¡Aguas libres, pueblos libres! se llamó la actividad que, del 1 al 3 de marzo, aglutinó a cientos de personas en La Esperanza, departamento de Intibucá (Honduras) para recordar a Berta Cáceres, cuando se cumplieron cuatro años del femicidio político contra la defensora del pueblo lenca.
Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016 en su hogar. Su figura sigue siendo una referencia ineludible en las luchas por la justicia social, ambiental y feminista que lleva adelante el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).
Bertha Zuniga, coordinadora del COPINH, detalla en este reporte especial para Radio Mundo Real qué trabajos están desarrollando actualmente en el Consejo Cívico, cuyas acciones tendrán especial hincapié en la fundación de un movimiento nacional por la defensa del agua, ante las amenazas que este bien común sufre por las políticas privatizadoras del gobierno de Juan Orlando Hernández.
Los proyectos hidroeléctricos, como el de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) al que se enfrentó Cáceres, «tienen leyes a favor -denunció Zuniga-, como parte de la reafirmación del Estado de Honduras de darle la estabilidad necesaria».
Actualmente se debate una ley para reglamentar las Consultas Previas, Libres e Informada, contenidas en el Convenio 169 de la OIT, pero Zuniga criticó la forma en que se está haciendo porque entiende que se hará de forma tal que «lo que digan los pueblos no tendrá validez».
Entre las proyecciones del COPINH se destacan la defensa del agua, del territorio y de la naturaleza; trabajar la articulación de los movimientos en Honduras, la formación que garantice y consolide los procesos de luchas de COPINH y ampliar la participación de las mujeres, dijo la coordinadora.
JUSTICIA INTEGRAL
En este informe también participa el abogado Rodil Vázquez, miembro del equipo legal de COPINH, quien repasa el estado de la causa Berta Cáceres, donde hay siete hombres condenados como autores materiales y sigue vigente el pedido de juzgar a los autores materiales, identificados entre socios, directivos y dueños de la empresa DESA, que pertenecen principalmente a la poderosa familia Atala Zablah.
Desde la representación legal del COPINH y de la familia Cáceres piden que quede firme el reconocimiento que hizo el Tribunal de Sentencias en el juicio de que «los directivos y socios de DESA estaban conscientes [de las amenazas a Berta Cáceres] y consintieron toda la política de DESA respecto a perseguir, a reprimir, a criminalizar y asesinar a Bertita como una política institucional de Desarrollos Energéticos S.A.«. De esa manera se podría establecer el vínculo de participación a nivel de autoría intelectual por parte de la familia Atala.
Esto hay que relacionarlo con la causa de David Castillo, presidente ejecutivo de DESA, el único acusado como autor intelectual hasta ahora. Según Vázquez, Castillo es el único autor intelectual acusado porque es el único ajeno a la familia Atala Zablah.
Hasta que no se juzgue a los autores intelectuales del crimen contra Cáceres no se podrá lograr algo cercano a la justicia integral contra defensoras y defensores de los pueblos que se enfrentan a proyectos extractivistas.