de negociación colectiva y el derecho de huelga, así como el acceso a la justicia, la libertad de expresión y de reunión. Además registra arrestos, detenciones, ataques y asesinatos contra trabajadores/as.

 

 

Las violaciones de derechos superaron en cantidad los registros anuales de los últimos ocho años. Entre los datos más alarmantes se encuentra que el número de países que denegaron o reprimieron la libertad de expresión pasó de 56 en 2020 a 64 en 2021. Los/as trabajadores/as se vieron expuestos a actos de violencia en 45 países y se registraron arrestos y detenciones de trabajadores/as en 68 naciones.

 

 

Este informe está atravesado por la crisis sanitaria y muestra cómo la pandemia del COVID-19 se ha utilizado como excusa para reprimir libertades. Uno de los factores estudiados es la vigilancia y la falta de privacidad. En Estados Unidos se reveló que Amazon, Facebook y Google recurrieron a actividades ilegales de vigilancia a sus trabajadores/as.

El índice cuenta con una lista de compañías de diversas partes del mundo que han vulnerado sistemáticamente derechos de trabajadores/as. Entre ellas figuran Nestlé en Brasil, Samsung en Corea de Sur, Uber en Estados Unidos, Ikea en Francia y Volkswagen en Sudáfrica. Si bien las regiones categorizadas como peores para trabajadores/as son Oriente Medio y el Norte de África, dentro de los 10 peores países se encuentran tres del continente americano: Brasil, Colombia y Honduras.

 

 

Para analizar estos datos y leerlos en clave coyuntural, Radio Mundo Real conversó con Rafael Freire, Secretario General de la Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas (CSA), organización regional de la CSI.

Sobre la inclusión de Brasil, Honduras y Colombia en el ranking de los 10 peores países, Freire expresó que este índice “comprueba lo que estamos diciendo hace tiempo, que infelizmente la ola neoliberal ha producido un ataque fuertísimo a los derechos laborales, a los derechos de los/as trabajadores/as. Esta oleada conservadora aquí en América Latina y Caribe solamente empeoró la situación de nuestra región frente al mundo”.

En cuanto a Brasil, Freire se refirió a las reformas laborales regresivas del gobierno golpista de Michel Temer y su posterior profundización con el gobierno del ultra derechista Jair Bolsonaro. Algo similar sucedió en Honduras luego del golpe al presidente Manuel Zelaya en 2009. Con respecto a Colombia, hoy es uno de los países más peligrosos para la vida de sindicalistas. La CSA ha realizado varias denuncias al respecto por políticas regresivas y ataques a trabajadores/as. “Las peores condiciones laborales están íntimamente asociadas al ataque a la democracia y a políticas de derecha en nuestra región”, lamentó Freire.

Algunos datos claros de estos ataques: de abril de 2020 a marzo de 2021 fueron asesinados 22 sindicalistas en Colombia. El 25 de junio de 2020 entró en vigencia el nuevo código penal en Honduras que limita el derecho de reunión y criminaliza las protestas y asambleas públicas, con penas de hasta 30 años de prisión. En Brasil durante el 2020 fue asesinado Hamilton Días de Moura, presidente del Sindicato dos Motoristas e Empregados em Empresas de Transporte de Cargas, y João Inácio da Silva, presidente de la Cooperativa de Trabajadores Montes Belos.

La pandemia como pretexto

La crisis sanitaria global del Covid-19 desencadenó conflictos políticos y sociales en varias regiones. El trabajo ha sido afectado sobremanera, pero el mayor de los riesgos está asociado a cómo se gestionan estas crisis.

Sobre esto Freire explicó: “la pandemia fue usada por gobiernos con signos antidemocráticos o de derecha para atacar derechos en general y en especial derechos de trabajadores y trabajadoras; fue una excusa por ejemplo para hacer reformas laborales, de facto, sin necesidad de debate con la sociedad, y fue usada también para reprimir protestas”.

“Nadie desconoce los impactos de la pandemia, pero la forma en cómo se maneja es la diferencia, tenemos más de 30 millones de desempleados/as en América Latina y el Caribe producto de la pandemia”, dijo Freire. Señaló también que sobre este número de desempleo deberían darse las políticas de gobierno, pero que sin embargo la realidad muestra un aumento de la precarización e informalidad y no de la protección y seguridad.

La democracia en riesgo y la posibilidad de un nuevo contrato social

El vínculo del trabajo con la organización política de nuestras sociedades es sustancial. Así lo marca Rafael Freire: “la democracia no es solo el derecho al voto, es el derecho a la vida, y para nosotros el derecho a la vida pasa por organizaciones sociales que defiendan a nuestra población, en nuestro caso pasa por la existencia del trabajo y los sindicatos”.

Atacar a trabajadores/as es atacar a la democracia. “No hay democracia sin trabajo, no hay democracia sin sindicatos libres, sin negociación colectiva, sin respeto al medio ambiente, sin respeto a las poblaciones en sus libertades, por ejemplo a las libertades de la población LGBTIQ+”, afirmó el Secretario General de la CSA. Añadió además que “la democracia está íntimamente ligada al desarrollo sustentable”.

Ante democracias debilitadas y modelos en disputa, conversamos con Freire sobre las claves para avanzar sobre un nuevo contrato social.

“La construcción de un nuevo contrato social pasa por un cambio del modelo económico que tenemos hoy en el planeta“.  Freire recordó el ejemplo de construcción de un nuevo acuerdo social en Chile con su asamblea constituyente, que desnudó que el supuesto modelo de sociedad democrática se sostenía sobre los principios más descarnados y deshumanizados.

“Cuando la CSI dice que se necesita un nuevo contrato social es que las reglas del juego en el mundo hay que cambiarlas, y hay que pactar una nueva relación social, política y del trabajo”, finalizó Freire.

 

Se puede acceder a la versión interactiva del Índice Global de los Derechos 2021 aquí [3]