Entre el 5 y el 7 de junio en Bogotá, ciudad capital de Colombia, se realizaron diferentes actividades vinculadas a la lucha por los derechos humanos, la justicia ambiental y contra la impunidad de las empresas trasnacionales.
Una de las primeras actividades estuvo vinculada al cine y la memoria; el 5 de junio se realizó la proyección del documental La ilusión de la abundancia [1]. Una película que narra las historias de tres mujeres, faros de resistencia y lucha contra trasnacionales en sus territorios. Máxima en Perú y su resistencia a Yanacocha, la segunda mina de oro más grande del mundo. Berta en Honduras y su lucha contra la construcción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca. Carolina en Brasil y su búsqueda incansable por justicia para las 272 personas asesinadas por la ruptura de la represa perteneciente a Vale S.A.
En la misma jornada se realizó un homenaje a Samuel Arregocés [2] y Jakeline Romero Epiayu [3] defensor y defensora de La Guajira fallecidos recientemente y sembradores de resistencia eterna.
De lo internacional a lo local
El día 6 de junio se desarrolló una de las actividades centrales; organizaciones territoriales, defensoras/es de los ríos y la naturaleza, colectivos de acompañamiento jurídico y pueblos indígenas de las diferentes regiones de Colombia se reunieron en un Encuentro Nacional1 [4] con la intención y la convicción de construir una Campaña Nacional contra la impunidad trasnacional. Un proceso que no es nuevo en el país, hace más de un año se viene articulando en este sentido y tiene una referencia clara en el proceso internacional del Tratado Jurídicamente Vinculante [5]
Este año se cumplen 10 años de la resolución 26/9 [6] que dio lugar al grupo de composición abierta y abrió las negociaciones en la ONU para obtener una herramienta legal, obligatoria e internacional que proteja los derechos de los pueblos y penalice a las empresas trasnacionales por la violación de los derechos humanos. Otra de las actividades realizadas en Bogotá fue un acto de conmemoración y celebración por una década de lucha y acumulado.
La violación a los derechos del pueblo colombiano lleva más de a un siglo. Al inicio de la actividad Danilo Urrea de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe [7], recordó: “ya en la década de 1920 cuando Colombia empieza su inserción en el capitalismo internacional aparecen dos empresas; la United Fruit Company y la Tropical Oil Company, desde esa época se pueden rastrear violaciones a los derechos de los y las trabajadoras, si recordamos la masacre de las bananeras en 1928, tiene una relación directa con las empresas trasnacionales”.
La United Fruit Company, mencionada por Urrea, es actualmente Chiquita Brands, una empresa trasnacional que fue sentenciada, el 10 de junio, a pagar una multa millonaria por apoyar con armas e infraestructura a grupos paramilitares desde 1997 a 2004.
Escucha la exposición completa de Danilo Urrea aquí:
Jenny Ortiz, del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) [8], Programa por la Paz, presentó tres líneas de trabajo para la articulación. La primera; seguir construyendo capacidad organizativa y de movimiento, las segunda; empezar a construir iniciativas de carácter vinculante (obligatorias) con la creación de un Comité Nacional de Impulso de la Campaña Nacional, la tercera y última; sensibilizar a la opinión pública y la sociedad en general, que esto no sea una cuestión técnica ni regional, que sea popular y nacional.
Escucha la exposición completa de Jenny Ortiz aquí:
Luego de la apertura de Urrea y Ortiz, se realizó un panel sobre regulación empresarial integrado por Iván González de la Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas [9], Pablo Fajardo de la Unión de Afectados/as por Chevron, ex Texaco (UDAPT) – Amigos de la Tierra Ecuador [10], y Viviana Tacha del Centro Socio jurídico para la defensa territorial – Siembra [11].
González destacó que la lucha es histórica porque “las empresas son parte de un proyecto de dominación, son la expresión del poder colonial en diferentes momentos”, además repasó los diferentes mecanismos e instrumentos que se desarrollaron a partir de los años 70 y realizó un análisis de por qué los mecanismos voluntarios no son suficientes, sino que por el contrario son parte de la arquitectura de la impunidad.
Escucha la exposición completa de Iván González aquí:
Pablo Fajardo, de la UDAPT- Amigos de la Tierra Ecuador, hablo sobre el caso Chevron Corporation en la Amazonia Norte de Ecuador [12]. “El daño que ocasionó Chevron fue intencional, no es parte de una ruptura o un siniestro” confirmó Fajardo, es por eso que la petrolera tiene una sentencia en contra y fue obligada a pagar una millonaria reparación, que hasta el momento no pagó.
En palabras de Fajardo, Chevron planificó y llevó a cabo “un plan para atacar los cimientos del Estado ecuatoriano y así restar credibilidad y dejar sin validez las sentencias nacionales”. Esto implica incidir en organismos internacionales para negar préstamos a Ecuador, vincular a los gobiernos con grupos criminales, y presentar arbitrajes internacionales de inversiones para someter al Estado.
Escucha la exposición completa de Pablo Fajardo aquí:
Viviana Tacha presentó un conjunto de reflexiones surgidas en el proceso de articulación nacional. El Tratado Vinculante es un “horizonte político y normativo” dijo, porque tiene carácter obligatorio, la cuestión es ¿Cómo adaptar ese instrumento internacional al plano nacional?, para eso informó sobre una publicación de SIEMBRA: Los derechos humanos primero, 5 elementos para un tratado vinculante eficaz para Colombia [13]. Los puntos centrales del contenido del proyecto de ley son la obligatoriedad, las comunidades y afectados/as como centro y el carácter trasnacional de las empresas. Por ultimo resaltó las claves del contexto nacional que habilitan la presentación de un proyecto de ley nacional.
Escucha la exposición completa de Viviana Tacha aquí:
De abajo hacia arriba
La última actividad fue una audiencia pública que se realizó el 7 de junio en el Congreso de la República de Colombia bajo el nombre: “Marcos regulatorios en derechos humanos para la empresa trasnacional, del Tratado Vinculante en ONU a una ley nacional sobre derechos humanos y empresas”. La audiencia fue convocada por el parlamentario Alirio Uribe, con la compañía de la diputada uruguaya Lilian Galán. Ambos congresistas son integrantes de la Red Interparlamentaria por un Tratado Vinculante, conocida como GIN.
En la apertura de la audiencia Uribe mencionó el caso de la empresa Chiquita Brands International , como un claro ejemplo de la violación de derechos humanos por parte de empresas trasnacionales.
Luego de la presentación a cargo de los congresistas, se leyó e hizo pública por primera vez la “declaración de la Campaña Nacional para frenar un siglo de impunidad” que se construyó colectivamente en los días previos y se dio paso a participación del movimiento social y representantes institucionales.
La audiencia completa con la participación de organizaciones territoriales, campesinas, indígenas, sindicales y representantes de ministerios públicos, consejerías de derechos humanos e instituciones gubernamentales se puede ver aquí:
- Organizado por Centro Socio jurídico para a defensa territorial – Siembra, Asociación MINGA, Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe, CENSAT Amigos de la Tierra Colombia, Centro de información sobre empresas y derechos humanos – CINEP, Colectivo de abogados/as José Alvear Restrepo – CAJAR, comisión colombiana de Juristas, Fundación Heinrich Boll y la plataforma colombiana de derechos humanos, democracia y desarrollo. ↩︎ [17]