Tras la decisión del presidente guatemalteco Jimmy Morales de echar a los investigadores que integran la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) , se reanudó la movilización social contra lo que las organizaciones llaman “Pacto de Corruptos”, en referencia al acuerdo entre Morales y grupos empresarios nacionales e internacionales para entregar los territorios para desarrollar proyectos extractivistas.
En 2018 hubo varias marchas bajo la consigna “No al Moralazo” [1], especialmente en el mes de septiembre. La prensa y el activismo local denuncian que Morales sostiene un golpe a la institucionalidad, reprimiendo y criminalizando a los movimientos sociales y expulsando del país a quienes investigan y denuncian la corrupción que reina desde hace años.
La periodista independiente, activista indígena k’iché y responsable de Festivales Solidarios, Lucía Ixchíu, recordó en Radio Mundo Real cómo los movimientos sociales luchan desde hace años para denunciar la corrupción estatal y cómo se llegó al conflicto actual.
El 7 de enero, el presidente Jimmy Morales anunció su decisión ilegal y contraria a los principios de derecho internacional de romper unilateralmente el convenio con las Naciones Unidas por el que se estableció la CICIG cuyo mandato finaliza en septiembre de este año. Esta decisión ha sido enérgicamente rechazada por el Secretario General de las Naciones Unidas António Guterres, mientras que la Corte de Constitucionalidad guatemalteca (CC) anunció el 9 de enero su decisión de otorgar un amparo provisional que establece la suspensión de esta decisión e instruye al Estado guatemalteco a garantizar el funcionamiento de la CICIG.
Desde la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH [2]) opinaron que romper el convenio con Naciones Unidas y pretender desmantelar la CICIG “implica la profundización del golpe a la institucionalidad democrática y al Estado de Derecho en Guatemala al constituir el enésimo acto de desobediencia en los últimos días por parte del gobierno a las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, máximo órgano constitucional en el país”.
La Federación dijo que era muy grave la detención ilegal entre los días 5 y 6 de enero del investigador de la CICIG, el Sr. Yilen Osorio, en el Aeropuerto de la Ciudad de Guatemala por parte de funcionarios de migración y de la Policía Nacional Civil, bajo órdenes de la Ministra de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Gobernación y el propio Presidente de la República, “todo ello en flagrante desobediencia de la CC que había dado un plazo de 12 horas al gobierno para extender visas y permitir el ingreso de 11 investigadores de la CICIG incluyendo el Sr. Osorio”, dice el comunicado del organismo.
La Federación también alerta sobre los comentarios amenazantes contra la sociedad civil que hizo Morales el 7 de enero en conferencia de prensa, criminalizando las organizaciones que lo critican. El presidente ordenó “que se proceda a hacer las denuncias pertinentes ante las autoridades nacionales contra las personas individuales y autoridades que participaron en actos violatorios de nuestras leyes incluyendo prevaricato, abuso de autoridad, actos en contra de la Constitución, órdenes ilegales y sedición”.
«La impunidad que está generando en Guatemala va de la mano de los proyectos extractivistas (minería, hidroeléctricas y monocultivos) que se pretenden instalar en territorios indígenas desde la firma de los Acuerdos de Paz. En los últimos años se pudo probar el nivel de impunidad e ilegalidad con la que operan estas empresas transnacionales en nuestro país», señaló Ixchíu.
Las consecuencias de dejar a Guatemala sin investigadores imparciales sobre diversos actos de corrupción repercute por estas horas en que no se realice un juicio previsto contra el hijo y el hermano del presidente [3]Jimmy Morales [3].
Este miércoles 9 estaba programada la continuidad del debate en contra de José Manuel y Samuel Morales (hijo y hermano del presidente) por su implicación en el desfalco del Registro de la Propiedad, informó Prensa Comunitaria. Al dejar sin efecto el convenio con la CICIG, la abogada de esta comisión en el caso contra los Morales no puede presentarse en las audiencias, lo que ha frenado el juicio contra Manuel y Samuel, a quienes se acusa de haber sustraído más de 200 mil quetzales del Registro de la Propiedad, simulando prestación de servicios con facturas falsas.