Decenas de representantes de organizaciones y movimientos sociales brasileños, y de diversos territorios del país, se encontraron en la capital Brasilia para debatir sobre las políticas de clima y la financiarización de la naturaleza.
Fue en el marco del encuentro que marcó los diez años de actuación del Grupo Carta de Belem [1], del 10 al 12 de abril. Algunos comentaron la actual coyuntura y los impactos en los territorios donde viven y resisten.
El contexto político brasileño se modificó rápidamente en los últimos cuatro años. El país pasó de un gobierno que garantizaba los derechos conquistados en la Constitución de 1988 y que, así, buscaba la reducción de las desigualdades socioeconómicas y la ampliación de derechos, a un vice presidente golpista que tomó el poder via un golpe parlamentario, iniciando el desmantelamiento y la privatización del país.
Aun cuando la postura del gobierno anterior fuese cercana a las exigencias del mercado, de conciliación y de “garantía de la gobernabilidad”, especialmente en relación a infraestructuras y extractivismo, actualmente la situación se agravó, ya que los brasileños están bajo el gobierno de un grupo con tendencias y discursos fascistas, con un accionar económico ultraliberal y con una postura explícitamente antidemocrática.
De esta manera, movimientos sociales y comunidades tradicionales, entre otros grupos, son criminalizados y perseguidos.
El dirigente Luiz Zarref, del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) [2], se refirió al aumento de la violencia en diálogo con Radio Mundo Real en Brasilia.
En tanto, el activista Fernando Campos, de Amigos de la Tierra Brasil [3], habló sobre la extinción de los espacios de participación social.
Por su parte, Eliete Paraguassu, del Movimiento Nacional de Pescadores y Pescadoras Artesanales, explicó la resistencia de las comunidades quilombolas a la exploración de petróleo.
Otra integrante del Movimiento Nacional de Pescadores y Pescadoras Artesanales, Josana Pinto, se refirió a que las mujeres han sido las más afectadas por los proyectos petroleros.
A su turno, Adriana Dantas, del Movimiento de Afectados por Represas [4] (MAB, por sus siglas en portugués), habló del asesinato el 22 de marzo de la dirigente de ese movimiento Dilma Ferreira.
Finalmente, Paulo Sérgio da Silva, de la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil [5] (APIB), comentó sobre la situación de las comunidades originarias.
Además de estos relatos, la seguridad social pública está amenazada y hay una gran presión del capital extranjero para que el Congreso brasileño apruebe una reforma que perjudica a la clase trabajadora. Las inversiones en salud y educación fueron congeladas por 20 años. Las investigaciones científicas en el país son desvalorizadas y los recursos ya fueron cortados. Hay un enorme desmantelamiento de los órganos de fiscalización y de licenciamiento ambiental, sector que vive el mayor ataque institucional en los últimos 30 años. En el área de seguridad pública, el Ministerio de Justicia busca aprobar un paquete que permite la llamada “licencia para matar”, con el cual la policía no precisará responder por las muertes ocurridas “en enfrentamiento”. Un escenario que acentúa la violencia policial y estatal contra la clase trabajadora más pobre, constituida, en su mayoría, por personas negras.
Hay también un lobby por parte de la industria armamentista, de sectores del Congreso y de la propia Presidencia para que la tenencia de armas sea liberada en Brasil. En el contexto de una sociedad afectada por el odio, estimulado por el propio Gobierno, los ataques a los grupos minoritarios se acentuaron, con altos índices de feminicidio, casos de LGBT fobia y racismo.
* Por Gabrielle de Paula, de Amigos de la Tierra Brasil, para Radio Mundo Real.